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Pinochetismo puro: Kast propone retirar estatua de Allende, ampliar Punta Peuco y auditar fondos a torturados

Por: El Desconcierto | Publicado: 08.09.2017
Sin verdad ni memoria ni justicia. El candidato presidencial independiente anuncia una revisión completa a todo lo que tenga que ver con la dictadura militar, alimentando el negacionismo y el querer igualar los hechos con el gobierno de la Unidad Popular.

José Antonio Kast, el diputado independiente que busca ser presidente, no tiene problemas en esconder su políticas más reaccionarias contra la memoria, verdad y justicia contra las víctimas de la dictadura militar en Chile. Hoy, el llamado «candidato de la familia militar» decidió lanzar sus propuestas para, según él, «alcanzar la verdad y la reconciliación». Y lo hace a solo tres días de que se cumplan 44 años del fatídico Golpe de Estado de 1973.

«Proponemos hacer una revisión del rol que ha tenido y tiene el Gobierno de Chile en la persecución de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la idealización de ciertas figuras y hechos históricos por la izquierda que no han sido debidamente contrastados con la verdad histórica«, afirmó Kast.

Entre las propuestas, está el retirar la estatua de Salvador Allende de la Plaza de Constitución, porque es un «agravio mayor» el hecho de «homenajear a uno de los más grandes responsables del quiebre político, social e institucional del país».

Ante el anunciado cierre del penal de Punta Peuco, donde hoy 129 violadores a derechos humanos tienen un trato preferencial en comparación con el resto del sistema penal chileno, afirmó que decisión de ampliar su capacidad.

También extenderá el período que abarque el Museo de la Memoria hacia hechos previos al 11 de septiembre de 1973, para que se de «cuenta de la grave crisis que afectó al país en los años previos; la violencia desatada contra la propiedad privada, los grupos políticos que se marginaron de la constitucionalidad y las leyes».

También anunció que revisará el funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de los fines del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que creará una comisión que auditará los fondos entregados a exonerados y torturados políticos.

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