Una nueva causa investigada por Contraloría vuelve a poner en jaque al Ejército donde se advierte de pagos a diversas empresas por cerca de US$12 millones sin documentación de respaldo.

La causa fue reabierta por el Ministerio Público para pesquizas la existencia de eventuales ilícitos y recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, según reveló La Tercera.

Según el informe del Organismo Contralor, “se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., FAMAE, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH, y Servicios de Abastecimiento y Mantención -empresa ubicada en la Zona Franca y utilizada por la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A.-, por un total de US$ 12.762.427”. Y se agrega que dichas facturas carecen “de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado”.

Debido a esto, la Contraloría advirtió que “finalmente, y sin perjuicio de que el Ejército en esta ocasión adjunte la documentación que fue requerida para autorizar los pagos de los compromisos adquiridos, y que no estuvo adjunta en el expediente de rendición de cuentas, lo objetado da cuenta de la falta de control y rigurosidad al momento de que esa entidad solicita autorizar el pago a los proveedores, sin que se acompañen los antecedentes solicitados en las cláusulas contractuales“. Añadió que la institución “deberá en lo sucesivo acompañar a sus rendiciones la totalidad de los antecedentes que den cuenta de las compras y recepción de las adquisiciones que acrediten los desembolsos”.

En respuesta, el Ejército explicó que “las observaciones establecidas por la Contraloría son hechos acontecidos el año 2014 y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente contralor”.

La institución castrense afirmó que “actualmente” se encuentran en proceso dos investigaciones sumarias administrativas por parte del ejército, con el fin de “determinar responsabilidades en cuanto a fallas en los procesos de control de adquisiciones y pago bienes y servicios”.