Jornada de alto voltaje la de este jueves en Cataluña. Ya desde ayer miércoles el rumor sobre la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont, iba tomando fuerza a medida que pasaban las horas. De hecho, la decisión estuvo a punto de concretarse: esta mañana, el mandatario catalán se reunió con los líderes de su partido para comunicarles el anuncio de comicios autonómicos, lo que le costó duras críticas, tensiones al interior del ejecutivo catalán e incluso el anuncio de dimisiones de algunos de los diputados de su grupo.

Sin embargo, en pocos minutos, el escenario dio un giro de 180 grados. El presidente de la Generalitat descartó la convocatoria electoral después de no recibir “garantías” por parte del Estado de que los comicios se puedan celebrar “con normalidad”. Con esta decisión, Puigdemont pone ahora rumbo hacia la declaración unilateral de independencia, que podría votarse este mismo viernes en el Parlamento catalán. “Corresponde al Parlamento decidir qué se tiene que hacer para evitar los efectos del 155”, afirmó Puigdemont.

El presidente catalán expuso dos motivos para descartar el adelanto electoral. En primer lugar, explicó que el gobierno central aplicaría el 155 aunque convocara elecciones. Asimismo, dijo que no obtuvo el “compromiso” del gobierno para “parar la represión”, en referencia al encarcelamiento de dos líderes independentistas y el despliegue policial en Cataluña.

“El 155 es una aplicación fuera de la ley abusiva e injusta que busca erradicar no sólo al independentismo sino a toda la tradición del catalanismo. No acepto estas medidas”, sostuvo Puigdemont, quien subrayó que ofreció “sacrificios” para lograr el diálogo, “pero una vez más comprobamos que la responsabilidad solo se nos exigen a una de las partes”, lamentó.

En el Parlamento, los voceros de los partidos independentistas Junts pel Sí (JxS) y la CUP, Lluís Corominas y Anna Gabriel, avanzaron en las intervenciones con las que han abierto la sesión plenaria en el Parlamento que este viernes “se marcará un nuevo rumbo” para Cataluña. El de JxSí aseguró que es el Parlamento donde reside la soberanía de Cataluña y que es a él a quien le corresponde responder al 155 que votará el Senado. Un artículo constitucional que Gabriel calificó como “la peor cara del Estado español”. Según la diputada anticapitalista, el 155 no se hará contra “los independentistas sino contra todo el país” y que abre “la caja de Pandora para todos los pueblos del Estado”.

Por parte de la oposición, el Partido Popular de Cataluña (PP) advirtió a Puigdemont que tiene una “última oportunidad” si comparece ante el Senado este viernes y “pone punto y final” al proceso independentista. “Si creen que les juzgará la Historia, están muy equivocados. Les juzgará un tribunal de Justicia”, lanzó Albiol a la bancada del Gobierno.

El Partido Socialista Catalán (PSC), por su parte, insistió en que el presidente convoque elecciones -como hizo también la líder de Ciudadanos– y que se persone mañana al Senado “para defender las instituciones del autogobierno” y a “pedir y ofrecer un diálogo político”. Eso, mientras los diputados de la coalición más cercana a las lógicas de Podemos insistieron que la solución no pasa “ni por la DUI ni por el 155“.

Comisión del Senado aprueba el 155

Mientras en el Parlamento catalán los partidos debatían sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en Madrid, la Comisión del Senado empezó los trámites para aprobar la normativa.

Con 22 votos a favor, del Partido Popular y el PSOE, y cinco en contra (de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y de Unidos Podemos) se aprobó la aplicación de las medidas de la intervención de la autonomía, incluyendo una enmienda propuesta por los socialistas para que las medidas del 155 se apliquen “gradualmente” y según las “circunstancias políticas” que se vayan desarrollando en Cataluña.

No entraron a la votación las otras dos propuestas socialistas sobre evitar la intervención de los medios públicos catalanes y la posibilidad de frenar la intervención de la autonomía si Puigdemont convoca elecciones autonómicas dentro de la legalidad.