Este miércoles es una fecha clave para el proceso independentista que el gobierno catalán y gran parte de la ciudadanía de esta región de España llevan a cabo desde hace cinco años.

Durante la madrugada de hoy, hora chilena, empezó a tramitarse la Ley de Referéndum, un texto que el ejecutivo de Carles Puigdemont redactó para crear una legalidad propia que ampare una consulta vinculante prevista para el próximo 1 de octubre. El gobierno regional quiere que la ciudadanía decida si Cataluña quiere ser o no parte de España. Si gana el ‘Sí’, según aseguró el gobierno catalán, en 48 horas se proclamará la independencia de Cataluña y se pondrá en marcha un proceso constituyente. En cambio, si gana el ‘No’, se convocarán elecciones regionales de forma inmediata.

La Constitución española de 1978 prohíbe la convocatoria de un referéndum para tomar una decisión de tipo territorial. Ese ha sido hasta hoy el argumento inamovible del presidente español, Mariano Rajoy. El mismo que ha provocado que los catalanes y catalanas tuvieran que lidiar con las amenazas y acciones emprendidas por un Estado español iracundo y poco acostumbrado a escuchar y a responder por la vía democrática.

El Tribunal Constitucional (TC) ya inhabilitó a tres de los responsables políticos de la consulta no vinculante que tuvo lugar el noviembre de 2014, entre ellos el ex presidente Artur Mas. De hecho, a pocas horas de empezar el pleno de hoy, uno de los más trascendentes y tensionados de la legislatura, la justicia española se hizo sentir nuevamente y exigió a los tres imputados una fianza de cinco millones de euros (casi cuatro mil millones de pesos). Además, amplió la causa a otros siete altos cargos de aquel momento.

Ahora, para evitar que el TC suspenda de forma inmediata la ley que permitirá el desarrollo del referéndum, los catalanes han tratado de reducir el tiempo de respuesta del Estado español y han buscado las grietas y flancos de la legalidad vigente.

Sobre las fórmulas para sacar adelante un marco legal que blinde la convocatoria del 1 de octubre, las respuestas que esperan del ejecutivo de Rajoy y los mecanismos para asegurar las garantías del proceso, El Desconcierto conversó con Ferran Civit, diputado de Junts pel Sí, la coalición independentista que está a cargo del gobierno.

ferran civit_ERC_CAT

 

La Ley de Referéndum se aprueba a través del artículo 81.3 del reglamento del Parlamento, que permite alterar el orden del día e incluir la propuesta, pese a que el período de enmiendas e indicaciones se acorte y se reduzca el debate parlamentario. Eso ha sido duramente criticado por la oposición. ¿Cómo se preservarán las garantías democráticas para la aprobación de la ley?

Curiosamente los que dicen que el referéndum no es legal -cuando sí lo es, porqué se basa en los acuerdos internacionales signados por el Estado español-, dicen que no seguimos la legalidad para aprobar estas leyes. En cambio, esta ley se aprobará siguiendo un reglamento legal y democrático y que existe, y se ha aplicado, en el Congreso español y en otras comunidades autónomas. Es una actitud hipócrita porqué haya o no debate ellos quieren denunciar igualmente lo aprobado ante el Tribunal Constitucional. El debate político les da igual. Cuando por el mismo método se cambió en pleno mes de agosto la Constitución española para asumir las políticas de austeridad dictadas desde la “troika” europea no se quejaron. No quieren debate, por eso no quieren referéndum.

¿Cómo presienten que reaccionará Madrid tras la aprobación de la ley de referéndum y su convocatoria?

Desde Cataluña, utilizaremos todos los instrumentos pacíficos y democráticos para que la ciudadanía pueda votar y, a la vez, aplicar su voluntad, sea cuál sea. El problema es que el Estado español utilizará, probablemente, todos los instrumentos que tiene a su alcance, que pueden ser cualesquiera. Nosotros haremos todo lo posible para que la gente vote y se exprese libremente. Es lamentable que en pleno siglo XXI votar todavía se considere intolerable.

Se elaboró una Ley de Transitoriedad que, si gana el ‘Sí’, es la que permitirá a Cataluña traspasar a Barcelona las estructuras de estado y competencias que hoy están en Madrid. ¿Por qué acordaron aprobar esta ley ahora en vez de hacerlo después si es que se consigue una mayoría en el referéndum que, en la práctica, sería cuando se aplicaría esta ley?

Se aprueba antes del referéndum del 1 de octubre porqué la ley del referéndum dice claramente que éste es vinculante. Si gana el ‘No’, se convocarán inmediatamente elecciones autonómicas. Pero si gana el ‘Sí’, se aplica lo que dice la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana. Por eso se aprueba ahora, para poder aplicarla inmediatamente. Pero, dentro de esta ley se dice claramente en una disposición final que sólo entra en vigor si gana el ‘Sí’. O sea, que si gana el NO, no se aplica.

¿Cómo se aseguran que el proceso tenga las garantías democráticas necesarias para que recoger los avales suficientes por parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional, por ejemplo, disponer de un censo?

Este proceso tiene todas la garantías democráticas homologables internacionalmente. Lo que no tiene, muy a nuestro pesar, es la colaboración del Estado español, al contrario de lo que pasó en Noruega con Suecia el 1905, en Quebec con Canadá en 1980, o en 1995 o recientemente entre Escocia y el Reino Unido. Pero con colaboración española o sin ella, tiene toda la garantía, legitimidad y legalidad internacional y esto incluye censo, urnas, papeletas, libertad y secreto de voto. Ademas, contará con dos misiones de observación internacional: una para validar la correcta organización de la Sindicatura Electoral y, la otra, para validar que la ciudadanía ejerce libremente y secretamente su derecho al voto. ¿Garantías democráticas? Todas ¿Colaboración del Gobierno español? Ninguna.

¿Qué pasará si el 1 de octubre la justicia española ordena retirar las urnas a la policía catalana (Mossos d’Esquadra)? ¿A quién deberán obedecer los agentes catalanes, considerando el choque con la institucionalidad española se ha acentuado después de los atentados del 17A?

Si ordenan retirar las urnas, estarán cometiendo una ilegalidad los propios tribunales porque no hay un solo artículo en la legislación española que considere delito hacer un referéndum. Votar no es un delito, es la máxima expresión de libertad. Los Mossos d’Esquadra estarán al lado del pueblo, sin ninguna duda. Y más ahora, después de los ataques mediáticos y políticos que han venido de las instituciones de poder de Madrid a raíz de los lamentables atentados del 17A.

¿Cree que la campaña de descrédito de la prensa española hacia la policía catalana después de los atentados tendrá algún costo para el apoyo del referéndum?

Si es así, habrá sido a los organizadores de la guerra sucia de estos días. La prensa española lleva dos siglos criticando con acritud, acidez, demagogia y malas artes cualquier reivindicación de Cataluña, como lo hacía igualmente con las legítimas aspiraciones de lo que entonces eran las colonias americanas y ahora son estados de pleno derecho en el concierto de naciones. En los próximos meses, este acoso y derribo mediático se incrementará hasta límites insostenibles.

Las cifras muestran el pleno apoyo al referéndum, pero cuando se habla de independencia, no se llega al 50 por ciento, o en el mejor de los casos, los resultados son muy ajustados. ¿Se podrá empezar un proceso constituyente con un 50,1 por ciento de los apoyos al cabo de 48 horas de consulta? ¿Cómo hacerlo sin provocar una división social que acabe pasando factura a la sociedad catalana?

Hay encuestas para todo. Por ejemplo, las últimas dicen que la independencia tiene más apoyos que detractores. Pero una encuesta es una encuesta, y la encuesta definitiva es el referéndum plenamente vinculante. El Parlamento y el gobierno catalán, la Generalitat, aplicarán el resultado sea cuál sea porqué será la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña.

En el año 1986, se hizo un referéndum para decidir si España se mantenía o no dentro de la OTAN. En el País Vasco y en Cataluña ganó el ‘No’, pero asumimos el ‘Sí’ global que ganó. Si gana el ‘No’ por el 50,1 por ciento de los apoyos se continuará como ahora con una autonomía insuficiente. ¿No existe, entonces, el riesgo de división social? En Cataluña no hay fractura ni división. Hay discrepancias políticas que son más fuertes que no las futbolísticas, pero no para generar fractura social. La discrepancia política entre gente plenamente demócrata no es más que eso, discrepancia y sano debate político.

¿Cómo se ha pensado en dar argumentos para que participen los miles de personas migrantes que viven y trabajan en Cataluña, en especial a la comunidad latinoamericana? El concejal uruguayo de la ciudad de Sabadell, Gabriel Fernández, lanzó unas líneas en este sentido a favor de la convocatoria. 

Cataluña tiene una larga relación con Latinoamérica desde finales del siglo XVIII, que es cuando se permitió a los catalanes comerciar con América. Muchas familias tenemos raíces allí, por ejemplo gran parte de mi familia paterna son de Guatemala. Gabriel Fernández, como Ana Surra, también uruguaya, que ahora es diputada en el Congreso español, y como otros muchos más son una muestra de la Cataluña plural que hay hoy y que quiere representar mi partido, Esquerra (Izquierda) Republicana de Catalunya (ERC). No sólo de Latinoamérica, sino de todas las partes del mundo. ERC también tiene un diputado de origen marroquí y un senador originario de la India.

El movimiento independentista es un movimiento cívico, pacífico y democrático y no se pregunta por el origen, ni la lengua ni las creencias ni la ideología para ser catalán, tan sólo la voluntad de serlo. Por eso, desde hace tiempo se hacen campañas entre estas comunidades porque somos el mismo colectivo, independientemente del origen.

Hay una organización que se llama ‘Sí con Nosotros’, que reivindica la plena participación en la construcción de la Cataluña independiente, especialmente de la comunidad latinoamericana. Cataluña ha sido y es un proyecto inclusivo y todo el mundo está invitado y se debe sentirse invitado a participar. Eso sí, en el referéndum de independencia tan solo podrán votar los ciudadanos que tengan nacionalidad española y sean residentes en Cataluña.

La comunidad internacional tendrá un papel fundamental a la hora de dar legitimidad al referéndum. ¿Buscarán apoyo en los gobiernos latinoamericanos ello?

Buscamos el reconocimiento de todos los países democráticos para que nos consideren iguales. Desde hace tiempo se han realizado encuentros formales e informales con diferentes gobiernos y sabemos que los gobiernos latinoamericanos serán clave en el reconocimiento ya que ellos estuvieron antes bajo tutela y dominio español. Y, qué curioso, ninguno ha pedido volver bajo el yugo de la metrópoli.

¿Considerando que muchos de ellos tienen experiencias en procesos constituyentes después de períodos de inestabilidad política o dictatorial, les han pedido o tienen previsto preguntarles por sus experiencias?

Mayoritariamente, las constituciones las han hecho hombres heterosexuales de clase media y alta. Y en el caso del Estado español, la Constitución se redactó teniendo en una habitación de al lado -literalmente- al ejército franquista, que validaba o no los diferentes artículos. Ahora no queremos unos padres o próceres de la patria, queremos que todos y todas sean padres y madres de la nueva Constitución, tengan la formación que tengan, tengan el origen que tengan, la lengua u orientación sexual que tengan. Dentro de la gran diversidad debemos consensuar un gran punto de encuentro para todo el mundo. Toda la ciudadanía será prócer de la patria.

Hemos analizado diferentes procesos constituyentes como los de Bolivia, Irlanda o Islandia entre otros. Tenemos todo el derecho a hacer un país libre, pero también tenemos el deber de hacer un país mejor. Y esto se consigue con un Proceso Constituyente.