Si daremos una mirada al tema de los salarios y la desigualdad existente en nuestro país, creemos que un buen modo de hacerlo es recurriendo a los datos que tienen relación con la forma en que se reparte la torta en Chile, es decir cuánto de la riqueza producida anualmente (PIB) se destina a remuneraciones, y qué parte se transforma en excedentes de las empresas o utilidades.

Antes de las cifras, creemos necesario recordar que nos encontramos en un modelo basado en una matriz mercado-céntrica, establecida como resultado de un proceso de modernización capitalista, donde la acumulación de capital ha dejado atrás la fórmula de explotación propia de los procesos industriales, recurriendo ahora a la extracción directa de beneficios financieros desde la renta personal. Esta verdadera expropiación no tiene que ver con la producción, sino más bien se encuentra en el ámbito de la circulación, es decir del bolsillo de los chilenos, principalmente en las esferas de la salud y educación, derechos que fueron violentamente privatizados y que se han complementado con otras privatizaciones en los gobiernos post-dictatoriales, como el caso del agua potable.

Luego de esta mención, veamos qué ha ocurrido con la distribución de los ingresos en nuestro país en estos primeros años del siglo XXI. Es en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) donde se inicia la fuerte caída de las remuneraciones en la distribución de la torta nacional. Él recibió el gobierno con las cuentas nacionales indicando que en el año 1999 las remuneraciones correspondían en la composición del PIB a un 41,5 % y los excedentes a un 45,5 %. Ahora bien, abandonó la Moneda con una participación de las remuneraciones de un 34,8 % y los excedentes del capital equivalentes a un 50,3 % en el año 2006. Esta tendencia marcaría los años venideros con los gobiernos de Bachelet y Piñera, llegando al último dato oficial disponible, que asigna un 38,5 % a las remuneraciones y un 50,4 % a los excedentes. En concreto los datos nos indican hoy que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras (50,9 %)  gana menos de $350.000 y el 79,3 % de los trabajadores gana menos de $650.000. 

Corresponde preguntarse cómo se produce esta situación, y nuestra respuesta tiene que ver con la decisión política del gobierno de Lagos de consolidar el modelo vigente, colocando sin rodeo o tapujo al Estado al servicio de los intereses del capital por encima de las personas, tal como dicta el manual del capitalismo actual y en nuestro caso establecido en la Constitución política. En la práctica mediante leyes y medidas administrativas se favorece al capital nacional y multinacional, especialmente en el gran negocio del cobre y con medidas tributarias de carácter regresivo, como por ejemplo el aumento del IVA de un 18 a un 19%, donde “se entrega con una mano y se quita con la otra. Un IVA más elevado significa una reducción inmediata de la renta personal disponible de quienes destinan el total de sus ingresos al consumo. La recaudación por este concepto en los años 2004 y 2005 se disparó, alcanzando en el año 2005 a los 5.248 millones de dólares”, según dice hugo Fazio en su libro “El gobierno de Lagos: balance crítico”.

Sin embargo, sin desconocer la importancia de la serie de medidas adoptadas que profundizaron la desigualdad, creemos que la más significativa es la que tiene que ver con la neutralización de los trabajadores organizados, mediante una táctica utilizada desde el primer gobierno post-dictatorial cuando los dirigentes de la CUT, a través de los partidos que llegaban al gobierno, fueron compelidos a firmar acuerdos que implicaban  una postergación de sus reivindicaciones en aras de la recuperación pacífica de la democracia. Situación que ha permitido hasta el día de hoy, que quienes viven de su trabajo se encuentren regulados por un código en que la negociación colectiva recoge cabalmente el espíritu del “plan laboral” de 1979, que reconoce al sindicato como negociador sin que esto implique participar de la riqueza producida, sino que la negociación se encuadre en la recuperación del poder adquisitivo que pudo haber sido afectada por el incremento de los precios.

Llama la atención la capacidad de consumo que los chilenos tenemos en este modelo respecto a nuestra historia económica, creemos que una explicación se encuentra en el hecho que las luchas de los trabajadoras  y trabajadores  en el pasado tenían como consecuencia acercar el salario al ingreso necesario para la vida, de hecho se hablaba de un “sueldo vital”. El modelo actual especialmente aplicado en estos 27 años ha logrado hacer el salario siempre menor al ingreso necesario, y esto es posible mediante la aplicación de todo tipo de bonos, la instalación (en muchos casos perversa como en el caso de la salud primaria) de metas por logros estadísticos de atención, incentivos que incrementan la intensidad del trabajo y por otro lado fundamentalmente el fácil acceso al crédito de consumo, producto precisamente de la financiarización de las ganancias de las empresas que los propios trabajadoras y trabajadores producen, es decir el traslado del capital incrementado por las utilidades, al que se agrega parte de los ahorros de los propios trabajadores que administran las AFPs, al sector financiero y comercial para ser prestado a tasas usureras a los chilenos, que permiten las enormes ganancias de la banca instalada en Chile. Un círculo perfecto.

Finalmente respecto del tema de los salarios y desigualdad queremos agregar algunas consideraciones que confirman que la situación en nuestro país  es posible calificarla como de extrema explotación dirigida a todos quienes viven de su trabajo. El capitalismo en esta versión deja más al desnudo características que históricamente eran consideradas normales, como es la necesidad que el modelo tiene de incluir en la explotación al trabajo doméstico incrementando al menos al doble el trabajo de la mujer, que también la vemos en las calles contribuyendo con el trabajo no asalariado, llamado técnicamente “por cuenta propia”, que en el trimestre Abril-Mayo-Junio de este año alcanzo a 1.782.110 personas, constituyendo un 31,27% de los asalariados.

Este modelo se consolida diariamente reproduciendo, en el plano de la subjetividad, elementos que se difunden masivamente y que actúan como dispositivos que inhiben a los que vivimos del trabajo a luchar por el cambio de las condiciones. En este ámbito se encuentra por ejemplo el tema de la productividad, que opera como  dispositivo utilizado a partir de la década de los setentas, cuando se hablaba de  “gubernamentalidad o gobierno de los hombres”, entendiendo este concepto como un conjunto de prácticas, de saberes y de instituciones, cuya meta es la de gobernar, gestionar, controlar y orientar, los comportamientos y pensamientos de las personas que conforman una determinada sociedad.

Finalizamos estas líneas desmintiendo ese tipo de falacias:

Durante 2013, la productividad laboral en Chile alcanzó los US$ 33.222 por persona empleada, dejando a nuestro país por sobre el resto de América Latina, según un informe de Euromonitor International. En el mismo estudio, México llega a US$ 24.608 por trabajador, Brasil a US$ 18.789 y Perú a US$ 12.573.

Según el Informe Comisión Chilena del Cobre, en nuestro país el costo de la mano de obra bajó en un 7%, y además agrega: “En Chile se requiere una menor cantidad de horas hombres para producir la misma cantidad de cobre fino que en casi todos los países seleccionados. Solo Rusia muestra mejores cifras y se posiciona en el primer lugar con 12,8 horas hombres (HH) por mil toneladas (kt) en 2014, seguido por Chile (17,7 HH/kt)”.


Sociólogo, Fundación Sociedad y Trabajo