Antes de que este martes el presidente catalán, Carles Puigdemont, revelara sus intenciones “recoger el mandato del referéndum del 1 de octubre” pero dando un espacio de tiempo para que se produzca un diálogo con el Estado español, las especulaciones sobre las posibles salidas al conflicto eran muchas.

Una de ellas era la vía eslovena, que es la que finalmente se aplicó. El eurodiputado del bloque independentista Ramón Tremosa puso como ejemplo a este país horas antes de la comparecencia en el pleno y explicó que declaró la independencia y suspendió sus efectos durante un tiempo a la espera de poder sentarse en una mesa, sin condiciones previas, para negociar un referéndum acordado.

Eslovenia declaró la independencia, la suspendió y “al cabo de seis meses de negociaciones en los que Belgrado ni se sentó a la mesa, comenzaron a caer los reconocimientos internacionales“, dijo Tremosa.

Según comentó, el país celebró unas elecciones “con una especie de Junts pel Sí y logró mayoría absoluta”, tras lo que intentó negociar con Belgrado su independencia “y no hubo manera”, motivo por el que “hizo un referéndum unilateral y lo ganó”.

El referéndum se produjo el 23 de diciembre de 1990, y el sí a la independencia obtuvo un 95% de respaldo –con un 93,2% de participación–. A partir de ahí, Eslovenia declaró su independencia y “a los pocos días” la suspendió durante unos meses con el fin de negociar con Belgrado. El impasse duró seis meses, hasta el 25 de junio de 1991, cuando el Gobierno esloveno declaró unilaterlamente la independencia.

Una de las diferencias principales entre ambos escenarios es que en aquel entonces, a diferencia de España, Yugoslavia no era miembro de la Unión Europea ni de la OTAN, y su desintegración se vio acelerada por la caída del muro de Berlín y la URSS.

El conflicto desembocó en una guerra de diez días que empezó tras la declaración de independencia y que se saldó con 44 soldados yugoslavos muertos, 18 eslovenos y otros 12 ciudadanos extranjeros.

En diciembre de 1991 Alemania reconoció a Eslovenia y Croacia. La Comunidad Europea lo hizo en enero de 1992.

El artículo 155

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya había anunciado que, para él, la aplicación del artículo 155 de la Constitución se haría tanto si la declaración de independencia de Puigdemont se aplicaba de forma automática o en diferido.

La Constitución de 1978 establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere” sus obligaciones “o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno estará facultado para “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Para hacerlo, añade la Carta Magna, “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Su aplicación necesita la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, de la que dispone el Partido Popular en la Cámara Alta.

Esta mañana, el ejecutivo español dio señales de poner en marcha el mecanismo con el requerimiento que envió a Puigdemont para que aclare si en el pleno de ayer se declaró o no la independencia. El requerimiento formal es el primer trámite que tiene que hacer el presidente Rajoy para activar el 155.

En función de la respuesta del mandatario catalán la Moncloa avanzará en esta dirección. Esta tarde, Mariano Rajoy especificó que Puigdemont debe aclarar antes del lunes si ha declarado o no la independencia. Si dice que sí, le dará hasta el jueves para “volver a la legalidad”. En caso de que el escenario en Cataluña se mantenga, el ejecutivo español se pondrá en contacto con el Senado para comunicarle su intención de aplicar el artículo 155, nunca utilizado hasta ahora.

Llegados a ese punto, el Senado tendrá tres tareas: convocar a la mesa, reunir a la Comisión de Comunidades Autónomas (regiones) y, por último, llevar el tema a pleno.

Rajoy tendría que especificar las medidas concretas que quisiera poner en marcha. El hipotético permiso del Senado sería para activar esas medidas y no otras. Eso sí, en ningún sitio está escrito que exista un límite para el Gobierno, que tiene carta blanca para pedir lo que considere oportuno al Senado.