“Yo en un principio no podía imaginar que nos estuvieran disparando, no podía siquiera imaginar que nos iban a matar. Yo creí que era, no sé, algún cohete o algo, algún fuego pirotécnico de ese tipo, pero ya cuando empecé a ver las balas, los casquillos de las balas, ya me di cuenta de que sí nos iban a matar, de que nos estaban queriendo matar a todos“.

Carlos Martínez tenía 21 años y estudiaba su segundo año en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El 26 de septiembre de 2014 decidió, junto con sus compañeros normalistas, acudir a la ciudad de Iguala, a unos 250 kilómetros de distancia, dentro del mismo estado, para tomar varios autobuses y desplazarse hasta Ciudad de México, donde unos días después se conmemoraba la represión que en 1968 tuvo lugar en Tlatelolco contra miles de estudiantes.

Las tomas de autobuses se realizan desde hace años en muchas de las escuelas normales del país que, con un fuerte enfoque social, preparan a los jóvenes para ser maestros en pequeñas comunidades. Una práctica necesaria porque, ante el desinterés gubernamental por financiar este modelo educativo, permitía a los jovenes buscar recursos para llevar a cabo sus actividades sociales y políticas, y que incluso llegó a contar con el aval tácito de empresas y autoridades.

Sin embargo, aquella noche todo fue diferente. Los agentes cerraron el paso de cinco autobuses y dispararon para impedir que los muchachos salieran de la ciudad con los vehículos. Asesinaron a seis personas, entre ellas tres estudiantes, hirieron al menos a 40 más y detuvieron a 43 jóvenes que luego desaparecieron. Nadie los volvió a ver desde que la policía los amontonó en los asientos traseros de sus camiones. Sólo quedó el testimonio de quienes estuvieron ahí, como Carlos, una de las más de treinta voces que el periodista John Gibler entrevistó y compiló en el libro “Fue el Estado”, sobre los trágicos hechos que ocurrieron aquella noche y que hoy, tres años después, siguen sin esclarecerse.

Familiares, amigos y conocidos de los chicos siguen preguntándose dónde están los desaparecidos, buscando los responsables y tratando de aclarar qué pasó aquella noche.

El relato oficial en entredicho

Indagaciones llevadas a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que en los ataques, que se ejecutaron en nueve ubicaciones diferentes a lo largo de casi siete horas, además de fuerzas de seguridad públicas, también participaron miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, estrechamente vinculada con las instancias estatales de Guerrero.

Tanto el gobierno federal como el estatal construyeron varias descripciones de los hechos, minimizando el papel de la policía municipal, negando la participación de soldados y de policías estatales y federales, y atribuyendo toda la responsabilidad a Guerreros Unidos, cuyos miembros habrían asesinado y quemado los cuerpos de los jóvenes en la localidad de Cocula hasta hacerlos desaparecer casi por completo.

Pero la versión oficial, bautizada por las propias autoridades como “verdad histórica”, no calza con las declaraciones de los acusados y hay evidentes contradicciones que cuestionan su validez. Se ha documentado que las indagaciones oficiales se sostienen exclusivamente en supuestas confesiones –varias obtenidas bajo la tortura–, sin el respaldo de pruebas forenses, y que presentan violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.

Además, varias diligencias se llevaron a cabo fuera de la legalidad. De hecho, el primero de los dos informes emitidos por el GIEI ya descartó la posibilidad de que la quema de los 43 cuerpos se diera en el basurero de Cocula. “La mentira del gobierno federal se construyó a base de la tortura de detenidos, la siembra de evidencias falsas en los lugares del basurero de Cocula y el llamado Río de San Juan, y la destrucción de evidencias clave”, señala John Gibler, quien viajó a la zona una semana después de los ataques. Y agrega: “Ni el GIEI ni el Equipo Argentino de Antropología Forense encontraron ni una sola evidencia física que corroborara la versión de los detenidos”.

Entre los señalados como presuntos responsables de practicar diligencias ilegales está Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General (PGR). Sin embargo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto supo de su implicación, en vez de suspenderlo, decidió premiarlo entregándole el cargo de secretario del Consejo de Seguridad Nacional, con dependencia directa de la Presidencia de la República. “El mensaje fue muy claro: el Estado protege a todos los que elaboraron y defendieron el encubrimiento de los ataques y la desaparición forzada masiva de los estudiantes”, asegura Gibler.

Pero la versión oficial va cayéndose a medida que avanzan las indagaciones de expertos y organismos internacionales. Hace unas semanas, Forensic Architecture, un grupo interdisciplinar de arquitectos, abogados y periodistas especializado en armar narrativas innovadoras de hechos complejos, presentó una cartografía interactiva de los hechos de Iguala que permite comparar la información oficial, contrastarla y cuestionarla.

Buscando a sus hijos

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Los padres y sobre todo las madres de los normalistas viven desesperados ante la impasibilidad de las autoridades mexicanas. Casi sin avances en la investigación, siguen buscando a sus hijos, denunciando la responsabilidad del Estado y pidiendo justicia a gritos de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Desde hace unos meses, han instalado una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación y la PGR para analizar los puntos que los expertos internacionales dejaron abiertos en su segundo informe. Entre ellos, están la participación del Ejército mexicano en los hechos, el análisis de los teléfonos de los estudiantes e implicados y el traslado de droga de Iguala a Chicago (Estados Unidos).

“La participación del Ejército ha sido difícil de documentar porque la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) negó en todo momento la solicitud del GIEI de entrevistar a los soldados presentes aquella noche”, explica el periodista. Según detalla, la base militar en Iguala se encuentra a menos de dos kilómetros de donde los estudiantes fueron atacados durante varias horas. Además, observaban los movimientos de los chicos desde las seis de la tarde a través del sistema federal de video vigilancia, y un agente de inteligencia militar estuvo presente en uno de los lugares del ataque pasando información a sus superiores en tiempo real.

A finales de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a acelerar la búsqueda de los muchachos y a agilizar las indagaciones.

Por su parte, la PGR, que anunció que entregará resultados del caso en octubre, insiste en la implicación de “Guerreros Unidos” en la desaparición y pese a que ha detenido y procesado un total de 130 personas, ninguna ha sido sentenciada.

Una dinámica de “narcoestado”

El brutal caso de los normalistas es uno más de la larga lista de asesinatos y desapariciones forzadas que se registran en México. Según datos de Naciones Unidas, la guerra contra el narco ha dejado un total de 175.000 muertos, mientras que el número de desapariciones forzadas ha pasado de 3.000 a 30.000, desde 2011 a la fecha.

Periodistas y expertos coinciden en señalar que el país funciona como un “narcoestado”, una fusión de las diferentes fuerzas policiales y militares con el crimen organizado, en el contexto de una supuesta “lucha contra las drogas”. El conflicto ha desembocado en una suerte de “guerra no convencional”, en el que hay miles de muertos, desaparecidos y familias desplazadas por la violencia. En opinión de Gibler: “El estado es narco, administra el negocio ilegal mientras se beneficia de la economía de la guerra”.

Tampoco genera expectativas el Proyecto de Ley contra la Desaparición Forzada. La iniciativa ya ha sido cuestionada por varias organizaciones por presentar deficiencias en la tipificación del delito, además de omitir la responsabilidad de los superiores jerárquicos de los autores materiales de la desaparición, como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

Gibler sostiene que las profundas transformaciones que necesita el país para revertir ese dramático escenario no vendrán con un simple cambio de gobierno, como el que podría llegar tras las elecciones de 2018. “Los cambios siempre han venido de abajo, de las luchas de la gente, de los procesos organizativos de los pueblos”, opina. Bajo esa lógica, insisten y resisten los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gallito contra el Estado no termina y mientras tanto, en México, sigue reinando la impunidad.

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