Son 20 años de intervención en La Legua, cuatro gobiernos, planes diseñados por el Ministerio del Interior y la Intendencia Metropolitana que permitieron instalar casi a tiempo completo a las policías en el sector. Sin embargo, desde el 10 de octubre se ha desatado nuevamente un enfrentamiento que ya ha dejado un muerto y varios heridos. ¿Deja esto en evidencia la incapacidad de las instituciones para combatir el narcotráfico? ¿Es acaso falta de voluntad política?

Si se miran las cifras a nivel país, se llega a una conclusión engañosa: las incautaciones aumentan año a año, y en 2015 más de 10.000 personas fueron condenadas por delitos relacionados con la ley Nº 20.000. Del total de la población carcelaria, el 16% corresponde a delitos relacionados con drogas. También se trata de un problema de género: el 45% de las mujeres que están en la cárcel lo están por este tipo de delitos. Todos estos números darían cuenta de que en Chile se está librando de forma concreta la batalla contra el narcotráfico. Pero la sola criminalización del problema sigue cobrando víctimas mortales y sometiendo a violencia extrema a quienes, sin ser consumidores ni traficantes, desarrollan su vida en los barrios que han sido sacrificados para que el narcotráfico pueda nacer.

¿Qué estamos haciendo mal?

Las miradas sobre este problema pueden sintetizarse en dos. Por un lado, están quienes sostienen que estamos frente a una guerra contra un enemigo que hay que derrotar, olvidando que en verdad estamos frente a personas, miembros de comunidades, que operan en medio de nuestra ciudad. Una segunda aproximación es la de una élite progresista, que ve el problema de las drogas como de libertad individual. A lo más, se trataría de un problema de salud pública, de tratar a la gente que tiene un consumo problemático de drogas y, a los que no lo tienen, no molestarlos en su consumo recreativo.

Ambas miradas son insuficientes, puesto que el sesgo de clase ofrece panoramas muy distintos del problema. Mientras la preocupación en los barrios acomodados tiene que ver con evitar que un miembro de la familia inicie un consumo problemático, en otros el problema se vincula con un conflicto social mucho más profundo. En este punto es posible mirar algunas cifras: en los sectores pobres más de la mitad (50,5 %) declara que en su barrio hay tráfico de drogas, apenas el 14,3% declara lo mismo en los sectores ricos. Más dramático es que más de un tercio (34,3%) de las personas de zonas pobres declaran que en su barrio ocurren balaceras y acciones violentas con armas de fuego relacionadas con drogas con mucha o bastante frecuencia, mientras que apenas un 6,3% declara lo mismo en las zonas ricas. La diferencia también se produce en delitos como el robo a las casas, donde igualmente, a pesar de lo que se intenta mostrar en los medios, las víctimas son mayoritariamente personas de bajos ingresos. Se mantienen también diferencias importantes de porcentaje en el consumo de drogas en lugares públicos, rayados en las paredes y daños al alumbrado público, asaltos o robos en las calles y otras conductas equivalentes.

A esto sumemos que tenemos a un irresponsable candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, que con meros fines electorales hace un llamado demagógico a fomentar el uso de armas en nuestro país, como si esta fuera una medida adecuada para combatir la delincuencia. Según información de personas vinculadas al OS9 de Carabineros, la gran mayoría de las armas con las que en Chile se cometen delitos son aquellas adquiridas legalmente y robadas a sus dueños. En el fondo, José Antonio Kast está pidiendo más armas para los narcotraficantes de La Legua.

Es evidente que la actitud de guerra no está funcionando y eso se debe a que la aproximación no puede ser en primera línea de persecución y represión. Un vecino del barrio más crítico de San Joaquín nos dio una pista. Hace años, cuando se desbarató una importante banda, los órganos de persecución se felicitaron por su trabajo policial. Una banda menos. Sin embargo, cada miembro de la banda representaba también el sustento de su familia. Se intentó por todos los medios que el Estado interviniera en apoyo de los hijos y las hijas que quedaron en el abandono. Los esfuerzos fueron infructuosos y hoy la única estructura que pudo hacerse cargo de ellos fue la del narcotráfico, porque el elemento humano suele ser más relevante que nuestra institucionalidad pública.

Cuando vemos las historias de los grandes capos de la droga en Latinoamérica, casi siempre son historias que comienzan en espacios donde el Estado estaba ausente. Espacios donde existe una comunidad que se siente desprotegida. En Chile sucede lo mismo. Esto no significa dejar de lado el trabajo policial, que de hecho se abstiene cada vez que la violencia desatada se toma las calles de la Legua. Significa tomarse en serio una intervención social y no en primera línea policial, y que cuando sea necesaria la intervención estatal mediante la persecución penal, ésta se realice en coordinación con otras intervenciones, sembrando comunidad para no dejar espacio a que florezca el miedo y la soledad.


Candidato a diputado del Movimiento Autonomista por el distrito 10