Fue un día tenso en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Ad portas de un veredicto final tras dos meses de juicio y un año y siete meses de prisión preventiva para algunos de los imputados, las acusaciones van de un lado al otro en el caso Luchsinger Mackay. Después de las réplicas de las defensas, se espera que mañana o el miércoles haya un veredicto final para los 11 imputados acusados de incendio de carácter terrorista.

Hoy, el fiscal Luis Arroyo insistió en la veracidad y legitimidad del testimonio de José Peralino Huinca, imputado en la causa, quien en 2015 -y en presencia de los propios fiscales que llevan el caso- acusó a los otros 10 imputados. El problema es que Peralino, en una nueva declaración en 2016, se desdijo y acusó a los funcionarios de la PDI que le tomaron la declaración de haberlo obligado de culpar al resto.

En el juicio declararon los PDI Guillermo Vilches y Claudio Leiro como “testigos de oídas” de la declaración inculpatoria de Peralino. Sin embargo, las defensas no solo han apuntado a deslegitimar esto, sino que aseguran que las otras pruebas también se terminaron de derrumbar.

En el caso de la machi Francisca Linconao, por ejemplo, el defensor regional Renato González apuntó a que el último registro de llamada telefónica que hizo la machi el día del incendio en el fundo Lumahue fue a las 19:33 y a un sobrino suyo. Esto implicaría que no hubo una reunión previa en su casa al ataque, como dice la declaración de Peralino. Además, se cuestionó la presencia de una caravana de 30 personas en 3 camionetas rojas de las que no existen pruebas de su existencia, pues ninguno de los tres puntos fijos de Carabineros que estaban esa noche en los alrededores las vieron, no dejaron huellas en el lugar y tampoco fueron notadas por Jorge Luchsinger cuando llegó a socorrer a sus padres.

La defensa de la machi también cuestionó la tesis de la Fiscalía de que la ruta de escape de los supuestos 30 atacantes -de los que se conocerían solo 12, contando al ya condenado Celestino Córdova- terminara en la propia casa de Francisca Linconao, pues se demostró que las huellas -que no correspondían a las de una caravana de esa magnitud- terminaban en el cerro Rahue, a más de un kilómetro de la casa de la machi.

En cuanto al allanamiento en la casa de Francisca Linconao el día después del incendio, donde se encontró una mochila con un arma hechiza, panfletos y un pasamontañas, se presentó un video que muestra cómo dos policías de civil ingresan al lugar e impiden que su hermana, Juana Linconao, presencie lo que hacen en una bodega, justo antes de que carabineros encuentre la mochila. Vale recordar que Francisca Linconao fue procesada en el año 2013 por tenencia de armas por este descubrimiento y terminó absuelta.

Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, conversó con El Desconcierto sobre estas pruebas y las expectativas que tienen de cara al veredicto y apuntó directamente contra la mala calidad de las pruebas de la Fiscalía.

/ Agencia Uno

– ¿Qué esperan del veredicto?
– La única resolución que esperamos es que absuelvan a todas las personas que están siendo imputadas, desde la machi hasta el último hermano mapuche que ha sido involucrado, incluso José Peralino Huinca, que fue víctima de apremio ilegítimos de parte de los PDI. A estas alturas solo queremos que llegue el veredicto y creemos en la inocencia, hemos visto hoy nuevamente al fiscal Luis Arroyo sostener esta mentira sobre la cual se ha fundado esta acusación, siguen insistiendo en la culpabilidad de nuestros hermanos mapuche en base a una declaración de terceros, que son los policías, precisamente los que cometieron los apremios ilegítimos, ellos son los testigos base para todo este juicio. Sentimos que hay gran injusticia, un proceso bastante irregular, la ineficiencia de los fiscales a cargo es terrible, le vendieron una fantasía a la familia Luchsinger al decir que tenían a los culpables cuando en realidad no tenían ninguna prueba concreta. Y siguen afirmándose en esta georreferenciación, que ha sido una prueba muy débil.

La defensa de la machi presentó un video del allanamiento a su casa el día 4 de enero de 2013. ¿Nos puedes describir que muestra el video?
– 
Ahí se ve la irrupción de un contingente de fuerzas especiales muy grande en la casa de la machi Francisca Linconao, donde entran a todas las habitaciones. En el lugar estaba la machi, su hermana Juana Linconao y su hija Francisca Linconao. En un momento, con los policías entrando y saliendo de todos los lugares, se ve entrar a un policía de civil con una mochila a la ruca de la machi y otro que resguarda el lugar donde este entra, cerrándole la puerta e impidiendo que entraran al lugar.

– ¿Esta persona derechamente le impide a Juana Linconao presenciar el allanamiento?
– Sí, se pone en la puerta y no permite que ingrese. Ella reclama, deja en evidencia que no se le permitió la entrada, mientras el otro policía de civil con mochila estaba dentro.

– El defensor González dijo que incluso se escucha la orden: “que no entre soldado”.
– Así es. Y después se abren las puertas y entran los carabineros que terminan encontrando la prueba (N. de la R: Se encontró una mochila con un pasamontaña, panfletos y un arma hechiza, con las que se vincula a la machi al asesinato de los Luchsinger). Entonces se muestra que realmente no hay protocolo de querer mostrar cómo fueron  las cosas realmente.

– ¿Se conoce la identidad de esos dos policías?
– Hasta el momento no la sabemos, no tenemos la información de los nombres de los policías y acá en el juicio cuando se entrevistó a Vilches y Leiro, los PDI que se supone que están al tanto de toda la investigación, ellos no recuerdan nombres, ni siquiera de los que estaban ese día. En el fondo niegan la información que en verdad sí deben tener.

– ¿Qué opinan de la declaración que dio el hijo del matrimonio, Jorge Luchsinger?
– Consideramos que ellos, como víctimas, han hecho sus descargos, evidenciando su necesidad de justicia. En ningún momento han señalado como culpables a las personas que están siendo imputadas porque ellos desconocen eso y lo que reclaman es que se haga justicia, poniendo la responsabilidad a cargo del tribunal y creyendo la versión a los abogados que están representándolos a ellos. Pero dentro de todo han sido claros en que lo que buscan es justicia. Evidentemente aquí fue la Fiscalía la que les vendió una construcción.

– El fiscal Arroyo insistió en que no se trataba de una persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo lo toman?
– Es evidente el racismo y la persecución política. Cuando él mismo habla de la familia Catrilaf y de Sergio Catrilaf específicamente, él es un dirigente de comunidades que ha estado en proceso de restitución territorial y es una persona reconocida como dirigente. Lo mismo José Tralcal.

– La Fiscalía presentó como prueba las reivindicaciones territoriales de la familia Catrilaf.
– Dentro de todo el juicio se ha hecho presente de que este es un juicio político, de que existe una necesidad de evidenciar o demostrar que las personas involucradas en este proceso son peligrosas, que pueden ser terroristas. Al imputar a la machi Francisca se hace más fuerte lo que decimos: Aquí hay un montaje, una mala intención que llega a niveles de maldad. El querer condenar a la machi por cadena perpetua bajo la Ley Antiterrorista significa darle muerte, es querer acabar con ella, con su vida. Eso es una maldad que se evidencia en el actuar de las policías, que no tienen ningún criterio para imputar una persona que están muy lejos de ser lo que ellos quieren. Es racismo.

Luis Arroyo, uno de los fiscales a cargo de la causa por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay

– ¿Confían en la resolución que tomen los jueces?
– Por lo que hemos visto, creemos que los jueces pueden ser bastante imparciales y pueden tener la idea que nosotros mantenemos de que esto es un montaje y no hay pruebas para condenarlos. Pero también hemos visto otros casos de condena a los mapuche donde a pesar de ser evidente la falta de pruebas o un sustento firme para condenar, igual ha ocurrido. Ojalá no sea esta otra de las condenan emblemáticas donde después Chile, como Estado, se ve expuesto ante organismos internacionales, como ya fue en el caso de los longkos, donde después de años se hace justicia. Nosotros queremos justicia ahora, un año y siete meses de prisión ha sido demasiado para no tener ninguna participación.

– ¿Qué mensaje le enviarías a los fiscales Arroyo y Chiffele?
– A que si tuvieran consciencia, que la usen, que tuvieran un poco dignidad y que, en el mejor de los casos, dejaran de estar en este servicio público, porque son personas que están haciéndole un daño a la justicia que se pretende establecer en tribunales. Ojalá dejen de estar en estos cargos, que exista para ellos algún tipo de sanción, que fueran revisadas su trayectoria, porque en caso del fiscal Chiffele lleva una serie de fracasos en tribunales. Un funcionario público que fracasa una y otra vez y que hace uso de recursos gigantescos para llevar a cabo no solo el juicio, sino el proceso en sí, una inversión tremenda, además de las posibles costas de los absueltos, que tendrá que pagar el Estado. Si el Estado se empeña en tener funcionarios públicos ineficientes, tan dañinos para el sistema, eso quiere decir que los avalan y los quieren ahí. De ahí que solo nos queda pensar que es conveniente para el poder político que estén ellos ahí.