Se esperaba que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumiera con polémica sus funciones el día de ayer. Había expectativa y marchas opositoras. Todo comenzó con el nombramiento de la ex canciller Delcy Rodríguez como la presidenta de la Asamblea.

Los más polémico, sin embargo, vendría después. El resistido asambleísta Diosdado Cabello -uno de los hombres más poderosos en el chavismo- promovió una moción de que la primera decisión de la ANC sea la destitución de la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, la que fue aprobada por unanimidad.

Díaz fue muy cercana a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana. Este año, sin embargo, dio un giro tras la decisión provisoria del Tribunal Supremo de Justicia de suspender de sus funciones a la Asamblea Nacional. Después de eso, pasó a denunciar directamente al gobierno de Maduro como “dictatorial” y pasó de ser aliada a enemiga número 1 del gobierno. Su pasado chavista eran sus credenciales de legitimidad ante la población y la comunidad internacional.

Esta mañana, Ortega Díaz denunció a través de Twitter que oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana asediaron el edificio del Ministerio Público.

Ortega fue obligada a retirarse de la sede unos minutos antes de que se oficializara su destitución. Abandonó la sede en una motocicleta y hasta el momento no se ha pronunciado respecto de la polémica decisión de la ANC.

Esto viene solo un día después que la propia Ortega anunciara una investigación por presunto fraude electoral en los comicios del domingo pasado donde se elegieron a los 535 asambleístas. Como la oposición de restó de participar, el chavismo domina sin contrapeso la asamblea.

Y ayer mismo, ante el temor de represalias contra la ahora ex fiscal Ortega, la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que dictó medidas cautelares de protección para Luisa Ortega Díaz por un “riesgo inminente de daño irreparable”.

En su lugar, la Asamblea Constituyente nombró como fiscal general al defensor del Pueblo, Tarek William Saab.