Esta semana la Presidenta de la República firmó el proyecto de ley que modifica los artículos del Código Civil y otras normas relacionadas con una demanda que transversalmente los movimientos por la diversidad sexual han requerido: el matrimonio igualitario.

Esto es un gran avance en la materia y vayan con ganas las felicitaciones al Gobierno, puesto que es una necesidad imperiosa para equiparar derechos en materia de relaciones familiares en nuestro país.

Sin embargo, es de profunda necesidad que el Ejecutivo dote de urgencia a este proyecto de ley, ya que de lo contrario sería una mera declaración de intereses que descansará en el Congreso, como ya ha ocurrido con tantos otros mensajes de La Moneda.

También se hace fundamental que el Gobierno no condicione la filiación homoparental a que la pareja contraiga un contrato matrimonial, puesto que esta institución se prestaría para vicios evidentes. Adicionalmente, es urgente que se incluya en el texto la modificación al régimen de la sociedad conyugal, indicación que sigue dando vueltas en el Parlamento y que es imperiosa para apuntar a un régimen de derechos de familia con una mirada de equidad de género.

Por último, vale decir que la lucha por los derechos de la diversidad sexual no descansa en el matrimonio. La violencia homofóbica y transfóbica que hemos visto en el último tiempo muestra la urgencia que se requiere en legislación que modifique las sanciones penales en esta materia. Además, tenemos una gran parte de la población trans que no puede seguir esperando la futura ley de identidad de género, para que no sea un doble castigo haber nacido en un cuerpo equivocado.

Lo que ha hecho el Gobierno es un gran paso en la línea de los derechos de la diversidad sexual, pero no es el final del camino, ni la única demanda: aún queda demasiado por hacer.


Benjamín Mejías Valencia