Cuando algún pilar del status quo neoliberal se encuentra en medio del debate, las fuerzas del duopolio administrador del modelo no tardan en sellar acuerdos bajo cuerda para su defensa.

La imagen de las manos tomadas con ocasión de la promulgación de la LGE, el año 2007, entre la otrora Concertación y Alianza por Chile tiene, cada cierto tiempo, réplicas de menor o mayor intensidad. Pero ahora sin fotografías ni flashes.

Los acuerdos para sacar adelante el proyecto de Nueva Educación Pública -más conocido como desmunicipalización-, que hace algunos días se hicieron públicos, son el fiel reflejo de que cuando se trata de perpetuar visiones economicistas, privatizadoras y que profundicen un Estado subsidiario, no hay vereda o color político que valga.

No es sorpresa que un integrante de la Nueva Mayoría, haya sido sorprendido con dicho acuerdo de cocina. La declaración de la bancada de diputados del Partido Comunista e Independientes del pasado 21 de julio, demuestra que este hecho sobrepasa cualquier alcance ético.

Quienes defienden el proyecto dentro del Colegio de Profesores, y que antes de la consulta nacional llamaban a “desmunicipalizar a toda costa”, hoy reclaman que no se está cumpliendo con el mínimo de los acuerdos y que, por tanto, las indicaciones que ingresarán a la comisión de educación del senado, tendrán un resultado muy distinto al acordado.

Lo triste es que aquellos que hoy se alborotan, no logran comprender que precisamente ese es el modus operandi​ de la coalición a la que pertenecen. Doblemente triste resulta entonces que, cuando esa crítica a la Nueva Mayoría y sus reformas puertas adentro la encuentran en boca del profesorado de base, no demoran en caricaturizarla, subestimando la capacidad reflexiva y analítica de quienes dicen representar.

Con este cuadro, ya no es necesario reiterar la docena de razones por las que los docentes y actores de la educación rechazamos este proyecto, que termina por sepultar los vestigios de “lo público” que aún conserva nuestra escuela.

Resulta necesario develar que este proceso de desmantelamiento de lo público, es parte de un diseño que sobrepasa el gobierno de turno: se trata de una lógica intrínseca del régimen político-económico. Y eso no se cambia con indicaciones más o indicaciones menos.

Responde, más bien, a una forma de concebir la política: un día se aceptan las consideraciones que sobre el proyecto de ley adopta la Cámara de Diputados, y días después las ignoran en pos de “un acuerdo transversal” para que el proyecto salga adelante.

Esta lógica es una forma de proceder propia de las cúpulas partidarias, hipocresía que estudiantes y trabajadores de la educación venimos denunciando desde hace mucho, y que no es otra que consolidar intereses de clase con acuerdos a espaldas de los actores sociales.

Avanzar sin la participación de los verdaderos involucrados y afectados en cada una de las reformas, parece ser la verdadera ley. Y esto, no nos equivoquemos, no es una enfermedad estacional, es parte esencial de su ADN, misma genética que algunos incautos pertenecientes a la Nueva Mayoría quieren ignorar.

De ahí que nosotros, que no compartimos la “derechización” del proyecto con las nuevas indicaciones, nos diferenciamos de la postura de los oportunistas “escandalizados”, pues ni esta versión, ni la anterior, recogen las verdaderas soluciones a los problemas que hoy padece la Educación Pública.

Ese proyecto avanza avalando la perversa lógica de hacer pagar a los trabajadores por las “irresponsabilidades de gobiernos anteriores”, sin hacerse cargo, por ejemplo, del desfalco de muchas alcaldías respecto a las deudas con sus docentes.

Si estos sectores lo que desean es “reestructurar la Educación Pública” y se vanaglorian por ello, entonces deben aceptar que se está ocupando una política que va más allá de un gobierno, se trata, se quiera o no, de un tema de Estado. Y de ser así, la conclusión es obvia: deben hacerse cargo de todo el problema que ello conlleva, desde los orígenes de la educación de mercado.

La solución frente a tanta ambigüedad, frente a tan poca claridad, es hacerse conscientes de que una de las dimensiones fundamentales de la sociedad está en peligro: La Educación Pública, la encargada de educar a las mujeres y hombres que transformarán nuestra sociedad, está siendo atacada sin reparos.

Deben ser entonces, los propios actores de la Educación, los que se agrupen para su defensa y reconstrucción. Y aunque esta es una tarea de todas/os, al profesorado nos cabe una responsabilidad inmediata e ineludible.

En este sentido, urge constituir un polo, una mesa coordinativa o como se quiera denominar, en donde estemos todas y todos los actores de la educación y el mundo del trabajo, y que sea capaz de pensar y reconstruir la Educación Pública que Chile merece.

Eduardo González, Dirigente Nacional Colegio de Profesores.

Andrés Arce, Dirigente Comunal Valparaíso Colegio de Profesores.

Valeria Águila, Dirigente Comunal Puerto Montt Colegio de Profesores