Cuando en 2011, el Movimiento Estudiantil (que luego sería conocido como Movimiento por la Educación) planteó la demanda de una educación pública, gratuita y de calidad que remeció a la opinión pública, que se discutió en cualquier sobremesa nacional y que llegó a incluirse al programa de gobierno de Michelle Bachelet el 2013, quizás no incluyó un importante punto en la discusión política. Digo “quizás” para referirme humildemente a las claridades políticas del Movimiento, que inició liderazgos como Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric (que luego llegarían al Congreso y conformarían la bancada estudiantil), pero en realidad estoy seguro de la falta de demandar una educación democrática. Llevar la democracia a la Universidad.

Pero los años posteriores al 2011 nos abrieron la oportunidad de desarrollar el objetivo de la democracia, considerando el trabajo de intelectuales como Boaventura de Sousa Santos o Pablo Freire, y hoy tenemos la madurez política para posicionar el punto en la agenda.

Se hace imposible proseguir mi opinión sin antes intentar responder a la pregunta: ¿qué significa una educación democrática? Aquí mi intento: la educación que se plantea democrática es una forma de construcción de comunidad universitaria, un mecanismo de toma de decisiones y un ejercicio que abre las universidades a la legítima disputa política. Es formación de comunidad, de sujeto que se reconoce como tal, ya que incluye a la totalidad de grupos que conviven en la universidad y posibilita una construcción común en base a intereses generales, apartando las nociones gremiales de académicos, estudiantes y funcionarios. Es una toma de decisiones, porque todos aquellos grupos (que ahora son una sola comunidad) se ven representados en las decisiones políticas que dan curso al desarrollo del conocimiento. Participan todos y con igualdad de condiciones.

Finalmente, es una apertura política ya que reconoce que la búsqueda de los intereses generales de la universidad es guiada por una discusión política previa, también en igualdad de condiciones. En definitiva, la educación democrática es una práctica performativa que utiliza el campo de la universidad para desarrollarse por existir una hegemonía universitaria con respecto al resto de la sociedad. Esto se debe al hecho de que “es un espacio público donde el debate y la crítica sobre el largo plazo de las sociedades se puede realizar con menos restricciones que en el resto de la sociedad”, según dice Boaventura de Sousa Santos en “La universidad del Siglo XXI“.

Planteado el concepto de democracia en la educación, podemos hacernos cargo del autoritarismo universitario, el objeto de esta columna. Como autoritarismo podemos entender todas aquellas prácticas políticas llevadas a cabo no solo por decanos, jefes de estudios o rectores, sino que por toda la planta mayor de las instituciones educativas, que no reconoce a la comunidad universitaria en el desarrollo de la universidad y que, por lo mismo, plantea políticas que escasa legitimidad democrática.

Provengo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como estudiantado hemos resentido el autoritarismo. Se nos ha impuesto, de parte de la administración del señor Davor Harasic, protocolos anti movilización, evaluaciones sin consultar a ningún estamento implicado; sumarios por uso de espacios comunes, aumentos de matrícula (desde 2018 subiría el ingreso de nuevos estudiantes en 200 cupos) que son parte de las demandas estudiantiles (siempre hemos querido que se amplíe la matrícula en universidades estatales) pero que se plantean sin ser consignados en el Proyecto de Desarrollo Institucional ni haber resuelto las necesidades de infraestructura que dicho aumento implica. Eso es autoritarismo.

Pero esta opinión no se plantea como una crítica personal. El problema del autoritarismo universitario no se concentra en determinadas personas, sino que provienen del entramado de poder que administran los decanatos, las jefaturas y las rectorías. Son conflictos que nacen de la estructura del poder universitario, de la existencia de relaciones clientelares, decisiones unilaterales y nulo diálogo. Es por eso que la respuesta de la comunidad universitaria debe ser contundente: organización y lucha. Luchar por una educación que libere, una educación abierta, conquistar la triestamentalidad efectiva y la democracia universitaria.


Estudiante de Derecho y consejero estudiantil del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile