Ya han pasado dos años desde que se promulgara la Ley de Inclusión que termina con el copago, el lucro y la selección en el sistema escolar. Sin embargo, la agenda del secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, está tan agitada como si estuviera buscando los votos para su aprobación.

En lugar de tener que convencer parlamentarios, su misión es la de explicar y desmitificar la ley a los sostenedores, contrarrestando lo que él mismo denomina una “campaña partidista y organizada con el objeto de desinformar”.

La campaña la ha visto reflejada en sostenedores que le dicen que rechazan la ley porque el Mineduc nombraría a los directores, abogados que dicen que la ley obliga a traspasar los establecimientos a entidades estatales o el alarmismo mediático en torno a las colas de padres para matricular a sus hijos. “Hemos tenido que salir a muchos lugares a explicar que en realidad son los padres los que eligen y no el Estado, y que las colas no son parte del nuevo sistema de admisión, como lo dice El Mercurio”, asegura Palma.

A pesar de esto, señala que en el plano político incluso parlamentarios de Chile Vamos le han ofrecido su ayuda para dialogar con los sostenedores y que un ex ministro de Sebastián Piñera le dijo que la Ley de Inclusión “era lo que había que hacer”.

Para Palma, hoy la prioridad está en convencer a los establecimientos que han decidido dejar el sistema particular subvencionado –un 2,5% que decidió cambiarse al sistema privado y un 1% que decidió cerrar– de que hagan lo contrario. “De 80 establecimientos que dijeron vamos a cerrar hay 15 que corresponden a jardines infantiles que ya aclararon la situación, han dicho que no van a cerrar. Y de los 146 que han dicho que pasan a particular pagado ya hay al menos 6 que se han retractado”, dice en conversación con El Desconcierto.

– Usted ha dicho que le ha tocado interactuar con algunos sostenedores que han sincerado que la educación es su negocio.

– Es que algunos poquísimos sostenedores siguen pensando en la educación como un negocio. Como una carnicería, como una venta de automóviles o como una fábrica de zapatos. Piñera dijo alguna vez, después se arrepintió, que la educación era un bien de consumo, entonces hay algunos sostenedores que siguen pensando así. Con la Ley de Inclusión lo que hemos dicho es que tenemos que sacar a la educación del mercado de los negocios, que se termine el objetivo de maximizar utilidades para retirarlas del sistema educacional, ya sea con recursos de los padres o del Estado. Para hacer esto la ley hace que los establecimientos educacionales sean administrados por entidades sin fines de lucro, pero algunos creen que eso está mal. Hay un caso más o menos emblemático que un sostenedor de un establecimiento en Curauma, pero son muy pocos los sostenedores que están en eso.

– Esta semana el think tank de derecha liberal Libertad y Desarrollo habla de que alrededor de 1 millón de alumnos están matriculados en colegios que aún no han pasado a ser sin fines de lucro. ¿Qué opina de ese estudio?

– Yo no sé de dónde sacan los 4 mil y tantos establecimientos que no han cambiado. La verdad es que, de 5.862 establecimientos, 2.317 no se habían adecuado a ser sin fines de lucro. Ese número ya se redujo en el mes de julio de 2.300 a 2.100, y de esos nosotros hemos contactado a 1.190 que han dicho que harán el trámite entre septiembre y diciembre. Lo que pasa es que hay algunos con los cuales no hemos podido tomar contacto todavía. Entonces las cifras de ese análisis parten de una distorsión voluntarista de la información con un objetivo político evidente.

– ¿Ha visto esa distorsión, por ejemplo, en la vinculación mediática de la ley al tema de las colas?

– Para muestra, un botón. Ha habido muchos reportajes esta semana por el colegio Santa María de La Cisterna, donde hubo 20 y tantos padres que pernoctaron para poder ser admitidos en el colegio, que definió que sería por orden de llegada. Primero, es el colegio el que definió eso, no el Mineduc. Al contrario, nosotros hemos dicho que preferimos que inscriban a todos los padres y hagan un sorteo de cuáles son los que quedan. Además, vi a un apoderado que estuvo tres noches esperando la fila y decía “nosotros habíamos puesto a nuestra hija en un jardín infantil particular pagado para que se preparara bien para dar una prueba de admisión”. Eso es poco pedagógico, en el nivel preescolar no se debe ser sometido a pruebas, le genera distorsiones. Es justamente lo que queremos terminar, porque queremos mejorar la calidad.

– ¿El sistema virtual de admisión, que ya se aplicó en Magallanes, no admite la modalidad de orden de llegada?

– No. No hay fila, entrevista, ningún proceso. Los padres se inscriben en la lista virtual y el ministerio luego les entrega a los establecimientos el rut de los postulantes. Ahí se hace correr un ordenamiento aleatorio que privilegia a los hermanos de los niños que ya están en el establecimiento, a los hijos de funcionarios y todos los demás entran en el sistema común. Nosotros recomendamos que postulen a muchos establecimientos. Que no se queden en dos, porque si ponen los dos de mayor demanda lo más probable es que no queden. Pasó con 200 familias en Magallanes que postularon a los colegios de más alta demanda, pero estos tenían en suma 600 postulantes y 120 vacantes. Era imposible.

– ¿Qué planes de contingencia están armando para los alumnos de los colegio que eventualmente pasen a particular pagado, cierren o no lleguen a convertirse en instituciones sin fines de lucro? Por más ínfimo que sea el porcentaje de establecimientos, siguen siendo miles de alumnos.

– Estamos en varias operaciones. La primera es reunirnos con los sostenedores que han dicho que pasarán a particular pagado y ver cuáles son los motivos. Si son vinculados a mala información, mejoramos eso y vemos si revertimos la situación. Nos está yendo bien en eso y ya hay al menos 6 que han revertido. Ahora, algunos dicen “no, yo me cambio porque quiero seguir retirando utilidades y ustedes no me lo permitirán”. En esos casos “mucho gusto haberlo conocido”. Pero la verdad es que todos los establecimientos mantienen al menos los ingresos que tenían al año 2016 y la inversión de un sostenedor la puede recuperar totalmente.

– ¿Y qué se hace en esos casos donde no hay vuelta atrás?

– Si fracasamos en esa tarea tenemos la obligación de entregarles alternativas a los jóvenes. La primera alternativa de hecho ya la están buscando los padres. Algunos han dicho que ya cambiaron a sus hijos de colegio. Tenemos estudios de las vacantes en establecimientos de similar calidad cercanos. Tendremos que ver todo una vez que se haya cerrado el ciclo de conversaciones con los sostenedores, porque el primer proceso es ver quiénes son los que mantienen la decisión de cambiarse a particular pagado.

– Hay algunos que se han quejado del tema de la compra de los inmuebles. 

– Hemos ido aclarando a los sostenedores que ellos tienen varias opciones: tienen la opción de prolongar el periodo de arriendo antes de ser propietario; de entregar el inmueble en comodato y mantenerse como propietarios; de hacerse un proceso de autocompra en cuotas anuales durante 25 años; o de recurrir a un banco y que les dé un crédito a la corporación para que compre el inmueble y por lo tanto recuperen el capital inmediatamente, entre todas esas opciones. Entonces dicen : “Ah, entonces no me están expropiando”.

– Había algunos que planteaban sus inquietudes respecto a esto de tener que venderse a sí mismos el terreno.

– La semana pasada aprobamos el primer proceso de auto compra con el Fondo de Garantía Estatal, que es igual que un crédito hipotecario pero con garantía del Estado, entonces el vendedor recibe la plata y el comprador tiene que pagar en cuotas anuales. En este caso en la operación se hizo a 20 años. Ahora lo curioso y lo interesante es que en ese colegio destinaba en arriendo y a retiro de utilidades más dinero que lo van a destinar para pagar el dividendo, por lo tanto a ese colegio le van a quedar 200 millones de pesos anuales libres para destinar a educación.

– ¿Qué cosas cree que ha evidenciado a nivel de sociedad la implementación de esta ley?

– Lo primero que ha evidenciado es que ese grupo que ve la educación como un negocio es muy minoritario. Muy poderoso, alterador de la realidad y con mucha influencia política, pero muy minoritario. Lo segundo, claro, es que cuando la educación, independiente de si se tiene afán de lucro o no, opera en la lógica de mercado, el semáforo que quiso poner Lavín de “vengan al colegio con luz verde y no vayan al colegio con luz roja” y la simcemización de la educación han bajado la calidad, porque han generado una educación muy segregada. El proceso de selección generaba una segregación social, pero ahora con el sistema de admisión escolar son los padres los que van a elegir los establecimientos y no los establecimientos los que van a elegir a los padres.

– ¿Cuáles son los miedos que tienen ante la posibilidad de que el próximo gobierno no sea de continuidad? Sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de admisión correrá en 2019 para la Región Metropolitana.

– Yo creo que puede haber cambios menores en el tema de prolongar el arriendo, modificar la tasa del precio de los inmuebles, pero los ejes centrales de la ley se van a mantener. Es decir, el sistema educacional financiado por el Estado va a dejar de ser un sistema regido por el lucro y el retiro de utilidades. Inclusive si ganan los que votaron en contra de la ley, es muy difícil que digan: “¿Saben? este avance a que todos los recursos de los padres y del Estado se destinen a educación ya no va. Vamos a permitir que puedan en parte no destinarse a educación”. No creo que eso pase. Oponerse al cambio es más fácil que proponer un cambio contra el sentido común.

“Esta es una reforma costosa, pero coherente, y cuando pagas el costo ya no tiene sentido a volver a pagar un costo en el sentido contrario”, dice Palma antes de terminar la entrevista e ir a reunirse con un sostenedor, de esos que anunciaron cambiarse al sistema particular pagado. Luego agrega: “El gran legado de Bachelet es que ese costo ya está hecho”.