Luego de varias semanas de debate y movilización de parte de las mujeres bolivianas, quienes se hicieron sentir el pasado jueves en medio de protestas en La Paz, la Cámara de Diputados del país andino decidió ampliar las causales para ejercer el derecho al aborto legal.

La discusión planteaba un nuevo código del sistema penal, tras el fallo constitucional que en 2014 invitó al Estado de Bolivia a desarrollar normas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, en medio de un complejo escenario de criminalización del aborto clandestino.

Sin embargo, una de las causales contempladas por la iniciativa, que buscaba brindar la posibilidad de interrumpir el embarazo a aquellas mujeres de compleja situación socioeconómica, fue descartada debido a que “su interpretación generaba mucha distorsión”, según sostuvo la diputada oficialista Susana Rivero.

La normativa, aprobada hace unas horas, ofrece a las mujeres la opción de abortar “cuando tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no”. La misma alternativa se extiende a quienes sean estudiantes, niñas o adolescentes. 

Además, el aborto tampoco tendrá consecuencias penales cuando se practique para proteger la vida de la mujer embarazada, por inviabilidad fetal o cuando se practique tras una violación o incesto.

Al igual que en Chile, el debate no ha estado libre de polémicas y cuestionamientos desde los grupos religiosos y conservadores, que ven en la iniciativa un atentado contra la familia. Sin embargo, las autoridades han argumentado que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos, mientras que 67 mil mujeres acuden al año a servicios de salud, tras presentar complicaciones por abortos mal ejecutados.

Del mismo modo, la criminalización persiste: solo en agosto, una docena de adolescentes fueron encarceladas por someterse a interrupciones del embarazo clandestinas.