Probablemente si el gobierno del presidente Allende no hubiese profundizado la reforma agraria, fortalecido la organización sindical e impulsado un plan económico que implicaba, entre otras cosas, la nacionalización del cobre y la estatización de empresas claves, la contrarrevolución militar y la campaña del terror liderada por El Mercurio no habrían entrado en acción. El punto es que siempre cuando se tocan ciertos intereses las sociedades tienden a desarmarse. Peor cuando dichos intereses remiten a las clases dominantes.

En ese contexto, la situación de Venezuela se ha hecho citable en el lugar donde la sociedad chilena activa el botón de pánico. Bien nos recordaba Jacques Chonchol: “hace cincuenta años la Reforma Agraria era considerada por la casta oligárquica un pecado universal (…) un elemento del comunismo internacional”. Sin embargo, el triunfo de la dictadura fue tan profundo que logró impregnar el sentido común con toda su carga simbólica. “Vea lo que sucede hoy” –nos decía el exministro de Allende-, pues si hace medio siglo se citaba la experiencia cubana para denigrar la vía chilena al socialismo, hoy en ese lugar aparece Venezuela cada vez que el statu quo heredado de la dictadura entra en cuestión.

Promover un proceso de asamblea constituyente, por ejemplo, significaría acercarnos a Venezuela –“¡oportunismo populista!”-, acusan la derecha política y los pseudo expertos que no hacen más que agudizar un sentido común ya instalado. Lo mismo se decía de la promesa programática del gobierno de Michelle Bachelet, esa que, acogiendo las demandas de años de movilización social, venía a remover los pilares del contrato social pinochetista. No es casual entonces que el senador Andrés Zaldívar hace unos días haya vuelto a invocar el viejo discurso de que los cambios deben ser tutelados y realizados dentro del marco institucional.

Y sí, hablamos del chico, el mismo que hace un par de años “cocinó” el acuerdo tributario entre el gobierno y la derecha para luego presentarlo como una política de consenso. Y sí, en la oscuridad de lo no-público, es decir, fuera del marco institucional que convenientemente es desaprobado cada vez que trae consigo el impulso de una alternativa política popular.

Bajo esas reglas del juego los medios hegemónicos hacen la pega. Los periodistas rasgan vestiduras y refuerzan la verdad oficial diciendo: “En la dictadura de Maduro no existe la separación de poderes”. Mientras que la inmunidad del sistema político chileno, su integridad institucional, se reafirma permanentemente bloqueando la voz de la calle; cerrando la cocina desde adentro. Así con la demanda por una asamblea constituyente, así contra el movimiento No+AFP. Pero una mirada atenta tiende a revelar que la verdadera superposición de poderes en Chile no tiene mucho que ver con la “amenaza” populista, sino con las estrechas alianzas entre una clase política cooptada, el poder económico y los medios de comunicación puestos a su servicio.

Venezuela como contraejemplo siempre, puesto que nuestras prácticas de violación a la separación de poderes no dan paso a campañas sistemáticas de desprestigio. Recordemos al ministro Hinzpeter iniciando procedimientos judiciales y cuestionado fallos en público (el caso Saíf Khan o sus múltiples llamados a reforzar la “seguridad pública”); o violando la presunción de inocencia en los medios a través de la falsificación de instrumentos públicos (Caso Bombas). Sin embargo, estos gestos no fueron objeto de una crítica sistemática, a pesar de que la justicia demostró el error del exministro de Piñera.

En otra vereda: los tratos preferenciales a Dávalos y Cía., los perdonazos a partidos políticos o las omisiones en procedimientos a otros políticos que no cumplen sentencias; casos que no son leídos en absoluto como evidencia de una descomposición estructural. Ni hablar de la invalidación cotidiana del poder legislativo mediante el Tribunal Constitucional, cuya composición claramente está cargada a un statu quo instalado en un gobierno no-democrático. Teniendo al TC para dejar todo tal como estaba, podemos dar por seguro que es completamente innecesario disolver el Congreso en caso que este quisiese renunciar a la herencia de la dictadura.

En definitiva, ¿qué sería de la revolución bolivariana si no hubiese tocado la repartición del ingreso petrolero y sus excedentes para combatir la pobreza y la exclusión? ¿Si no hubiese iniciado una política de integración latinoamericana orientada a romper la injerencia de Estados Unidos en la región? ¿O si no hubiese profundizado en la política de expropiación económica? Y todo esto, apoyándose en un proceso sin precedentes de movilización popular y de radical democratización de la sociedad. Probablemente nos estaríamos ahorrando, al menos, la avasallante cruzada de pensamiento único contra el presidente Maduro, dominada por las transnacionales de la información y supuestos intelectuales cuya única estrategia consiste en reforzar etiquetas políticamente correctas para evitar pensar una problemática mucho más compleja.