40 de 120. Un tercio de la Cámara de Diputados utilizó sus millonarios recursos de asesorías externas para obtener informes que fueron, parcial o totalmente, plagiados.

Un reportaje de Ciper muestra quiénes son estos diputados y diputadas y qué informe es el cuestionado. Se trata de un ejercicio de revisión de las asesorías pagadas entre los años 2014 y 2016. Vale recordar que en la Cámara de Diputados, cada parlamentario tiene una asignación de $2,4 millones mensuales para asesorías externas.

De estas, por lo menos 12 diputados pagaron por informes que fueron plagiados en su totalidad. Gustavo Hasbún (UDI) lidera la lista con 3 documentos; lo siguen con 2 Claudia Nogueria (UDI), Carlos Vilches, Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC); y con uno está Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC).

El caso de Rincón es llamativo: Pagó $2,2 millones a Paulina Gómez Barbosa, quien plagió un documento disponible en la página de trabajos escolares monografías.com

En tanto, son 11 diputados los que tienen más de 4 informes plagiados parcialmente. Lideran la lista Camila Vallejo (PC) y Nogueira, con 8 informes; siguen con 6 Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC); Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC), con cinco informes y cierran con tres documentos Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS).

También se encontraron informes plagiados de los siguientes diputados (algunos ya dejaron la Cámara): Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniela Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marco Antonio Nuñez (PPD), María José Hoffmann (UDI), Marta Isasi (Ind), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Ind), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN), Pedro Araya (Ind DC), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Ind) y Vlado Mirosevic (PL).

Las explicaciones

Camila Vallejo pagó $6,2 millones de pesos al thin tank del Partido Comunista, el ICAL, por la elaboración de los 8 informes que fueron plagiados parcialmente. Uno de ellos, por ejemplo, corresponde al “peligro del asbesto en Chile”, en el que 59 de sus 75 páginas fueron copiadas. Se pagó $776 mil pesos por esto.

Otro era un estudio sobre el sistema de educación peruano, pero se borró las referencias al país vecino y se hizo pasar como un informe general. También se pagó $776 mil.

La diputada respondió a Ciper reconociendo el error. Ofreció devolver dinero de su dieta parlamentaria y anunció el fin de la relación con el ICAL. “Estamos esperando los resultados de la auditoría de la Cámara respecto a estas asesorías, que deberían estar pronto, y si es como ustedes dicen, lo más probable es que haya sanciones. Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL). Ustedes se adelantaron a la auditoría y a la luz de los antecedentes que pudimos comprobar nos parece que lo correcto es terminar el contrato con ICAL”, afirmó.

“Yo expresamente había pedido rigurosidad en los contenidos contratados con ICAL. No vamos a exigir que todo lo que se entrega sea de elaboración propia, pero lo mínimo es que si se ocupa información de otros se cite como corresponde. Yo apenas supe de esto en la mañana me puse en contacto con ellos y pedí explicaciones. Me dijeron que no era así, que no había plagio, pero a mí me parece que está claro. Por eso, independiente de lo que ellos quieran declarar ante la opinión pública, nosotros vamos a terminar el contrato”, agregó la diputada.

La otra diputada líder en informes plagiados es la UDI Claudia Nogueira, que tiene 8 con copia parcial y 2 con copia total. Estos fueron encargados a Álvaro Lavín Aliaga, socio de su esposo y ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, que además es una de las sociedades con boletas a Corpesca en el marco del financiamiento ilegal de la política.

Algunos de ellos son de solo página y media con copias textuales de documentos del mismo Congreso. Otros informes son los autodenunciados por Lily Zúñiga, lo que originó la investigación sobre este tema por parte de la Fiscalía.

Otro caso importante es el de Roberto León (DC), el mismo cuestionado por el caso SQM. Pago cinco informes con plagio al Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac) por un total de $10,9 millones.

Uno de ellos, de $2,1 millones, es una copia a un artículo de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Austral.

En el caso de Andrea Molina (UDI), llama la atención que su asesora Francisca Navarro plagió discursos de sus pares parlamentarios. Así, por ejemplo, uno de ellos es una intervención de Cristina Girardi (PPD) y otro es una del senador Iván Moreira (UDI).

El propio presidente de la Cámara de Diputados también está implicado. Fidel Espinoza (PS) pagó cuatro documentos al Instituto Igualdad por $1,2 millones, que fueron plagiados parcialmente de notas de prensa.

Mira acá la lista completa elaborada por Ciper.