El chantaje de TVN

El Senado debe votar la capitalización de TVN para aportar 47 millones de dólares que salven al canal público de la inminente quiebra. A modo de advertencia y con tono de alarma, desde la estación y desde el gobierno aseguran que es la única forma de mantener con vida al canal público. Revisten sus llamados de cierto halo de compromiso público y social como argumento para persuadir a los parlamentarios y a la opinión pública. Se escucha una especie de chantaje que pregona algo así como «si usted no nos apoya, entonces, está en contra de la existencia de una TV pública». Sin embargo, esas mismas voces no esgrimen un nuevo proyecto de TV pública para revertir la crisis, no hablan de renuncias o asumir responsabilidades ni menos se oyen autocríticas que expliquen por qué sólo en 2017 TVN registra más 4 mil millones de pesos en pérdidas.

El actual modelo de TVN es un engendro nacido en 1992 que sólo existe en Chile. Por decreto, quienes pactaron la transición política inventaron -cual laboratorio social- un tipo de canal público que debía en los hechos funcionar con criterios privados (cuadrar el círculo). El autofinanciamiento se impuso por ley, la misión pública quedó registrada sólo en el papel y se condenó al canal a los vaivenes del mercado (receta neoliberal), pero con alto control político en un directorio cuoteado según el orden binominal y sin ningún requisito técnico. Desde entonces, los sueldos de ejecutivos y rostros, la gestión administrativa y por sobretodo la generación de los contenidos quedaron sujetos a competir bajo los criterios de la TV privada mandatados por el rating. El resultado está a la vista.

No es extraño y más bien parte de la explicación de fondo la crisis de TVN pase por el fin de la transición. El canal público impulsó sin cuestionamiento alguno su respaldo a ese ciclo político, a sus negociadas prácticas, a su visión de país y a sus personeros. Conforme la sociedad desbordó el orden del llamado pacto de la transición, en especial desde 2011, la crisis de TVN comenzó su camino sin retorno. Bajaron las audiencias, sus contenidos informativos no asimilaron las exigencias del nuevo ciclo político que implicaba un periodismo audaz y sin mordazas ante temas tabú, ni tampoco existió un nuevo criterio para nombrar a sus ejecutivos y directores. TVN siguió su rumbo como si nada hubiese pasado en el país y en la sociedad.

Nadie podría restarse a apoyar a los trabajadores de TVN ni menos a los sindicatos en su llamado a salvar el canal para mantener sus fuentes laborales. De seguro una defensa genuina de quienes hacen el día a día del canal, que sin embargo, exige a la vez que en los trabajadores no existan ojos cerrados ante las formas y los tipos de nombramientos de directores y autoridades, frente al pago de los altos sueldos a rostros y ejecutivos y en especial ante la calidad de los contenidos y la parrilla programática. Ellos no pueden pagar el costo de las crisis de TVN, pero tampoco deben mantener silencios públicos ante las razones de la debacle.

Si TVN quiere revertir su severa crisis debe escarbar profundo. A esta altura requiere de un nuevo proyecto que cambie el modelo de 1992 en su misión y visión como canal público. Que los directores del canal asuman sus responsabilidades y junto a su presidente renuncien como señal de emprender un nuevo camino. Que se ajusten las políticas salariales de rostros y ejecutivos conforme la realidad económica de la estación y del país. Resulta impresentable que el canal de todos los chilenos tenga en su dirección ejecutiva a  Jaime de Aguirre, personaje involucrado en facturas ideológicamente falsas  a SQM originadas en la campaña 2009 de Sebastián Pinera. Es una señal ética mínima para superar la crisis.

Las referencias mundiales de TV pública, entre ellas la BBC, contaron desde siempre con definiciones estratégicas respecto de su misión, objetivos y financiamiento. La sociedad entendió que debía contar con estos medios para asegurar la calidad de la democracia y el pluralismo y en diversos casos se diseñaron mecanismos para evitar el control político de los gobiernos de turno (existen diversos ejemplos europeos, sudamericanos y norteamericanos). Y en todos los casos, y sin excepción, el Estado asumió el aporte de recursos para permitir la continuidad operativa, pero a la vez permitió generar formas que garantizan el rol público en tanto contenidos, administración y misión. La calidad de su programación implica en las estaciones públicas en el mundo asumir a diario el desafío para cautivar audiencias prescindiendo del rating, cumplir rol público (educar, entretener e informar) y equilibrar las parrillas ante contenidos de las emisoras privadas.

Las opciones para salvar a TVN no son sólo financieras ni recetas mágicas. Ellas exigen creatividad en su programación y obviamente comprensión de las nuevas necesidades de las audiencias altamente segmentadas. La generación de contenidos debe asumir la conexión de plataformas que integran señal abierta, uso de celulares y de internet de parte de los usuarios. La implementación de la TV digital abre un sin número de alternativas para enfrentar temáticas con programas y eventos segmentados (culturales, políticos, deportivos, entretención). Se deben generar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para la producción y emisión de eventos deportivos, sociales y culturales. Debe existir una política institucional para potenciar y desarrollar en conjunto el aporte de cientos de productoras independientes que abordan sus trabajos en ciencias, cultura, tecnología y entretención, sin que eso implique privatización encubierta. Hay alternativas y son variadas.

De imponerse Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales, el panorama se complejiza aún más para TVN. Desde su sector político no existe complejo alguno que los inhiba para privatizar el canal público cuando hoy les sobran los argumentos. Por los pasillos del Senado, Ricardo Solari mueve su muñeca para salvar el moribundo engendro de TV pública creado en 1992, el militante PS redujo a una breve minuta sus argumentos para pasar el sombrero al Estado, sin embargo, no se le oye aún asumir su condición de sepulturero de lo que queda del canal de todos los chilenos.