Historia de un fracaso: Así fue cómo la Fiscalía imputó a 11 inocentes la muerte de los Luchsinger Mackay

Después de tres años del brutal asesinato del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay en su fundo en la zona de Vilcún, se formalizó a 11 personas acusadas de haber ocasionado el incendio en la granja Lumahue aquella trágica madrugada del 4 de enero de 2013.

Los focos se fueron inmediatamente hacia ellos. Todos mapuche y la gran mayoría reconocidos dirigentes en la zona: la machi Francisca Linconao, Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal y José Peralino. Junto al ya condenado machi Celestino Córdova, ellos serían, según la Fiscalía, los culpables. Los terroristas.

Hoy, más de un año y medio después de que fueran formalizados, todo se fue a piso. En decisión unánime, los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal resolvieron absolver a cada uno de los 11 imputados por el juicio Luchsinger Mackay, acusando la falta de pruebas y garantías para condenarlos. 

La investigación conducida por el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, no fue capaz de demostrar en juicio la culpabilidad de los 11 imputados. Todos, algunos con más de año y medio en prisión preventiva, salieron hoy de los tribunales de Temuco como personas libres.

En El Desconcierto te presentamos, al detalle, los pormenores de una investigación marcada por irregularidades y contradicciones que culminó en un nuevo fracaso para la Fiscalía de La Araucanía y para la Ley Antiterrorista.

Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, los fiscales que investigan el caso Luchsinger Mackay

Villegas, Vilches, Leiro

Raimundo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro son tres nombres claves en esta historia. Los más importantes de todos. Se trata de tres miembros de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), el equipo de excelencia de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para casos importantes.

Los tres fueron el principal sustento del Ministerio Público para acusar a la machi Linconao y a los otros 10 comuneros mapuche del crimen contra los Luchsinger Mackay. Sin embargo, terminaría siendo su propio actuar -y sus declaraciones en el juicio oral- lo que llevarían al derrumbe del caso.

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El 8 de noviembre del 2013 José Manuel Peralino Huinca, un joven de 28 años, fue citado a declarar ante los policías Villegas y Leiro. Mientras investigaban el asesinato del cabo Albornoz, interceptaron una llamada telefónica que, supuestamente, hablaba de un atentado contra una antena en el cerro Rahue por orden de la machi Francisca Linconao, a quien las policías tenían el ojo puesto pues creían que algo había tenido que ver con el crimen de los Luchsinger.

En la conversación, de la cual no hay registro alguno salvo el testimonio de los PDI, José Manuel Peralino habría dicho que tenía antecedentes que aportar respecto del caso Luchsinger Mackay. En presencia también del fiscal Luis Arroyo, Peralino dice que la machi Francisca lo invitó a una reunión el día 3 de enero de 2013. Que a ese encuentro llegaron, según el relato de los policías de lo que dijo Peralino, “un tal Tralcal apodado el ‘alcalde’”, Sergio Tralcal, cuatro personas de apellido Catrilaf, Aurelio, Sabino, Sergio y Hernán, un tal “Pato Quidel”, un tal “Piteo, que vive cerca los Catrilaf”, un “Luis Quidel”, Segundo Tralcal, “un machi de nombre Celestino”, “un sujeto de apellido Córdova que había estado preso por armas y después dejado en libertad” y otro sujeto de pelo largo y barba.

Peralino habría dicho que en esa reunión se habló de “quemar la casa del gringo”, en referencia a Werner Luchsinger. Que Sergio Tralcal llevó tres bidones blancos de 20 litros para quemar el fundo y que la mayoría portaba armas. Peralino dice que se fue del lugar y que no supo más. Después se habría enterado del ataque a la granja Lumahue.

Según consta las declaraciones de Villegas -entonces jefe de la BIPE Temuco y a cargo de la investigación- y del subcomisario Leiro en la carpeta investigativa y en el propio juicio oral, sus equipos pasaron a investigar los antecedentes entregados por Peralino y a descartar otras líneas posibles. Dijeron que el relato coincidía con lo encontrado en el sitio del suceso y que recibieron la orden de hacer más averiguaciones.

BIPE, la policía de «excelencia» de Temuco

Ambos le prometieron a Peralino el resguardo de su identidad y que estaría a salvo. Incluso le dieron sus números telefónicos personales. Según los PDI, “poco a poco” se fueron “ganando la confianza” del entonces testigo y el 23 de octubre del 2015, se vuelven a reunir en las dependencias de la institución. Los fiscales Arroyo y Chiffelle fueron convocados para reunirse a solas con Peralino.

Él habría insistido en su testimonio, pero agregando que sí participó del ataque. Dejó de ser testigo y pasó formalmente a ser imputado. De ese encuentro sí hay registro, anotado por el fiscal Chiffelle, según declararon los policías. Se asegura que llegaron al fundo de los Luchsinger en tres camionetas oscuras, que se dividieron en dos grupos, uno que atacó “con hondas y boleadoras” y armas cortas el frontis y otro que procedió a la cocina a prender fuego. Que iban con tres bidones de 20 litros para quemar la casa, que escapan por los potreros hacia el cerro Rahue, que dejaron botado al machi Celestino por estar herido y que dejaron una serie de panfletos en el lugar.

Además, se agregan ciertas informaciones respecto de la primera declaración. Ahora los atacantes no serían 16 personas, sino 30. Y que, una vez que escaparon, entregaron sus ropas al “sujeto de pelo largo y barba de Cultrunco” para que las quemara.

Los funcionarios Vilches, Villegas y Leiro de la PDI declararon en el juicio oral como “testigos de oídas” de la declaración que prestó Peralino a los fiscales Arroyo y Chiffelle y sobre la cual se forjó la investigación.

El 30 de marzo de 2016 fueron detenidos los 11 imputados, incluido el propio Peralino. Según la Fiscalía en su alegato de apertura en el juicio, comprobaron “científicamente” que los hechos ocurrieron tal como Vilches, Leiro y Villegas describieron que Peralino dijo.

La tercera declaración

Hoy se sabe que tras hablar con Chiffelle, Peralino se acercó a la casa de Francisca Linconao, a quien conocía de chico. La machi es una autoridad en la zona, no solo por sus conocimientos ancestrales de la medicina mapuche, sino que también por su historia: fue la primera mujer indígena que convocó el convenio 169 de la OIT y ganó un juicio para proteger un cerro con plantas medicinales contra el empresario Emilio Taladriz. Ella misma diría después que este hecho es la razón por la que se le asoció al juicio por la muerte de los Luchsinger, a los que también conocía y era cercana.

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Peralino le confesó todo a la machi Linconao: Los funcionarios Guillermo Vilches y Claudio Leiro lo amenazaron, lo torturaron, lo persiguieron, lo obligaron a culparla a ella y a los otros 10.

La machi tenía claro qué hacer. Lo llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Mapuche. El INDH se querelló contra Vilches y Leiro por apremios ilegítimos y la DPM tomó su caso.

Entonces se vino el vuelco. En el control de detención, el 31 de marzo de 2016, por primera vez con un abogado que lo defienda, José Manuel Peralino Huinca habló de nuevo. Dijo que Vilches y Leiro lo torturaron y lo obligaron a dar la declaración a Chiffelle. La Fiscalia, inmutada, continuó hasta hoy, el último día del juicio, afirmando la legitimidad del testimonio de Peralino.

Durante el transcurso de toda la investigación y del juicio oral, la misma Fiscalía de La Araucanía -que acusaba a once personas de terrorismo y pedía cadena perpetua contra ellos- estuvo a cargo de la investigación por apremios ilegítimos contra el principal testigo de dicha causa. El caso de Peralino contra Vilches y Leiro sigue abierto.

Pasaron huelgas de hambres, campañas mediáticas y un año y medio con personas privadas de libertad para que se iniciara el juicio oral, el 21 de agosto de este año.

Las principales pruebas del Ministerio Público fueron un informe de geolocalización que -supuestamente- comprobaba la presencia de los imputados en la casa de la machi Linconao el día 3 de enero, reconocimiento fotográfico, huellas y evidencias balísticas en el sitio del suceso.

Pero a medida que fue avanzando el juicio, la cara de Arroyo, Chiffelle y la Intendencia, que siempre apoyó el actuar de la Fiscalía de La Araucanía, fue cambiando. Una a una, sus pruebas se fueron cayendo.

El juicio consistió básicamente en un intento por avalar los relatos que Vilches, Leiro y Villegas decían de lo que dijo Peralino, pues el imputado se acogió a su derecho a guardar silencio.

Francisca Linconao Huircapán

Machi Francisca Linconao sale libre del Tribunal de Temuco / Agencia Uno

Todo comenzó, según la versión de la Fiscalía, en la casa de la machi el 3 de enero de 2013 a las 20 horas, cuando ella habría convocado a 30 personas a planificar el ataque. El Ministerio Público dijo tener la convicción, a través del registro de llamadas telefónicas y geolocalización de celulares, que esa reunión sí se produjo.

Lo cierto es que en el juicio se demostró que la última llamada que hizo la machi ese día fue a las 19:33 a un sobrino suyo. Una inconsistencia con la declaración de Peralino, que decía que el hombre de pelo largo y barba -nunca identificado- fue el último en llegar tras un llamado de Linconao pasadas las 20 horas. No se presentó otra prueba respecto a la reunión ni tampoco se le tomó declaración al sobrino.

Los atacantes habrían salido en una caravana de 30 personas repartidas en tres camionetas oscuras, desde la casa de la machi hasta la granja Lumahue. En total, habrían recorrido 16 kilómetros. La madrugada del ataque, la zona era custodiada por patrullas de carabineros desplegadas en distintos puntos a lo largo de la General López, en los fundos Palermo Chico, Granja Grande y Traipo. Según el relato, habrían pasado cerca de estos tres puntos antes de llegar a la granja Lumahue. Nadie los vio.

Vecinos y cuidadores de los grandes predios declararon a Carabineros haber visto una camioneta blanca marca Chevrolet, antigua, de una cabina y a cuatro encapuchados salir de ella. En el fundo de los Luchsinger no habían evidencias de las camionetas oscuras. Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio y primero en llegar al sitio del suceso, tampoco las divisó. No se presentaron más pruebas respecto a las camionetas.

El 4 de enero, durante la tarde, la casa de la machi Francisca Linconao fue allanada por Carabineros. En ese entonces era Reinaldo Villegas, el mismo oficial de la BIPE que tomó la declaración a Peralino, quien comandaba la investigación. El allanamiento se produjo porque, según explicó, las huellas de huida de los atacantes llegaban hasta la casa, ubicada en la comunidad Pedro Linconao I.

El propio Villegas, en el interrogatorio que le hicieron los abogados de la machi, reconoció que en realidad la última huella encontrada por Carabineros fue en el cerro Rahue, a un kilómetro de la casa de Francisca Linconao en línea recta. Una persona, identificada como Saul Linconao, prestó declaración a la policía la noche del ataque, asegurando que escuchó a personas desplazarse desde el cerro Rahue hacia Rañinco y Santa Margarita. Otra persona, una mujer de apellido Cayuman, dijo ver tres hombres correr hacia el fundo Santa Margarita. La casa de la machi está en sentido contrario.

Vilches también llegó al lugar la madrugada del 4. Puesto a prueba en el contrainterrogatorio de los abogados, declaró que no había ninguna evidencia entre la última huella encontrada en el cerro Rahue y la casa de la machi.

Una de las situaciones más polémicas del juicio se vivió cuando se analizó el allanamiento a la casa de Linconao. Ese día llegó una caravana completa de Carabineros. En el lugar estaban Francisca Linconao, su hermana Juana Linconao y una sobrina. El terreno se divide en varias casas juntas unas a otras, un gran espacio y una ruca.

La defensa de la machi presentó como prueba un video de los propios carabineros registrando el lugar, ante los reclamos de la dueña de la propiedad. En un momento, según se mostró en el juicio, se ve a dos personas de civil. El primero, de polera verde y con una mochila, ingresa a la ruca. El segundo, de polera celeste, se para en la puerta. Se ve a Juana Linconao intentar ingresar, pero al policía imponiéndose en su lugar.

Entonces es que se escucha una orden: “Que no entre, soldado”.

No se ve más a los dos policías de civil. Después, un mayor de apellido Ramírez ingresa a la ruca y encuentra una mochila con un pasamontaña, panfletos y una escopeta hechiza. La machi fue detenida en ese mismo momento, acusada de tenencia ilegal de armas. Fue sobreseída a los pocos meses.

El pasamontaña y los panfletos fueron ingresados como prueba en el juicio. Estos últimos, impresos, contrastaban con los que se encontraron en el fundo de los Luchsinger, que estaban escritos a mano. Aún así, los fiscales aseguraron que eran “ideológicamente similares”. Villegas reconoció en el juicio que los panfletos encontrados en granja Lumahue fueron analizados en busca de huellas. Las que encontraron no calzaban con ninguna de las personas que eran parte de la investigación.

José Manuel Peralino Huinca

José Manuel Peralino Huinca. Dos oficiales de la PDI lo obligaron a culparse a él y a los otros 10 de la muerte de los Luchsinger

“Sin Peralino, no hay juicio”, insistieron una y otra vez los abogados defensores. Otros precisaron: «Sin Villegas, Vilches y Leiro, no hay juicio».

En sus alegatos de apertura y clausura, cada uno de los 11 defensores se refirió a las polémicas tres declaraciones de Peralino Huinca: la de noviembre de 2013 donde habría reconocido participar en la reunión en casa de la machi, pero no en el incendio; la de octubre de 2015 donde habría reconocido participación en ambos eventos; y la de marzo de 2016, donde se retractó de las dos anteriores. Esto, según los abogados, representa de por sí la causal de duda razonable.

En el juicio también se apuntó contra las irregularidades de las primeras dos. No hubo registro audiovisual ni un derecho a tener un abogado defensor. En la primera, además, pese a confesar estar presuntamente asociado a un delito terrorista, no se le leyeron sus derechos. Hoy, en el veredicto, el juez Rau acreditó la infracción de garantías en esa detención.

Además se apeló a la memoria histórica de La Araucanía. El mismo tribunal oral en lo penal de Temuco, en 2009, declaró que no bastaba con el testimonio de un co-imputado para justificar una condena. Fue en el fallo por la quema de un Tur-Bus, donde se absolvió a los implicados (todos mapuche) salvo a uno: Raúl Castro Antipán, quien se demostró que era un infiltrado de la unidad de inteligencia de Carabineros. Él es, hasta hoy, el único condenado por la Ley Antiterrorista en Chile.

En la acusación a los 11 imputados, Vilches y Leiro aseguraron que entre la primera y segunda declaración de Peralino, específicamente en agosto de 2015, recibieron la orden de indagar más en la arista que habría abierto el joven. Declararon que fueron “poco a poco” ganándose su confianza, para lograr el testimonio inculpatorio. Sentados en el estrado ante los jueces, dijeron que no hubo orden y que la nueva declaración se produjo porque se lo encontraron en la calle, por cinco minutos, y le pidieron que vuelva a declarar.

Irónicamente, el abogado Humberto Serri, defensor de Peralino, se preguntó: “¿Qué es ‘poco a poco’ en 5 minutos? ¿Un minuto es un poco y otro minuto es otro poco?”.

En su clausura, el fiscal Arroyo aseguró que Peralino llamó a Vilches tantas veces como lo hizo el oficial, tratando de cuestionar el supuesto hostigamiento al principal testigo de la causa. En realidad, los registros telefónicos mostraron que en el transcurso de un mes después de la segunda declaración, el PDI lo llamó 43 veces, mientras que Peralino lo hizo en 7 ocasiones. Del contenido de esas llamadas no hay registro alguno.

En la querella que presentó Peralino contra Vilches y Leiro, relata que desde la primera declaración lo incitaron a construir una historia en base a una lista de nombres. Le ofrecieron plata, le mostraron una fotografía de él y su polola en la plaza y amenazaron con llevar presa a su familia si no le contaba esa historia al fiscal Chiffelle.

La Corte Suprema ordenó que se avanzara en esta causa después de haber sido sobreseída. El fiscal a cargo de la investigación es el propio Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco. En la querella, se solicita como diligencia que se le tome declaración a él mismo, como parte de la historia.

Sergio Catrilaf Marilef

Sergio Catrilaf Marilef, del Lof Muküpülly, celebra su liberación. Estuvo más de un año en prisión preventiva.

La comunidad Juan Catrilaf II, con Sergio como presidente, ha recuperado más de 800 hectáreas en los últimos años, siempre al amparo de la institucionalidad y del proceso de compra de tierras que lleva la Conadi.

En 2008 la propia Conadi le pidió a Sergio y a la comunidad que prestara su personalidad jurídica para la compra de un territorio que entonces correspondía a Jorge Luchsinger, sobre el cual la comunidad del fallecido Matías Catrileo reclamaba su derecho. La comunidad Juan Catrilaf II accedió y el propio Sergio, en una entrevista en The Clinic, fijó ese momento como el inicio de la persecución en su contra.

Un año después, en 2009, fue acusado de incendio de carácter terrorista por el caso Tur-Bus. Pasó, igual que en el caso Luchsinger Mackay, más de un año prisión para después terminar absuelto.

El fiscal Arroyo, en su alegato de apertura, dijo que el Ministerio Público probaría en juicio el interés de la familia Catrilaf en los terrenos de los Luchsinger, mencionando el traspaso de tierras que realizaron a través de la Conadi.

Sin embargo, un peritaje presentado en el juicio, firmado por el geógrafo Pablo Quiñones, da cuenta en base a informes de la Conadi que la compra de las 458 hectáreas del fundo Santa Margarita fueron para el Lof Lleupeko, quienes compraron en co-propiedad y fueron las beneficiadas del territorio.

La comunidad Juan Catrilaf II, en tanto, reivindica como ancestral el Lof Muküpülly, en el sur de la comuna de Padre de las Casas. Un mapa da cuenta de todos los títulos de merced que se ubican alrededor de la casa de los Luchsinger Mackay:

A Sergio Catrilaf Marilef se le asoció al caso Luchsinger Mackay en base al testimonio de Peralino y los panfletos encontrados en el lugar del siniestro.

Después de dar su segunda declaración a la PDI, José Manuel Peralino se sometió a un examen de reconocimiento fotográfico a cargo de un oficial de la policía de apellido Grimaldi. Este tipo de procedimientos está regulado por el «Protocolo interinstitucional de reconocimiento de imputados», firmado en 2013 por el Ministerio Público, la PDI y Carabineros, que explicita las normas de cómo debe efectuarse un procedimiento de este tipo. Entre otras, está el mostrar todas las fotografías pese a que ya se haya reconocido a la persona que se buscaba. Cuando a Peralino le pasaron el nombre de Sergio Catrilaf Marilef, la primera fotografía era él. Entonces, el oficial PDI pasó al otro imputado.

La noche del 3 de enero y madrugada del 4 de enero de 2013, Sergio Catrilaf estaba vendiendo lechugas en la Feria Pinto, en Temuco. Se acreditaron testigos visuales y documentación audiovisual como prueba.

Luis Tralcal Quidel

Luis Tralcal Quidel ha sido imputado por terrorismo en más de 3 ocasiones. En todas ha salido absuelto

El relato de Peralino da cuenta de que Luis Sergio Tralcal Quidel llegó en una camioneta roja a la casa de la machi con tres bidones de 20 litros cada uno.

Tanto Villegas como Vilches reconocieron en juicio que en el sitio del suceso solo se encontró un bidón, de 5 litros. Ninguno de los acusantes hizo referencia a esta prueba y se quedaron con la versión de Peralino.

Una de las pruebas estelares de la Fiscalía, la geolocalización de los imputados según antenas telefónicas, también fue perdiendo credibilidad a lo largo del juicio. El perito, Iván Rubilar, llevado a estrado, terminaría reconociendo que para hacer el análisis bajó una aplicación de Google Play en su celular personal. Al instalarla, se advierte que la medición depende del tipo de teléfono que se tiene.

El informe, según reconoció Rubilar en el juicio, no corresponde a una triangulación de la localización de los imputados, sino a un análisis de distintas celdas telefónicas: “Niágara”, “Cajón”, “Hotel San Nicolás”, “Temuco Bypass”, “Estación Ferrocarriles Temuco” y “Padre Las Casas”.

Se dijo, por ejemplo, que se ubicó a la machi Francisca Linconao y a José Peralino en la misma celda -”Niágara 9A”- la noche del ataque. Se demostró que ambos, estando en sus casas, seguirían dentro de esa celda, por lo que no basta para determinar que se hubiesen reunido.

Ninguno de los Catrilaf (Sabino, Sergio, Eliseo y Aurelio), aparecen en la zona de cobertura de la granja Lumahue ni en el de la casa de la machi.

En caso de Luis Tralcal Quidel, el perito reconoció una equivocación: se le incluyó en la celda 9A, cuando en realidad el análisis lo ubicaba en la 9C.

Luis, dirigente del Lof Yeupeko Katrileo, también sufrió prisión preventiva con el caso Tur-Bus, al igual que Sergio Catrilaf. En los últimos seis años se le ha acusado de asesinar carabineros, incendiar fundos y diversos delitos. En todos, ha sido absuelto. Aunque ha pasado casi tres años acumulados en prisión preventiva, estrictamente tiene irreprochable conducta anterior, pues nunca ha sido condenado.

Con temor de que se le inculpe con la muerte de los Luchsinger, como había sufrido anteriormente, su polola decidió conservar la boleta del motel donde pasaron la noche del 3 de enero de 2013.

Un reportaje de La Tercera, publicado el 12 de enero de 2013, una semana después de la muerte del matrimonio Luchsinger, lo menciona como líder de la Coordinadora Arauco Malleco y principal sospechoso. Esto fue 10 meses antes de la primera declaración de Peralino.

Las omisiones de la investigación

Juan Tralcal Quidel sale libre de los Tribunales

Para el resto de los imputados (Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, José Tralcal Coche, José Córdova Tránsito y Juan Tralcal Quidel), no se presentó una prueba distinta a las ya mencionadas. A saber: relato de Villegas, Vilches y Leiro que los reconocen en la casa de la machi y en el ataque, reconocimiento fotográfico efectuado a Peralino y la supuesta geolocalización de antenas telefónicas.

Las defensas de los Catrilaf, por ejemplo, presentaron testigos que los vieron esa noche en la feria Pinto, comercializando lechugas.

Con José Córdova Tránsito, hermano del único condenado por la muerte de los Luchsinger, el machi Celestino Córdova Tránsito, se mencionó que se encontraron armas en su casa unos días después del incendio que coincidían con la evidencia hallada en la granja Lumahue. José fue investigado en una causa paralela y sobreseído. Se demostró que esas armas no tenían relación con las utilizadas en el ataque.

En su alegato de apertura, el fiscal Chiffelle dijo que, poco a poco, fueron cerrando cada una de las líneas de investigación que tuvieron en el caso Luchsinger Mackay. En el contrainterrogatorio, los policías Villegas y Vilches reconocieron que cada una de las 5 teorías posibles que manejó el Ministerio Público seguían abiertas.

Una, en particular, habla de un sujeto que le comentó a sus amigos que la noche del ataque había estado tomando con su cuñado, el machi Celestino Córdova, cuando este le pidió que le hiciera un flete cerca de las 10 de la noche a un lugar que él desconocía. Esta persona, identificada como J.P.O.A., tiene acceso a una camioneta blanca marca Chevrolet de una cabina, según identificaron los policías que le tomaron declaración.

Diversos testigos de la noche del incendio aseguran que vieron una camioneta blanca de esas características y a cuatro encapuchados bajar de ella. Además, las pericias realizadas a Celestino Córdova al momento de su detención -cerca de un kilómetro de la casa de los Luchsinger- dan cuenta de que estaba con olor a alcohol.

Después de entrevistarse con la persona que reconoció esto, dijo arrepentirse y que lo había dicho para “dárselas de bacán”. No se hicieron más diligencias en esta ni en las otras cuatro líneas investigativas que tuvo a su mano el Ministerio Público. Todas apuntarían a personas distintas a los 11 imputados.

A diferencia de la línea finalmente adoptada por la Fiscalía, la de José Peralino Huinca, en las otras se le tomaron declaraciones a los posibles involucrados y se les consultó dónde estaban la noche del 3 y madrugada del 4 de enero de 2013. De los que fueron imputados, salvo la machi y José Córdova, nunca se conoció su versión hasta que llegó el juicio oral.