Juan Jorge Faundes, académico de la Universidad Católica de Temuco y especialista en conflictos y derechos de los pueblos indígenas fue uno de los protagonistas de una de las causas más recordadas el pueblo mapuche.

Corría el año 2008 y la machi Francisca Linconao, autoridad ancestral en el sector de Rahue, denunció a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos. El caso, llevado por Faundes, representó la primera vez que la justicia fallara contra el Estado de Chile por la no aplicación del convenio 169 de la OIT a la que el país suscribe.

El fallo marcó un hito para los derechos de los pueblos indígenas. “Hace una lectura que armoniza las demandas ambientales, con las demandas indígenas, reconoce derechos colectivos, reconoce derechos intangibles en el ámbito espiritual de los pueblos indígenas, reconoce derechos territoriales en un espacio que no es de ‘propiedad privada’ indígena”, dice Faundes.

Para el abogado, “fue muy potente el reconocer que hay un otro, que hay un pueblo que tiene autoridades tradicionales, las machi, que requieren una relación con el espacio que es cosmogónico, que tiene que ver con el ‘cuidador del agua’ que son los Ngen, todo lo cual es de extrema relevancia, y todo ello lo encuadra en los derechos que la Constitución chilena reconoce”.

Pero algo cambió después de esa sentencia. La propia machi Francisca Linconao sitúa ese fallo como el inicio de los acontecimientos que la tienen hoy en arresto domiciliario, después de más de un año esperando el juicio por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. “Pienso que aquí existe persecución y que están detrás los Taladriz y todos los ricos de acá. A ellos les dolió cuando gané en la Suprema ese juicio para proteger los lawen (remedios naturales) del huincul (cerro). Yo después reclamé esa tierra en Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) y nos dieron la aplicabilidad. Hoy están todos en contra de mi persona”, dijo en una ocasión en referencia a la poderosa familia Taladriz.

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Faundes lo reconoce: “Fue un fallo extraordinario (por el 169), después de esa sentencia ‘ha pasado mucha agua bajo el río'”

– ¿Cuál es su postura frente al actual caso de la machi Francisca Linconao?
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Tengo la convicción que la machi Francisca Linconao es inocente, la conozco personalmente, ella ha tenido una vida de lucha por sus derechos institucionalmente, fuimos el primer caso en que se invocó y acogió la aplicación del convenio 169 de la OIT. Usamos esta vía judicial estatal porque ella creía en el Estado, no todos los mapuche creen en el Estado.

– ¿Y lo sigue haciendo hoy?
– Ella creía en el Estado, en el Poder Judicial y tiendo a pensar a que aún tiene la esperanza, que los jueces van a ser justos ‘porque es propio de los jueces ser justos’, se lo escuché a ella. Por lo tanto, en un caso donde ella reclama por sus derechos, ella espera una solución justa. Desde la misma perspectiva no logra comprender por qué le pasa lo que le está pasando, cuando lo único que hizo fue luchar contra las herramientas del Estado, por medio de recursos judiciales, dando la cara, esa ha sido su forma de actuar. Ella ha sido una víctima de los prejuicios, una víctima más de acciones violentas deplorables. Ella ha sufrido las consecuencias de aquellas formas de violencia que no son admisibles en una sociedad democrática. Por muy injusta que sea la constitución del Estado chileno sobre el Wallmapu, no es propio de la democracia reivindicar derechos sobre la base del crimen de otras personas.

Estoy convencido que la machi Francisca Linconao está de acuerdo conmigo en esto, que no vamos a poder construir una sociedad democrática sobre la base del crimen, ella cree en un ‘Estado justo’ y yo esperaría a que ese Estado le dé a ella el “trato justo” que reclama y que ha estado bastante ausente en los últimos años.

– ¿Considera que actualmente existe una violación a los derechos humanos del pueblo mapuche?
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Es complejo hablar de los derechos humanos del Pueblo Mapuche, porque es un colectivo, pero sí puedo decir que hay una situación general, con una diversidad de casos distintos, por causas diferentes, variedad de demandas y derechos diversos, con cuales ha habido múltiples afectaciones a los derechos humanos de personas, comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche. Eso lo puedo decir tanto en temas asociados a territorio, vinculado a temas de consulta indígena, de utilización de recursos naturales y también en materia procesal, en los casos en que personas indígenas han sido enjuiciadas o perseguidas penalmente a la luz de hechos asociados a demandas territoriales. Pero la respuesta a tu pregunta, debería ser un sí, con la precisión que las violaciones siempre son a personas, a comunidades y en su conjunto, a un Pueblo.

– Desde su posición de abogado, ¿cree que los organismos o entidades internacionales han prestado más atención a estos casos?
– Para todo esto hay que distinguir la materia, Chile también ha avanzado en muchos temas de derechos humanos y los informes internacionales asociados al Estado de Chile dan cuenta de una serie de avances legislativos, no estamos peor que Argentina, por ejemplo. Sin embargo, todos estos informes internacionales muestran una serie de deficiencias que subsisten en el caso chileno en materia de reparación de la deuda histórica, especialmente en materia de proyectos de inversión en territorios indígenas y otros temas más. Desde esa perspectiva, yo no me atrevería a decir que hay una mayor preocupación, lo que ocurre es que los derechos indígenas en Chile están amparados en instrumentos internacionales, por decisión chilena de ratificar o subscribir esos documentos: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos, que por medio de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos se han hecho cargo de casos indígenas y el respeto de sus derechos.

– ¿Qué piensa del término “conflicto mapuche”?
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Me parece que en Chile vivimos una relación desde la perspectiva intercultural que es conflictiva, hay gente que sin pensarlo mucho dice el “mal llamado conflicto”, pero no creo que sea incorrecto hablar de conflicto, inclusive cuando se dice “el conflicto del pueblo mapuche”, o el “conflicto mapuche”. Quizás sea un afirmación parcial, por lo que habría que decir “el conflicto mapuche con el Estado” o con el “Estado y la sociedad chilena”, una suerte de disputa a tres bandos, En ese sentido, en mi opinión, se trata de un conflicto intercultural. La demanda es por ese “espacio ocupado”, que tomó el Estado cuando “pacificó” la Araucanía, y entregó el territorio Mapuche, el Wallmapu a manos colonas, otra parte la dejó como patrimonio fiscal, y solo le dejó el 10% o 5%, 500.000 hectáreas aprox., como lo ha documentado Bengoa. Fue una entrega discrecional, desordenada, un proceso de asignación que no respetó los códigos de la época. Además llamó al Pueblo Mapuche “Araucano”, lo denominó de otra manera, lo desconsideró de tal forma que lo llamó por aquel que no era su nombre, ocupó las tierras como que fueran de nadie, cuando había un dueño.

El Estado chileno así se instala, se instituye en el Wallmapu o territorio Mapuche y esa ocupación no fue solo cultural y política, fue militar: ocupó el nombre y ocupó el territorio por medio de la violencia institucionalizada. Hay suficientes crónicas y relatos de la época que dan cuenta de cómo se quemaron las casas, violaron mujeres, etc., y luego el Estado se encargó de construir otro Estado en esas mismas tierras con una lógica liberal del Estado-nación europeo latino-americanizado. A ese proceso se le conoce como la segunda invasión, porque la primera fue aquella de la Colonia y la tercera invasión ocurre cuando el Estado liberal o neoliberal en la década de los 80’, en la década del 70’, promueve, en términos desastrosos ambientalmente, la expansión forestal y  la expansión de las empresas hidroeléctricas, entre otras, que operan en el territorio indígena. Hoy se siguen viendo los territorios indígenas como espacios “no ocupados” ya que, en términos neoliberales, todo espacio no ocupado productivamente, según sus propios conceptos, se convierte en “desocupado”, por tanto un bien comerciable o “mercancía”.

Respecto de esta idea de la “Tercera invasión”: cuando yo invado, cuando yo ocupo aquello que tiene dueño, genero un conflicto. La relación del Pueblo Mapuche con el Estado de Chile es conflictiva, pero no por ello necesariamente violenta. Los caminos para abordar esa relación, deben partir de la base que aquí hay una relación conflictiva, que puede tener espacios de articulación, que puede tener caminos de paz o de construcción intercultural; o bien, caminos que puedan seguir siendo conflictivos, pero, sin duda, si no admitimos que hay un conflicto de base, difícilmente vamos hacer una construcción social sólida.

– ¿Cómo se puede dar esa construcción?
– No digo que esa construcción debiese ser armónica, la armonía es una utopía, la democracia y la interculturalidad también, pero es una utopía sana, que me dice que “hay un horizonte interculturalmente democrático”, que cada vez que me acerco se me aleja un poco, porque van surgiendo nuevos fenómenos de falta de inclusión, de profundización democrática, de reconocimiento de las formas culturales indígenas, del derecho propio, que no siempre se visualizan, pero están ahí.

Pero prefiero partir del presupuesto del conflicto, de un horizonte utópico, que asumir que vivimos en un país liberal, donde el imperio del derecho radica en el principio de la igualdad, y el estado de derecho opera como ejecutor de una igualdad que parte de un presupuesto falso.

*Esta entrevista fue realizada en el marco de la investigación en curso “el caso de la machi Francisca Linconao a través de la prensa” (Máster en Estudios Americanos. Universidad de Sevilla, 2017)