Hasta la sede de la Corte de Apelaciones de Santiago llegaron el pasado miércoles activistas con VIH/Sida para presentar un recurso de protección contra Carmen Castillo, ministra de Salud, y Edgardo Vera, jefe de Programa de Prevención y control del VIH.

La razón es el anuncio del traslado de personas seropositivas que se atienden regularmente en hospitales de alta y mediana complejidad a centros de atención primarias de salud. Los principales afectados denuncian que la medida no se les consultó y que es discriminatoria.

La “decisión anunciada por el Ministerio de Salud, constituye una arbitrariedad en tanto no ha sido consultada la población de personas viviendo con VIH, sin considerar sus necesidades, sin ponderar los riesgos que esta decisión conlleva para los derechos de este grupo de personas, y sin establecer información adecuada respecto a la implementación de esta decisión”, dicen en el recurso.

Reclaman, entre otras cosas, la discriminación sufrida como pacientes de VIH y cómo la estigmatización puede aumentar en los centros de atención primaria. Además, denuncian una serie de falencias estructurales que hacen inviable la propuesta, como la falta de especialista en dichos lugares.

Pero finalmente no hubo espacio para nada de eso. En una decisión inédita por su rapidez (en menos de 24 horas), la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santaigo desestimó el reclamo porque lo solicitado “exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”.

Así, se declaró inadmisible el recurso contra la ministra de Salud.