La asesorías externas del Congreso están en el ojo del huracán. Primero fue en la Cámara de Diputados, cuando la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI Lily Zúñiga reconoció que se pagaban por asesorías falsas y motivó una investigación de parte del Ministerio Público.

Ahora, tras las asesorías copy paste del senador Alejandro Guillier, se expandió la investigación al Senado.

Ambas corporaciones tienen millones de pesos destinados mes a mes a sus asesorías externas. Estas incluyen, según un reportaje de Ahora Noticias que analizó más de 3 de estos documentos, copias de hasta un 90% del contenido de información pública -incluida la enciclopedia Icarito- pago para mantener actualizadas las redes sociales e incluso para campañas electorales.

Un oficio del Ministerio Público que solicita todos los contratos de asesorías externas a los senadores fue abordada ayer en la reunión de comités de partidos. La opinión transversal fue un rechazo a la investigación, pese a los antecedentes que han salido a la luz.

Los encargados de la ofensiva fueron los senadores Hernán Larraín (UDI), quien dijo que la investigación “raya en la ofensa” y el presidente de la Cámara Alta Andrés Zaldívar (DC), quien de hecho llamó directamente al fiscal nacional Jorge Abbot para decirle directamente que no se puede cuestionar al Senado en su conjunto.

“Le manifesté mi impresión de que la solicitud de la fiscalía requería de parte nuestra un estudio, porque creíamos que no estaba ajustada a los términos en los cuales se debe hacer”, dijo ayer el senador.

Así, Zaldívar pasó por encima del fiscal que solicitó los documentos, Manuel Guerra y fue directamente al jefe.