El rechazo al Decreto Supremo 866, más conocido como el “decreto espía”, presentado por el gobierno y que establece un nuevo reglamento de interceptación de las comunicaciones telefónicas, sigue sumando detractores.

La normativa liderada por el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar por dos años el registro de los metadatos de las comunicaciones, es decir, datos como la identidad, número telefónico, geolocalización, antecedentes administrativos y financiero. Esta información podrá ser solicitada por la Policía de Investigaciones (PDI) a los proveedores del servicio, lo que extiende de forma considerable las facultades que tiene la legislación actual, que solo pide el resguardo de las direcciones IP durante un año y para acceder a ellas es necesaria la autorización de un juez.

[Lee en El Desconcierto: Qué hay detrás del #DecretoEspía, la peligrosa norma del gobierno que violaría la privacidad de las personas]

Durante los últimos días, miembros de todos los sectores políticos han manifestado su falta de apoyo en distintas instancias. Entre ellas, se encuentra la Contraloría, a la que han acudido el candidato a diputado, Francisco Figueroa (desde el Frente Amplio), Alejandro Navarro por País, y en conjunto, los senadores Felipe Harboe (PPD) y Hernán Larraín (UDI), para presentar sus argumentos en contra.

En el Congreso también habrá movimientos. En la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios del frente Amplio y la Nueva Mayoría presentarán un proyecto de acuerdo apelando a que el gobierno desista de la iniciativa, mientras que el ministro del Interior Mario Fernández se reunirá con la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado para escuchar sus argumentos y postura con respecto al “decreto espía”.

“Esta medida atenta contra la legalidad vigente y derechos fundamentales en torno a la privacidad de las personas”, declaró el diputado Giorgio Jackson (RD).

También otras instancias fuera del poder legislativo también han manifestado su oposición, como es el caso del Consejo para la Transparencia, que a través de una carta publicada en El Mercurio, criticaron que esta medida se haya adoptado a través de un decreto del Ejecutivo, y señalaron que “este tipo de decisiones se debiese dar en el contexto de dicha discusión legislativa y siguiendo los principios rectores recogidos en su propio proyecto de ley”.