El estudio titulado “Pobreza y la fragilidad del modelo chileno. Nuevos indicadores para el debate de pobreza en Chile realizado de los investigadores de la Fundación SOL, Gonzalo Durán y Marco Kremerman y publicado a fines del mes de julio, resulta muy útil para darnos cuenta de que los frecuentes problemas que tienen como causa la escasez de recursos no son azarosos. Las dificultades para llegar a fin de mes no tienen como causa que los chilenos simplemente seamos malos administrando nuestros sueldos o que quienes administran mal pocos recursos sean menos inteligentes. En base a dicho trabajo podemos afirmar que la reducción de la pobreza por ingresos al 11,7% es, en cierto modo, una cifra tramposa. Si tomamos los ingresos autónomos, es decir, los ingresos generados sin subsidios ni el alquiler imputado, el 26,9% de los chilenos cae bajo la línea de la pobreza.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Social, la institución encargada de implementar la “política social”, ha continuado con las políticas de focalización del gasto, la derecha ha criticado tibiamente esto, levantando sugerencias como el impuesto negativo al ingreso. Felipe Kast nombró esta medida en su campaña de la primaria presidencial, pero pasó sin pena ni gloria. La crítica de la izquierda a la focalización simplemente se ha quedado en el planteo de los derechos sociales universales sin profundizar mucho en lo referente al tema de la pobreza, el que según estudios como el publicado por la Fundación SOL, no tiene por qué ser dejado de lado. La cuestión de fondo es algo más simple: no hay que administrar la pobreza, a la pobreza hay que ponerle término. No se trata de poner unos pesos más o unos pesos menos para combatirla sino que se trata de ponerle punto final. Los asuntos vinculados con la falta de medios y recursos no deben prestarse sin oposición a eslóganes con los que profita la derecha, son problemas que deben estar sujetos a una obligación política, tal como es una deuda que debe ser satisfecha lo antes posible.

Entre las propuestas que se han bosquejado para solucionar el problema de la pobreza en los debates fuera de Chile se ha destacado la renta básica universal (RBU). Esta medida puede ser caracterizada como un sistema de seguridad social que se define por la entrega regular de un monto de dinero a cada residente del territorio (sea nacional o extranjero), sin exigir ningún otro requisito adicional. Este sistema, en principio, acabaría con la pobreza de ingresos si el Estado le entregase a cada residente un monto igual o superior a la línea de la pobreza, cifra que hoy nos entrega la encuesta CASEN. Uno incluso podría llegar a considerarla un derecho, tal como el derecho al voto, el derecho a la propiedad o el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ocurre con el resto de los temas ajenos a nuestra discusión cotidiana, cuando nombramos esta idea surge una serie de confusiones y dudas, simplemente porque es una medida que tiene un nombre similar a otros conceptos que sí usamos en nuestro contexto.

En primer lugar, cuando hablamos de una renta básica, no estamos hablando del salario mínimo. Para los defensores de la renta básica universal, es necesario garantizar un ingreso independiente de aquel proveniente del empleo remunerado por varias razones. Las más famosas, son aquellas relacionadas con la transformación del mundo del trabajo. Cada vez se requiere menos esfuerzo para obtener los mismos resultados en la producción. La robotización y el avance tecnológico en general han contribuido enormemente a esto. Otras menos populares, dicen relación con que una renta constante y significativa no dependiente de los ingresos laborales fortalecería la capacidad negociadora de los trabajadores, tanto individual como colectiva. Esto, en virtud de que cada trabajador individualmente podría negarse a realizar trabajos indignos, a la vez que los grupos tendrían, por ejemplo, una mayor capacidad para sostener a lo largo del tiempo huelgas, lo cual redundaría en una mayor libertad colectiva para enfrentar a la empresa con la que negocian.

En segundo lugar, cuando hablamos de una renta básica no estamos hablando de un ingreso ético familiar. Por definición, la renta básica es una suma de dinero que se entrega individualmente a todos los residentes, sin tener en cuenta si viven solos o acompañados. A la hora de la entrega tampoco se tiene en cuenta si esa persona cumple con ciertos requisitos que debieran ser probados ante la autoridad. Hoy para acceder al ingreso ético familiar se exige cumplir con ciertas exigencias determinadas e impuestas por la administración. Tomarse en serio el derecho a la seguridad social, implica aceptar que el ingreso ético familiar no es un subsidio que trata dignamente a quienes hoy viven en Chile. Es bastante desagradable tener demostrar que no se tienen los medios para vivir “como la gente”, a tal punto que algunos prefieren no hacerlo. Tampoco es una política eficiente, porque en general la política de subsidios, involucra gastos innecesarios para mantener documentación en espacios especiales (que en algunos casos son improvisados) y así se pierden espacios en las oficinas públicas que perfectamente podrían ser utilizados para perseguir mejores fines. Cuando se trata a todos por igual, no se estigmatiza a nadie y es posible tratar dignamente a todos.

Además, al ser un monto entregado individualmente, puede favorecer a las mujeres con baja capacidad de generación de ingresos. Esto porque les daría una mayor capacidad para independizarse económicamente, puesto que al tener una fuente de ingreso permanente se les haría más fácil entrar y salir del mercado laboral atendiendo a su interés o su voluntad. Sin embargo, tal como lo comentó la profesora de la Universidad de Utrecht Ingrid Robeyns en un artículo publicado en 2001, sólo asegurando un ingreso monetario resulta difícil independizar a las mujeres completamente desde el punto de vista económico, y es necesario asegurar ayudas para el cuidado de sus hijos, una política activa contra la discriminación por razón de sexo en el trabajo y que tanto el estado como la sociedad civil propicien formas para desafiar los roles de género.

A mi juicio la renta básica universal es una medida deseable, que plantea una solución radical, y que constituye una alternativa interesante a lo que hasta el día de hoy se ha propuesto en materia de seguridad social y redistribución. No debe ser tomada tampoco como una medida que sólo es viable en los países del primer mundo, donde ya se han iniciado varios experimentos. Obviamente no es una política que en Chile deba implementarse de un día para otro. Sin embargo, es una medida razonable que todos debiéramos tomarla en cuenta y que debiera estudiarse con entusiasmo, a partir de datos empíricos entregados por estudios hechos en nuestro país.

Para iniciar esto, simplemente se requiere que en el marco de una prueba piloto, la administración seleccione al azar un grupo acotado de residentes dentro del territorio nacional, les asigne un monto de dinero determinado por nuestras cifras de pobreza sin pedir nada a cambio, y ver cómo se comportan. Por ello es que lo óptimo sería que prontamente se comenzara a innovar en políticas contra la pobreza iniciando experimentos similares a los que ya se están realizando en Finlandia y en otras partes del mundo.


Egresado Derecho U. de Chile