El rechazo de la impugnación de la derecha a las tres causales en el Tribunal Constitucional del día de ayer requiere un análisis detallado. En primer lugar, es imposible no destacar que esto es un triunfo del movimiento feminista, que desde 1989 en adelante ha empujado constantemente los cercos que el pinochetismo y la transición pusieron a la libertad de las mujeres. La sentencia se muestra, también, como una fuerte derrota simbólica para la derecha y una de las principales detractoras del aborto, la ex ministra y senadora Soledad Alvear, quien durante el gobierno de Aylwin se encargó de cerrar el paso al debate desde su cargo en el Sernam, acrecentando de paso la división del movimiento feminista de los ‘90.

En segundo lugar, debemos reconocer que el fallo del TC nos pone a las feministas que pujamos por el aborto libre en un lugar incómodo. Cuando la Nueva Mayoría anunció esta medida en su programa presidencial señalamos que, al igual que ocurría con otras demandas del movimiento social en Chile como la gratuidad o la reforma laboral, una despenalización del aborto terapéutico podía operar como “cierre por arriba” de la discusión cada vez más amplia sobre el aborto libre. Las organizaciones y fundaciones que apoyaron técnica y políticamente el proyecto de tres causales, en tanto, contra argumentaron que cuestiones como la causal de violación permitirían el inicio de una nueva etapa de discusión, con la autonomía de las mujeres en el centro.

Al ingreso del proyecto advertimos que su impacto era muy limitado y continuaba imponiendo una tutela sobre la voluntad de las mujeres bajo las figuras de la autoridad médica y judicial. Este impacto se vio aún más restringido durante la tramitación con indicaciones como la que redujo el plazo para las niñas y adolescentes violadas, dejándolas fuera en la práctica según la evidencia científica aportada por expertas como la ginecobstetra Andrea Huneuus. Las continuas concesiones de la Nueva Mayoría para salvar el proyecto a modo global provocaron que se redujera a un puñado de organizaciones y figuras fuera del oficialismo las que defendieron la ley en su último tramo. Sin embargo, la magnitud de la derrota simbólica que la aprobación de las 3 causales propinó ayer a la derecha hace imposible no celebrar el dictamen del Tribunal Constitucional en un primer momento.

Ya calmados los ánimos es necesario sentarse a discutir los márgenes de acción política para impedir, a como dé lugar, que esta ley opere como cierre de la discusión sobre el aborto al machista modo de “¿ahora qué más quieren?” que nos suelen reprochar los opositores al reconocimiento de la humanidad plena de las mujeres.

Como feministas y militantes de izquierda nos interesa plantear dos posibles líneas para impedir la clausura. La primera tiene que ver con el activismo vigilante sobre el cumplimiento del pequeño espectro de cobertura a los miles de abortos que permite esta ley. Tal como nos han mostrado otros países latinoamericanos, los jueces y médicos logran entorpecer el acceso de mujeres, niñas y adolescentes al aborto terapéutico si no hay un movimiento feminista y de mujeres que fiscalice, denuncie y presione.

La acogida del Tribunal Constitucional a la impugnación de Chile Vamos sobre la objeción de conciencia debe revisarse al detalle cuando salga el fallo completo, ya que es muy probable que fiel al estilo transicional de las reformas de este periodo -cabe recordar la prohibición del reemplazo en huelga para luego incluir los servicios mínimos en la reforma laboral- se incluya la objeción de conciencia institucional o alguna otra fórmula como transacción política. En el otro escenario posible, donde producto del requerimiento la objeción de conciencia queda desregulada, también será necesaria la atención y denuncia del movimiento feminista cuando se niegue la atención en los servicios de salud.

El asunto de la objeción de conciencia nos lleva al plano de la disputa social y cultural, la segunda línea que planteamos. Tal como han señalado incansablemente las compañeras de la Mesa de Acción por el Aborto, es urgente trabajar por la despenalización social. Así, sacar del “clóset” el aborto, recuperar la memoria de nuestras madres y abuelas que vivieron con la legalidad del terapéutico entre 1931 y 1989 y continuar con la disputa de la hegemonía cultural al conservadurismo deben ser prioridades, especialmente para las feministas de la izquierda emergente.

El caso uruguayo y argentino demuestra que el proceso de discusión con los gremios de la salud es fundamental no sólo para impedir trabas sino también para que la atención a las mujeres sea digna y se garantice en el sistema público y en particular en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Además, el trabajo educativo en forma de campañas, activismo, movilización e intervenciones no puede cesar, puesto que es evidente que los partidarios del aborto clandestino no terminarán aquí con su asedio a las mujeres. La visita del Papa Francisco del próximo año y el crecimiento de formas al estilo Trump de articulación entre conservadores e iglesias muestra que no podemos descuidar el flanco de la opinión pública ni ensimismarnos en los debates dentro del feminismo.

En tanto, el 97% de los abortos practicados anualmente seguirá bajo condiciones de clandestinidad. Es por eso que el trabajo educativo y el fortalecimiento de las redes de información y acceso al aborto que ya llevan años de resistencia a la prohibición en Chile sigue siendo importante y destacable: sin ellas, miles de mujeres quedarían sólo a merced de inescrupulosos traficantes de Misotrol mientras continuamos en la larga tarea para que se reconozca la humanidad y autonomía plena de las mujeres en Chile con aborto libre, legal, seguro y gratuito.


Directora del Colegio Latinoamericano de Integración