Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En nuestro país, a propósito de esta fecha, los medios de comunicación transmiten con entusiasmo que al parecer y por diversos motivos, en los últimos años ha habido un incremento de los denominados “trastornos mentales”. Asociado a este alarmante aumento de las “patologías psiquiátricas”, los noticiarios informan que son el principal motivo de licencias laborales. De acuerdo a ello, las “enfermedades mentales” serían la principal causa de pérdida de años de vida saludables, lo que implica un alto costo en términos de productividad.

En este marco, la Organización Mundial de la Salud incluso ha llegado a afirmar que uno de los obstáculos para el desarrollo de América Latina es el bajo presupuesto que se destina para abordar las problemáticas de salud mental en la Región. En consecuencia el Banco Mundial ha enfatizado el tema de salud mental como un elemento importante en la agenda del desarrollo y prioridad para las autoridades económicas y de salud de sus países miembros. Estas orientaciones, admitidas por nuestro país, se pueden constatar a partir de la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Salud mental y la discusión en el Congreso de un proyecto de Ley de Salud mental.

Por supuesto, lo que no se dice y lo que se oculta, es que el malestar laboral y el sufrimiento subjetivo que son producto de las políticas económicas del aludido Banco Mundial, no son problemas médicos. Las condiciones de vida imperantes en la sociedad actual explican ampliamente las razones de los padecimientos colectivos. Sin embargo, en el campo de la salud mental la respuesta institucional para abordar los fenómenos descritos ha sido estrictamente individual y biológica.

En la dimensión práctica, la perspectiva social se diluye y el abordaje biomédico se erige como la principal alternativa. Detección temprana y tratamiento oportuno son las claves que sustentan la necesidad de ampliar la cobertura de atención en salud mental. Esto significa una atención cercana a las personas, en las comunidades, pero también que el personal médico general sea capacitado para reconocer “trastornos mentales”. Es decir, más y mejor biomedicina: aumento de recursos públicos para más horas de consulta, más profesionales sanitarios, más intervenciones farmacológicas.

Sobre este último punto, la realidad se torna más conflictiva cuando se establece, sin cuestionamiento, la siguiente relación: se promoverá la salud mental de la población si ésta cuenta con mayor acceso a fármacos psiquiátricos. Al respecto, es necesario reflexionar sobre el preocupante aumento del consumo de psicofármacos en nuestro país.

El artículo “Consumo de antidepresivos en Chile entre 1992 y 2004”, sostuvo que la ingesta de estas sustancias aumentó un 470 % en 12 años. Según el estudio, el consumo total de dosis diarias de antidepresivos por cada 1.000 habitantes sufrió un incremento de 2,5 en 1992 a 11,7 en 2004. A su vez, entre los años 2010 y 2015, el gasto público en antidepresivos ascendió a 4.950 millones de pesos, según datos obtenidos desde la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) que solo intermedia una 40% del total de las compras del Estado en la materia.

Según el reporte estadístico de sustancias psicotrópicas elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB), la importación de metilfenidato en Chile – estimulante utilizado como tratamiento para el diagnóstico de Déficit Atencional (TDAH) – aumentó un 400% entre el 2005 y el 2015 (de 98 kg. a 436 kg.). A su vez, el año 2015, la CENABAST intermedió 377 millones de pesos en compras de Ritalín. El 2016, la cifra ascendió a más de 733 millones de pesos, destacando una orden de compra por más de 177 millones para Aradix Retard.

El estudio “Dependencia a benzodiazepinas en un centro de atención primaria de salud: Magnitud del problema y orientaciones para el manejo integral” publicado el año 2009, sostuvo que el consumo de benzodiacepinas o ansiolíticos entre pacientes consultantes en Atención Primaria en Salud (APS) alcanza entre un 30-40%, siendo mayoritariamente mujeres y de edad avanzada. Al respecto, entre los años 2010 y 2015 el gasto público en ansiolíticos ascendió a 2.500 millones de pesos, lo anterior corresponde a lo intermediado por CENABAST, sin perjuicio de las compras directas que realiza cada servicio de salud o corporación municipal.

De acuerdo a datos obtenidos de esta institución, entre los años 2010 y 2015 el gasto público en neurolépticos, más conocidos como antipsicóticos, ascendió a 12.600 millones de pesos. Según información del Instituto de Salud Pública (ISP), sólo la importación de clozapina entre los años 2008 y 2012 ascendió a más de 10 millones de comprimidos.

Ahora bien, estas alarmantes cifras se han incrementado con la inauguración de las denominadas farmacias populares. Por ejemplo, el año pasado el Ritalín tenía un precio de 2.380 pesos en la farmacia comunal de Recoleta, en otras farmacias del mercado, este fármaco se vendía a 40 mil pesos. Se trataba de un ahorro significativo al bolsillo del consumidor en relación a las grandes cadenas farmacéuticas, superior al 90%.

Sin un mayor cuestionamiento hacia el uso de drogas psiquiátricas en la población escolar, la municipalidad de Recoleta ha valorado positivamente la disminución del costo del Ritalín y que de esta forma, sea más accesible a la población. Esto demuestra que el aumento del consumo de psicofármacos, no se comprende, al menos directamente, como un grave problema de salud pública. Más bien todo lo contrario, en ciertos círculos progresistas, se interpreta como un avance significativo en la demanda social por garantizar el derecho a la salud.

En base a estos ejemplos – si bien podríamos mencionar muchos más -, sostenemos que el uso masivo de fármacos psiquiátricos representa una tendencia que debe ser problematizada ampliamente. La construcción de una sociedad sedada y el número cada vez mayor de personas encerradas al interior de manicomios químicos, es una realidad que no nos puede resultar ajena e indiferente.

Cuando los recursos y los esfuerzos se destinan inicial y prioritariamente para psicofármacos, la población en general, ansiosa en la búsqueda de una solución rápida y producto de la información sesgada, incorpora un discurso reduccionista biológico y avala prácticas de medicación psiquiátrica que debiesen replantearse en su origen, considerando sus gravísimas consecuencias a largo plazo. En la medida que los daños superan a los beneficios, el consumo de psicofármacos debiera realizarse por el menor tiempo posible y sobre todo, buscar alternativas antes de iniciar su ingesta.

Por otra parte, la disponibilidad creciente de fármacos psiquiátricos, en primer lugar, reduce la posibilidad de intervenir sobre las causas sociales del sufrimiento subjetivo y en segundo lugar, anula el desarrollo de aproximaciones psicosociales y comunitarias como alternativas reales para comprender y abordar nuestros problemas colectivos, en la medida que las personas que han dejado de tomar psicofármacos desarrollan una mejor calidad de vida en comparación a las personas que continúan consumiéndolos de forma permanente.

Para construir estas alternativas, se requiere cuestionar fuertemente las orientaciones ideológicas que individualizan los problemas compartidos, sustentan la medicalización de la subjetividad y garantizan el negocio de la industria farmacéutica con recursos públicos. Este posicionamiento es esencial para reflexionar respecto a un horizonte de autonomía: la posibilidad que la comunidad construya por sí misma una vida mejor y pueda abordar, a partir de grupos de pares y sin ningún juicio experto, sus propias dificultades subjetivas. Y en esa perspectiva, los fármacos psiquiátricos son parte del problema y no pueden ser parte de la solución.

En este sentido, una tarea concreta de un próximo gobierno del Frente Amplio con énfasis transformador, sería desarrollar acciones consistentes y progresivas para disminuir el gasto público en psicofármacos. De acuerdo a ello, como Frente de Salud del Movimiento Autonomista, reconocemos que el bienestar de la comunidad no tiene que ver con fármacos, especialistas ni con instituciones, sino con un modelo de sociedad que se haga cargo de las injusticias y desigualdades que generan malestar colectivo.

A su vez, reconocemos que cuestionar la perspectiva biomédica y asistencialista en el ámbito de la salud mental, requiere problematizar el derecho a la salud en su conjunto, ya que en este campo no sólo se consolida la privatización de los derechos sociales, sino también, abiertamente, la medicalización de la vida como expresión de la mercantilización en nuestra sociedad.

Bajo estos principios, espacios de participación social como el colectivo Autogestión Libre-mente y el colectivo Locos por nuestros Derechos, prefiguran, a través de relaciones horizontales, igualitarias y fraternas, un futuro distinto para lo que entendemos por bienestar desde la comunidad; creando desde esa locura colectiva, la salud mental que queremos. Valorando el enorme trabajo que han desarrollado en este campo, compartimos nuestro pequeño aporte en esta tarea, donde se encuentran nuestros caminos: la construcción de un movimiento social plural y diverso que se sienta convocado a pensar desde las grandes mayorías una sociedad más justa y solidaria.


Frente de Salud, Movimiento Autonomista