Tras 12 horas de debate parlamentario, el Parlamento catalán aprobó este miércoles la Ley de Referéndum que dará amparo legal para celebrar la consulta sobre la independencia de la región el próximo 1 de octubre.

Después de una dilatada y tensionada jornada, por 72 votos a favor y 11 abstenciones, los parlamentarios dieron luz verde a la medida. Votaron a favor los grupos Junts pel Sí, la coalición que encabeza el gobierno de Carles Puigdemont, y la CUP, la izquierda anticapitalista.

La votación no registró ningún voto en contra porque los diputados unionistas del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, abandonaron el hemiciclo en señal de protesta por la votación.

Con la aprobación de la esta ley, el escenario abre un choque de legitimidad entre el gobierno catalán y el español, ya que Mariano Rajoy está dispuesto a desplegar todos los mecanismos de la justicia española para evitar que el referéndum se celebre, tal y como prohíbe a la Constitución española de 1978.

De hecho, durante la mañana, el gobierno español ya presentó ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia en contra de la admisión a trámite de esta ley. Este recurso solicita a la fiscalía que investigue si hubo o no delito penal en la admisión a trámite por parte de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa que votaron a su favor, y emplazan a los jueces a actuar de forma “preferente y urgente” dada la “extremada relevancia constitucional del caso”.

Junto con esto, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció que se querellará contra la mesa del Parlamento per haber admitido a trámite la Ley de Referéndum.