El polémico decreto del gobierno que permite vigilar todos los datos de los teléfonos por dos años

Fecha, hora, número llamado, duración, dirección IP, páginas visitadas, mensajes, correos, aplicaciones, tipo de teléfono, ubicación geográfica.

Estos son los «metadatos» almacenados en las comunicaciones electrónicas, los que gracias a un decreto firmado por el gobierno el pasado 4 de agosto serán mantenidos por dos años en poder de las empresas telefónicas y están en el marco de las medidas para «seguridad» y «combate al crimen».

La nueva normativa, difundida en El Mostrador, no solo extiende el período de almacenaje de los datos de las comunicaciones de uno a dos años, sino que amplía los registros a todos los «metadatos» que emiten los teléfonos inteligentes.

Una reforma al cómo se accede a esta información se ha planteado desde el bombazo en la estación de Metro Escuela Militar, en 2014. “Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta pública. Aquí el Ministerio del Interior se sentó con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Policía de Investigaciones (PDI)”, aseguró a Bío Bío el analista de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violler.

El profesional, además, critica que la modificación sea inconstitucional, pues el Ejecutivo está intentando modificar por decreto una ley que le corresponde al Congreso, pues la Carta Magna resguarda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

“Estamos hablando prácticamente de todos los datos comunicacionales, incluyendo la georreferenciación (ubicación) de los usuarios. Es algo extremadamente complejo y desproporcionado. Hoy puedes saber más de una persona a través de sus metadatos que con sus propios mensajes o llamadas”, agrega el abogado.

Efectivamente, los metadatos permiten analizar los patrones de comportamiento de las personas e incluso existen estudios que dicen que pueden predecir su comportamiento futuro.

El decreto, además, prohíbe que las compañías implementen alguna tecnología que entorpezca la entrega de la información y establece la posibilidad de exigir a cualquier persona, jurídica o natural, almacenar los datos vía una orden judicial. Según Derechos Digitales, esto puede significar que se le pida a un medio de comunicación que los datos de las comunicaciones de los periodistas con sus fuentes o a una universidad con sus estudiantes o a una organización con sus miembros.

La modificación se encuentra en manos de la Contraloría General de la República, que deberá tomar razón del decreto.