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Más opositores: Ex jefe de la Subtel afirma que Decreto Espía «es inconstitucional y excede las atribuciones» del organismo

Por: core | Publicado: 01.09.2017
Más opositores: Ex jefe de la Subtel afirma que Decreto Espía «es inconstitucional y excede las atribuciones» del organismo | /Agencia Uno
Pedro Huichalaf fue subsecretario de Telecomunicaciones entre marzo de 2014 y octubre de 2016, y explicó que mientras estuvo en su cargo el polémico texto de cibervigilancia ya se estaba estudiando y que se opuso a su desarrollo.

Por estos días ha hecho noticia el polémico decreto 866, más conocido como «Decreto Espía», que firmó la presidenta Michelle Bachelet en junio pasado y que establece un nuevo reglamento de interceptación de las comunicaciones. Tanto activistas, como académicos y parlamentarios se han manifestado en contra del texto, y este viernes se sumó una nueva crítica.

El abogado Pedro Huichalaf fue el subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Bachelet entre marzo de 2014 y octubre de 2016, y en medio de una charla en el evento de tecnología 9punto5 –que se está llevando a cabo en la ciudad de Valdivia–, explicó que mientras estuvo en su cargo el polémico texto ya se estaba estudiando y que manifestó sus reparos.

“Personalmente, yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese decreto. Y cuando estuve en la Subtel puse mis reparos técnicos y legales respecto al primer borrador que se estaba estudiando en ese momento”, consigna FayerWayer.

Luego de su salida, quien le siguió en el cargo fue Rodrigo Ramírez, y dado que el texto hace algunos días se presentó ante la Contraloría General de la República, Huichalaf explica que «significa que mi sucesor en el cargo no tuvo reparos sobre ello o estuvo de acuerdo. Pero yo no puedo responder por ello».

Finalmente, manifestó que «ahora que no estoy en el gobierno, sigo manteniendo mi postura: creo que ese decreto es inconstitucional y excede las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones«.

Sobre el Decreto Espía

El polémico decreto obligará a las empresas de telecomunicaciones almacenar hasta por 2 años el registro de las llamadas de voz, acceso a internet, geolocalización y mensajes de texto de los usuarios para que puedan ser usados por el Ministerio Público.

La ONG Derechos Digitales ha sido una de las más fuertes opositoras de la normativa y solicitó que el texto sea revisado por la Contraloría General, ya que, según han señalado, debiera presentarse como un proyecto de ley que pase por las cámaras del Congreso antes de ser aprobado.

 

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