Hace menos de un año, el 29 de octubre de 2016, se publicaba la Ley 20.957 y se daba un gran paso en materia de inclusión laboral en el poder judicial, permitiendo que personas en condición de discapacidad pudieran ejercer como jueces o notarios en el país, algo que antes les impedía el Código Orgánico de Tribunales.

En esa época valoré la medida, pero tenía la convicción de que no pasaría mucho. Hoy busco estadísticas, notas de prensa u otra difusión para saber su real efecto, y no encuentro nada. Por tanto, las preguntas surgen.

¿Cuántos jueces o notarios con discapacidad cumplen hoy la función gracias a esta ley? ¿Alguien hace seguimiento a la norma? ¿Hay interés en fomentarla? ¿Hay interés en implementarla?

¡La ley no basta! Debe ir acompañada por un trabajo de cambio cultural. ¿Quién pensaría de verdad que sería suficiente la promulgación de la ley si vivimos en una sociedad excluyente llena de prejuicios? Si no cambiamos la forma en como nos relacionamos, difícilmente avanzaremos en una sociedad más inclusiva.

La implementación de esta ley debiera incluir, por parte de los órganos del Estado y los servicios competentes, políticas claras, con tiempos y objetivos conocidos. De lo contrario se convierte en una declaración de buenas intenciones. Una vez más.

Cuando escribí la columna “Jueces con discapacidad, oportunidad para eliminar barreras”, entregué ejemplos de cómo una gran ley puede convertirse en letra muerta. Así recordé que en 1995 se publicó la norma que exigía a los edificios de uso público que las personas con discapacidad pudiesen acceder a dichas infraestructura, y años después -tras un catastro del Ministerio de Vivienda- se evidenció que la mayoría no cumplía con ella.

Tengo la convicción que en materia de discapacidad, como en otras, los procesos que implican cambios culturales y las leyes que apuntan a esos cambios, requieren de acompañamientos. Las personas requieren saber por qué se implementa una determinada medida. No debemos dar por sentado que un miembro de una Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema está ajeno a los prejuicios que muchos chilenos tenemos.

Desde Fundación TACAL estamos disponibles para acompañar este proceso. Porque antes que pensar en tener jueces o notarios con discapacidad, debemos preguntarnos –por ejemplo- si estamos dispuestos a que muchos abogados con discapacidad entren al poder judicial y hagan carrera en igualdad de condiciones.

No olvidemos que la discapacidad es solo una condición; una que no debe condicionar la vida de ninguna persona.

 *Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez #469, Independencia.


Presidenta Fundación TACAL