*Columna escrita junto a Patricio Igor Melillanca.

A partir del 9 de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales desarrollará en Puerto Natales, región de Magallanes y Antártica chilena, la consulta al pueblo Kawesqar sobre el proyecto de reclasificación y ampliación de la actual Reserva Forestal Alacalufe, con el fin de elevarla a la categoría de Parque Nacional integrante de la Red de Parques de la Patagonia. Esta consulta obligatoria es parte del compromiso internacional contraído por el Estado Chileno al ratificar el 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas.

En su estrategia de convertirse en líder de la protección ambiental, la presidenta Bachelet resaltó en su última cuenta pública la creación de una extensa red de parques nacionales en la que se consideraría entre otras zonas, la región patagónica chilena. El 15 de marzo del 2017 suscribió un protocolo del acta de acuerdo con la Fundación Tompkins Conservation, ratificando los compromisos de donación de 407.645 hectáreas, de terrenos silvestres pertenecientes a la fundación, la anexión de 900.000 has. de terrenos fiscales, y la re-categorización de áreas protegidas regionales.

A su vez, los ministros de Medio Ambiente, Hacienda, Economía, Bienes Nacionales, Agricultura, la Subsecretaría de Turismo y el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), junto con diversas fundaciones, establecieron el cronograma y los compromisos para concretar este proyecto de conservación patagónica.

Sin embargo, este valioso proyecto de conservación tiene letra chica, ya que el proceso de implementación se encuentra bajo un activo lobby y presión de parte de diversos inversionistas interesados en los millonarios negocios turísticos y del empresariado salmonero-exportador, los que cuentan con las complicidades de altos funcionarios públicos, tales como los recientemente renunciados ex ministros de Hacienda Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Como expresión de lo anterior, el 10 de abril del 2017 se realizó una sui generis sesión extraordinaria del denominado “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”, el cual decretó que las aguas marinas adyacentes al futuro Parque Nacional Alacalufe quedaban excluidas del status de protección ambiental, el cual sólo sería concedido a la zona terrestre.

En otras palabras, los ecosistemas terrestres de este futuro Parque Nacional estarían protegidos, mientras que sus frágiles y altamente biodiversos ecosistemas marinos quedarían en la mas completa indefensión, frente a la “invasión” de 251 nuevas concesiones salmoneras solicitadas al Estado de Chile en dicha área.

Para asegurar la imposición de esta regresiva y autoritaria medida, el Consejo de Ministros creó un “candado” para que se le aplique al próximo proceso de consulta indígena, al señalar explícitamente que “se debe dejar constancia que los límites del nuevo Parque Nacional se circunscriben estrictamente a la porción terrestre del área. La cartografía respectiva será trabajada en una comisión conformada por los Ministerios de Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Hacienda y Economía (…) los resultados de ese trabajo serán presentados al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación”.

Además se señaló que, con posterioridad, el Consejo de Ministros le propondría a la Presidenta de la República la recategorización de la Reserva Forestal Alacalufes y su ampliación, “en los términos referidos anteriormente, para su posterior oficialización mediante Decreto Supremo del Ministerio de Bienes Nacionales”.

Frente a esta nueva arbitrariedad del sistema de administración ambiental chileno, cabe preguntarse ¿Qué papel juegan los funcionarios del Ministerio de Hacienda elaborando cartografía? ¿Puede el consejo de ministros condicionar e intervenir el proceso de consulta a las comunidades Kawesqar realizado bajo el Convenio 169 de la OIT? ¿Cómo se aseguran la representación de las voces e intereses de los ciudadanos, comunidades costeras y pueblos originarios en este proceso?

The Salmon Connection

Esta situación absurda y carente de toda justificación científica, técnica y ambiental que afectará la integridad ecosistémica del futuro Parque Nacional Alacalufe, sólo puede ser entendida por los intereses políticos-económicos e inmobiliarios en juego, -estimulados por las 2,8 millones de hectáreas de territorios de altísimo valor ecológico y escénico de esta red de parques-, y las redes de corrupción político-burocrático-empresarial que buscan asegurar la sostenida expansión de los monocultivos industriales de salmónidos, que triplicarán sus producciones en Magallanes, llegando a las 100.000 toneladas en 2020.

La decisión del “Comité de Ministros de la Sustentabilidad” es repudiable ya que:

  • Es antagónica con el dictamen de la Contraloría General de la República N° 38.429 del 18 de junio del 2013, el cual confirmó el oficio N° 1.326 de la Contraloría Regional de Magallanes del 2012, que había sentenciado que “no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional y, por ende, otorgar concesiones de acuicultura”.

Durante la discusión parlamentaria de la ley N° 20.657 de pesca y acuicultura (Ley Longueira), las organizaciones ciudadanas y los parlamentarios de Magallanes (Goic, Boric y Morano), se movilizaron con objeto de eliminar las concesiones salmoneras existentes en las aguas contiguas a los parques nacionales. A su vez, Ramiro Mendoza, contralor general de la República de la época, a solicitud de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), emitió un dictamen reafirmando la posición de Conaf de prohibir toda explotación pesquera e instalación acuícola en las zonas marinas adyacentes a los Parques Nacionales de Magallanes.

Posteriormente, la resolución exenta N°2379-2014 de Subpesca, rechazó las solicitudes de concesiones de acuicultura presentadas en parques nacionales de Magallanes, lo que trajo la necesidad de reubicar 38 concesiones salmoneras, de las cuales 19 se encuentran en el Parque Nacional Alberto De Agostini, y las 19 restantes, en el denominado “Corredor biosanitario” en Puerto Natales.

Ante esto cabe señalar:

  • No tiene sustento científico, ya que los canales, bahías, fiordos y otras áreas marino-costeras contiguas a la porción terrestre, son parte integral de los ciclos y procesos ecológicos existentes en el territorio donde se establecerá el Parque Nacional Alacalufe.
  • Es una decisión racista, autoritaria y excluyente, ajena a estándares de conservación y definiciones internacionales, ya que los ecosistemas marinos constituyen el hábitat o espacio vital de los pueblos nómades del mar patagónico, aspecto reconocido en el Convenio de Diversidad Biológica, artículo 10, literal (c), y en el artículo 8, literal (j) ratificado por el Estado chileno en 1994.
  • No respeta ni cumple los derechos del Pueblo Kawesqar consagrados en diversos instrumentos internacionales, tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 7, 13, 14, 15 y 16, reconocen derechos prioritarios al desarrollo, medio ambiente, hábitat y territorio.
  • Entra en conflicto con la ley 18.892 general de pesca y acuicultura (artículo 158), que excluye a las zonas marítimas del Sistema de Areas Silvestres Protegidas del Estado; la ley N°19.253 (artículo 74), y la N° 20.249, (artículo 6), que reconocen expresamente los usos ancestrales del pueblo Kawésqar en el mar.

Con este decreto del Consejo de Ministros se deja en evidencia que el racismo ambiental y el genocidio cultural del pueblo Kawesqar continúa en pleno siglo XXI, al amenazar su derecho de acceso y actual uso ancestral de los espacios, biodiversidad y recursos marinos. Además, no incorpora el carácter de maritorio-territorio indígena de conservación en lo relativo a reglas, saberes y prácticas consuetudinarias. Esto constituye una doble y cruel ironía, ya que un mutilado Parque Nacional llevará además como una lápida, el erróneo nombre de Alacalufe.

La resistencia Kawesqar frente al asalto del mar Patagónico

El pueblo Kawesqar habita hace 6.000 años los territorios marino-costeros entre el Golfo de Penas y la isla Diego de Almagro, es decir 5.800 años antes que se constituyera la República de Chile. Por ello, frente al abusivo, centralista y colonial comportamiento del Estado chileno con los pueblos originarios, las comunidades Kawesqar de Puerto Natales demandan tener injerencia en la administración de su maritorio, depredado y contaminado por las empresas que se establecen con el consentimiento y la protección del Estado, y que se haga valer la legislación nacional e internacional que protege su derecho a ejercer prácticas ancestrales vinculadas a su maritorio, el cual los proveen de pesca, caza, recolección y servicios ambientales, entre otros.

El Estado de Chile debe impulsar procesos de reparación a favor de los pueblos sobrevivientes del proceso de exterminio, reconociendo el derecho que tienen sobre el territorio ancestral, implementando políticas y acciones que eviten su omisión, invisibilización y silenciamiento cultural de los Pueblos Australes. Teniendo especial cuidado en el resguardo del territorio marítimo y terrestre que sigue siendo utilizado desde hace más de seis mil años”, han dicho las comunidades del sector.

En una reciente declaración pública, las comunidades Aswal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar, Atap y Residente en Río Primero han manifestado su rechazo a la abusiva y unilateral imposición que intenta condicionar la consulta al pueblo Kawesqar: “Por decisión del consejo de Ministros para la sustentabilidad, hoy vemos nuevamente nuestros derechos territoriales vulnerados. Con la clara intención de favorecer el avance del empresariado salmonero, el que ha venido a invadir nuestro ancestral territorio con especies exóticas invasoras y cultivos intensivos, industriales contaminantes, afectando los últimos canales de la Patagonia libres de contaminación salmonera”.

Llamado a los participantes del 4° Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas (IMPC 4)

Entre el 4 al 8 de septiembre se realizará el 4° Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas en las ciudades de La Serena y Coquimbo, Chile. Allí se reunirán figuras internacionales como el actor Leonardo Di Caprio y la investigadora Sylvia Earle, junto a más de dos mil científicos, ONGs, gestores y administradores de áreas marinas protegidas provenientes de 80 países signatarios del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CBD).

En este encuentro, la presidenta Bachelet recibirá el reconocimiento internacional como una de las cinco líderes en la protección de los océanos. Por ello, será difícil de entender para los participantes del IMPAC 4 que los Ministerios de Medio Ambiente, Hacienda y Economía del gobierno de la galardonada presidenta, se encontrarían al mismo tiempo excluyendo de la protección gubernamental al mar en la prístina región patagónica de Magallanes, abandonando la protección a las aguas marinas mas puras del planeta adyacentes al Parque Nacional donde aún habita el pueblo nómade del mar más amenazado del planeta. Llamamos a los participantes a informarse y apoyar la lucha del pueblo Kawesqar por sus derechos y la defensa de la Madre Mar.


Médico Veterinario. Director Ejecutivo Centro Ecocéanos