Paulina Soto ya no quiere ser carabinero. Lleva dos años fuera de la institución y aún se encuentra batallando con sus antiguos empleadores, quienes la despidieron en pleno embarazo, sin respetar su fuero maternal y sin ningún tipo de indemnización.

Tuvo que endeudarse para pagar los costos de su parto y hoy le reclama a Carabineros de Chile el pago de los dineros que le adeuda y el respeto a las mujeres dentro de la institución. Su caso, tal como el de Andrea Neira, denunciado por Camila Vallejo en la Cámara de Diputados, da cuenta de cómo, a través de la Comisión Médica, Carabineros desvincula a mujeres embarazadas.

A Paulina le notificaron en septiembre de 2014 que sería dada de baja después de tres años de servicio. La resolución Nº482 da cuenta de que la Comisión Médica de la institución estableció que padecía un “Trastorno de personalidad, afección de origen natural, de pronóstico incurable y no invalidante, que la imposibilita para el servicio”.

En el documento se definió que se le concederían seis meses de inamovilidad y así su contrato con la institución se extendería hasta el 16 de marzo de 2015. Pero durante ese período, en diciembre de 2014, la joven que hoy tiene 27 años se enteró de que estaba embarazada e hizo saber de su condición a sus superiores. Les solicitó además que no se efectuara su baja, ya que se encontraba amparada por el fuero maternal que establece el Instructivo de Normas de Protección a la Maternidad de Carabineros.

Sin embargo, la desvinculación se llevó a cabo de todos modos, y Paulina incluso tuvo que costear los gastos de su embarazo sin apoyo de la institución. “Me siento muy decepcionada de Carabineros, nunca pensé que a uno le iban a dar la espalda. Me siento decepcionada también de los organismos públicos de este país, porque fui hasta a la Contraloría y me dio la misma respuesta que Carabineros”, relata.

Hostigamientos de su superior

Las complicaciones empezaron a principios de 2013: Paulina inició sus servicios en la 11º Comisaría de Lo Espejo y al poco tiempo, comenzó a emitir una serie de licencias por depresión que la alejaron de sus labores por varios meses.

La situación disgustó a su superior y provocó un fuerte hostigamiento de su parte. Según cuenta, le encomendaba labores que hacían que su jornada se extendiera por muchas más horas de las que correspondían, e incluso la amenazó en reiteradas ocasiones con darla de baja de la institución, lo que agudizó su depresión y que las licencias se extendieran.

A pesar de que en varias ocasiones pidió su traslado, finalmente, en septiembre de 2014 se le anunció su salida de la institución basada en el diagnóstico de “Trastorno de Personalidad” de la Comisión Médica de Carabineros. Esta instancia es un organismo autónomo integrado por los jefes de áreas como Traumatología y Psiquiatría del Hospital de Carabineros y los Servicios de Sanidad de la institución, y en este caso tuvieron solo un encuentro con la joven antes de emitir su evaluación.

Paulina había sido tratada por un psiquiatra del Hospital del Carabinero, que también la diagnosticó con depresión, pero el médico no fue incluido en dicha comisión. Ella señala que en esta instancia “están acostumbrados a cambiar diagnósticos” y cree que se utiliza para desvincular casos problemáticos.

“Yo entré sana a la institución, ellos dicen que el trastorno de personalidad es ‘de causa natural’, pero es bastante sospechoso, porque si fuera así deberían haberlo identificado cuando yo entré a Carabineros”, agrega.

Doble falta de Carabineros

“Lo que nosotros estamos reclamando no es la baja –que sí fue irregular–, sino que es que Carabineros respete el procedimiento que ellos mismos se obligaron a cumplir respecto del fuero maternal“, explica Maynes Ziller, abogada de Paulina Soto.

El instructivo de la institución establece que el derecho a fuero maternal consiste en la “prohibición de despido a menos que concurra una causa legal para ello, con previa autorización del juez competente“. Entre esas excepciones se encuentran faltas a la probidad y a las normas de Carabineros, que de igual modo deben estar avaladas por un juez laboral.

El texto además establece que “cuando por ignorancia del estado de embarazo, adopción o del cuidado personal o tuición de un menor, se hubiese dispuesto el término del contrato del o la dependiente que goza del fuero maternal, sin haber requerido la autorización previa que exige la ley, procederá su reincorporación“.

Como en el caso de Paulina se transgredieron ambas normas –ya que su desvinculación no se consultó a un juez laboral y cuando se informó de su condición igual no fue reintegrada–, Ziller acusa que Carabineros cometió una “doble falta”.

Además, al finalizar su vínculo con la institución, los superiores de Paulina le solicitaron una serie de documentos que acreditaran su embarazo para que pudiera acceder a servicios de salud a través de Dipreca. Sin embargo, como su contrato había finalizado y ya no imponía con esa institución, la entidad no le otorgó la protección correspondiente y la joven tuvo que solicitar una serie de créditos para costear su embarazo y parto.

Indiferencia institucional

Paulina apeló en reiteradas ocasiones ante la transgresión de su fuero maternal. Luego del fin de su contrato, solicitó una audiencia con la presidenta Michelle Bachelet para presentarle su caso, pero se le derivó con la Subsecretaría de Carabineros del Ministerio del Interior, que en un oficio del 30 de junio de 2015, reiteró que el beneficio “no resulta aplicable en aquellos casos en que la causal de terminación de funciones se encuentra establecida en la ley, como ocurre con la Imposibilidad Física establecida por decisión de la Comisión Médica de Carabineros”.

También recurrió a un pronunciamiento de la Contraloría, que señaló que su desvinculación era materia exclusiva de la Comisión Médica de Carabineros y que la decisión era inapelable, pero no se pronunció sobre el fuero maternal.

Luego de ser apartada, la joven continúo con su tratamiento psicológico y psiquiátrico a través del sistema de salud particular, y sus especialistas emitieron certificados que acreditan que se encuentra apta para trabajar como carabinero.

Su último intento fue a fines de 2016 cuando presentó los documentos ante la Comisión Médica de Carabineros, que optó por mantener su diagnóstico y señaló que no la reevaluarían.

Han pasado dos años desde su baja y Paulina ya no quiere volver a desempeñarse como carabinero, considera que su salida fue injusta. “Fue doloroso. Yo solamente quiero que se me paguen mis remuneraciones que se me adeudan y que de una vez cambie la situación en las instituciones uniformadas”, señala.

De este modo, su abogada explica que la petición es que se le reintegre, se le pague su sueldo desde marzo de 2015 hasta ahora, las cotizaciones previsionales y la correspondiente baja.