El día de ayer, la presidenta Michelle Bachelet anunció la intención de levantar el secreto -que perduraría 50 años- de los archivos de la comisión Valech I para permitir el acceso al Poder Judicial. “Esta semana dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre antecedentes aportados a Comisión Valech I. Esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos”, dijo la mandataria.

De materializarse el acceso de los tribunales a estos archivos, este será un avance, ya que constituye una exigencia básica que el Estado debe garantizar. Sin embargo, continúa negando el acceso a estos testimonios a las víctimas y a la opinión pública en su conjunto, es decir, niega el pleno derecho a la justicia. Así es como se pondría a disposición, solamente de los jueces, todos los antecedentes que permitirían alcanzar la plena verdad y justicia en relación a los crímenes cometidos por la dictadura.

El proyecto que actualmente se encuentra en discusión en el Senado nos parece insuficiente frente a la demanda de acceso total y conocimiento a la verdad. Desde Londres 38 hemos promovido activamente la completa apertura, a la sociedad en general, de los archivos de las Comisiones de la Verdad, Rettig, archivos de la Fuerzas Armadas y Valech, con la convicción de que el conocimiento de cómo operó el terrorismo de Estado en nuestro país es un derecho de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el derecho a la verdad no es exclusivo ni de las víctimas, ni de los tribunales, por lo que este proyecto no resolverá lo que la propia mandataria expresó: “El conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una Patria aún fracturada”. Con esta promesa, ni las víctimas que declararon, ni la sociedad en general, podrá conocer la verdad: derecho a conocer estos antecedentes seguirá siendo negado.

Sobre la discusión del proyecto se ha argumentado sobre la sensibilidad de los datos y la voluntad de algunos declarantes de no publicar sus informaciones, creemos que el principio del derecho social a conocer la verdad y el pasado debe prevalecer y fundar la iniciativa de liberar públicamente estos antecedentes. Una acción de este tipo defendería el interés público, pues no es aceptable que se impida un derecho colectivo por la voluntad de particulares, para los cuales, el Estado tiene las herramientas de resguardo de sus datos o información sensible, sin clausurar ni restringir el acceso al conjunto de la documentación.

Desde Londres 38 continuaremos promoviendo las iniciativas que avancen en terminar con la cultura de secretismo e impunidad, con la convicción de que es necesario fortalecer principios democráticos fundamentales: La transparencia, el derecho a la verdad, así como también a la justicia y la memoria.