Frente a la presentación del nuevo proyecto de Ley de Migraciones y la suma urgencia puesta por el gobierno en el marco de la interpelación al ministro del Interior, nos parece necesario y coherente declarar lo siguiente, de cara a la discusión parlamentaria:

1. El Proyecto de Ley de Migraciones presentado por el gobierno no se fundamenta en un enfoque derechos humanos como se declara en el principio del articulado. El enfoque de seguridad nacional que se propone en el proyecto es contradictorio con los acuerdos surgidos desde la discusión territorial coordinada por el grupo de apoyo Programático del Frente Amplio, donde se ha acordado avanzar en la compresión de la movilidad humana como un derecho fundamental. Además las organizaciones sociales migrantes y pro-migrantes vienen reivindicando desde hace años una legislación que garantice sus derechos sobre la base de ese principio. Consideramos fundamental que se convoque a la discusión parlamentaria a los actores que vienen levantando su voz no solo para tener una nueva ley migratoria sino una ley que reconozca a los migrantes como sujetos de derechos y no como un potencial peligro para la sociedad.

2. El proyecto de ley propone la creación de un Comité Interministerial de Política Migratoria, integrado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos. Esta propuesta deja fuera de la discusión otra de las reivindicaciones históricas de las organizaciones migrantes, que están contenidas en las propuestas programáticas del Frente Amplio. A saber: la necesidad de crear una nueva institucionalidad que permita que la política migratoria no se circunscriba a la autoridad encargada de la seguridad nacional y el control fronterizo; y que esta incorpore en sus responsables a ministerios y servicios del área social del ejecutivo. La migración es un fenómeno que debe ser abordado desde lo social, desde el fomento y protección de los derechos humanos. El rechazo del ejecutivo a la creación de una nueva institucionalidad se ampara en el argumento de limitar la burocratización y de los excesivos costos que implicaría, anteponiendo un argumento que contradice el responsabilidad pública con los derechos de las personas y desconociendo el aporte que realizan los migrantes a las arcas del Estado, cuantificadas solo en los últimos dos años, en más de 40 mil millones de pesos, por concepto de pago de visas y permisos de residencia.

3. En cuanto a la propuesta de crear de un Registro Nacional de Extranjeros que presenta el proyecto, consideramos que resulta contradictorio con el enfoque de derechos y con las necesidades de inclusión y reconocimiento que requieren con urgencia los colectivos migrantes residentes en Chile. Actualmente existe un registro de población migrante en el Departamento de Extranjería Migración y en la PDI en el caso de quienes cuentan con visas temporales y en el Registro Civil para aquellos que cuentan con permiso de residencia definitiva. La propuesta del gobierno resulta en este sentido plenamente redundante e innecesaria. Proponemos en este sentido, orientar los recursos comprometidos en esa inversión, a garantizar que la población migrante pueda ser incluida íntegramente, e independiente de su situación administrativa, en el Registro Nacional de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Y de esta manera avanzar hacia un Estado garante de los derechos de todas las personas.

4. Hacemos un llamado al gobierno a retirar la suma urgencia del proyecto en función de que la deuda histórica que el Estado tiene con la población migrante sea saldada en una discusión profunda con los actores incumbentes y que sobre todo garantice caminos a corto, mediano y largo plazo para el abordaje responsable y garante que debe cumplir el Estado de Chile.

5. El Grupo de Apoyo Programático del Frente Amplio considera que una nueva ley migratoria no puede desconocer, como lo hace la propuesta del gobierno, la realidad de los chilenos residentes en el extranjero. La política migratoria debe mirar también la situación de los migrantes chilenos y garantizar condiciones dignas para su retorno y asegurar la protección y el acceso a derechos en las sociedades donde residen. Es necesario también crear condiciones adecuadas para el para el retorno y avanzar en acuerdos internacionales de reciprocidad que permitan garantizar a los chilenos en el extranjero los derechos que queremos para los migrantes en Chile.

6. En las actuales condiciones del proceso migratorio que vive Chile resulta imperioso realizar un proceso de regularización extraordinario que permita a la población inmigrante y a todo el país, contar con datos precisos de las potencialidades y necesidades que se vive en nuestro país. Según estimaciones realizadas por el propio gobierno, el número de ciudadanos extranjeros en situación irregular se situaría entre torno a los 80 mil y 100 mil personas. Parte importante de ellas se encuentran en esta situación debido a la acción del propio Estado que viene desde hace varios años imponiendo restricciones formales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores e informales a través de la PDI en la frontera, que impiden el ingreso regular a colectivos nacionales como dominicanos o colombianos. Las restricciones administrativas y de control no detienen a los migrantes, al contrario, incentivan las redes de tráfico y la irregularidad.

7. Finalmente, consideramos imperioso que la Nueva Ley Migratoria no desconozca los Tratados y Convenciones Internacionales que en materia de derechos de personas migrantes, ha suscrito y ratificado el Estado de Chile. En efecto, el Estado ha ratificado una serie de acuerdos internacionales que no se han implementado o se han implementado solo parcialmente. Tal es el caso del Acuerdo de Residencia del Mercosur que garantiza la posibilidad de acceder a permisos de trabajo a ciudadanos de los países miembros y asociados. Hoy este tratado solo se aplica para ciudadanos bolivianos, en base a un acuerdo bilateral.

Esperamos que la política migratoria en nuestro país, se aborde con sentido de responsabilidad y desde un enfoque de inclusión y de garantía de los derechos humanos. Asimismo, creemos que es necesario que las organizaciones migrantes y pro-migrantes aporten en el diagnóstico y diseños de una nueva legislación y una nueva institucionalidad. Los últimos procesos migratorios hacia Chile provienen de países de nuestro continente, es por eso que se debe incorporar un sentido de integralidad y hermandad que permita enriquecer a nuestros países.