Para que no nos maten

Hace una semana el gobierno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet envió al congreso el proyecto de ley de matrimonio igualitario el cual incluye el derecho a adopción. Esto como resultado de la mediación por parte la Comisión Interamericana de los DD.HH. entre el Estado de Chile y el Movilh.

Más allá de si estamos o no de acuerdo en la institución del matrimonio como tal, esto es un gran paso para nosotros, los ciudadanos de segunda categoría. Los cuales hasta el momento no somos iguales en el acceso a los derechos que sí se le otorgan al resto de la población.

No todos queremos llegar al altar, eso está más que claro. Ni todos queremos perpetuar la máxima institución patriarcal. Es más, hay movimientos como el de las agrupaciones lésbicas que piden derechos filiatívos –que unen la relación de las madres o padres para con los hijos– estén o no dentro del matrimonio. El reconocimiento de la paternidad o maternidad no solo para el progenitor biológico sino para el que cría, y los mismos derechos a los que tiene acceso una pareja heterosexual, estén o no casados. Demanda que el Estado debe reconocer y garantizar.

Sabemos a cabalidad que el matrimonio y la monogamia del “hasta que la muerte nos separe”, en la práctica y según las estadísticas históricas, ya no es sustentable como único modelo de familia. Las feministas ya lo dijeron hace varias décadas atrás, que el matrimonio es la subyugación por excelencia de los cuerpos con vulva biopolíticamente asignados a la crianza, la reproducción y el trabajo doméstico.

La teoría queer, el postfeminismo o transfeminismo lo que postulan –en algunos pensadores como Javier Sáez- es que el amor es heterosexual, que la construcción del amor y los afectos como tal, producidos en la literatura, el cine, la música, el teatro, el arte, la cultura en general son somatizadas sobre los cuerpos como un instrumentos del poder. Con ello reproducen y perpetúan la norma de la heterosexualidad como impositiva, para encaminar a los cuerpos hacia la heterosexualidad hegemónica y así a la reproducción. No nos olvidemos que el capital humano también es capital.

Pero mi tesis en esta columna es que es necesario. Es necesario que accedamos a los mismos Derechos, con los mismos nombres, que para tener acceso a la seguridad social –tema que no se solucionaba con el Acuerdo de Unión Civil- es necesario para la relación de parentesco -que es también un estado civil, la calidad de hijo- de ambos padres o ambas madres para con los hijos e hijas, no solo el padre o la madre biológica.

Es necesario que el Estado no discrimine a sus ciudadanos de forma arbitraria solo por la orientación sexual, validando algunas relaciones y inferiorizando otras. Dejando solo a algunos de sus ciudadanos sin el derecho a acceder a un contrato civil para regularizar nuestras relaciones de familia.

Sería ingenuo de mi parte pensar que con la aprobación de esta ley se acabará la discriminación que sufrimos y nos enfrentamos día a día en las calles. Para ello debemos avanzar mucho más en educación no sexista e inclusiva para todos. Pero a la vez es innegable la fuerza transformadora que tiene el imperio del derecho en la conciencia colectiva de una nación.

Es necesario para que el homofóbico heterosexual, conservador, que nos mira con asco y rabia, se concientice y, en última instancia, se eduque y entienda de una vez por todas que nosotros somos sus iguales en el acceso y en nuestra forma de relacionarnos con los afectos. Ya no más ciudadanos inferiores, ahora sí personas iguales en dignidad y derechos.

Cada avance que se haga para que se acabe la segregación es necesario. Así las realidades de nuestras familias lesbo y homo parentales, en el ámbito laboral, para la seguridad social, podrán acceder a los beneficios de un sistema de salud, para la no discriminación en los espacios públicos. Como fin último, si esto contribuye para que no nos maten en las calles, es necesario.