Hemos sabido que unas cuantas decenas de grandes empresarios, a títulos personales, como hoy lo exige la ley, han financiado a los candidatos de sus preferencias para las elecciones de Noviembre próximo.

Según cifras del Servel la gran mayoría de sus donaciones, ¡era que no!, han sido para la derecha que se llama “Chile Vamos” y quien es el mayor aportante de dinero es el hombre de negocios Nicolás Ibáñez, ex dueño de una de las cadenas de supermercados más importantes del país. Esta persona es un furibundo piñerista y como en la actualidad uno de sus negocios inmobiliarios, previsto en Valparaíso, fue anulado por el alcalde Sharp, recordamos que lo publicamos hace 2 años sobre este intento comercial. Ver link.

Sobre lo anterior, en la edición del 23/10/17 del vespertino La Segunda se publicó una destacada crónica titulada “Escala conflicto entre inmobiliaria de Ibáñez y Sharp” reproduciéndose lo que dice el primero respecto del segundo en cuanto a que “el alcalde no ha tenido vergüenza” (sic), ello con ocasión de la presentación por parte de Ibáñez de un recurso de protección. Después de leer ese reportaje nos queda claro que la inmobiliaria del Puerto SpA tiene el derecho para interponer las acciones judiciales que estime conveniente en contra del alcalde Sharp quien, vía publicación del 21/09/17 en el Diario Oficial, dejó sin efecto el permiso de edificación, según nosotros, mal otorgado el 30/03/15 por la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso a esa empresa.

Pero aquellos que conocemos los vericuetos de la legislación sectorial sabemos que el titular del proyecto, en sus ansias de descalificar al alcalde, cometió un garrafal error cuando dio a conocer el 24/09/17 en El Mercurio su Declaración Pública de Proyecto Pümpin. En efecto, en el cuarto párrafo de esa publicación se dice que “………..supuesto vicio de la Resolución DOM Nº 301 en lo referido a la protección de inmuebles de Conservación Histórica, es necesario aclarar que tras consulta de Inmobiliaria del Puerto a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, ya en noviembre de 2013 y mediante Oficio Ordinario Nº 2953, este organismo concluyó que en el terreno de Parque Pümpin no existían inmuebles reconocidos legalmente con dicha categoría” (sic). Con esa equivocada respuesta del Seremi de entonces, ya que sí existen inmuebles protegidos oficialmente en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, como la casona Pümpin y otras, la Inmobiliaria los demolió violando el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), asunto sumamente grave que podría configurar el delito de prevaricación administrativa. Así se da pábulo para que la actual administración municipal, tendrá que llevar el caso al Ministerio Público para que el fiscal regional interrogue a los actores privados inmobiliarios conjuntamente con los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación del permiso y al ex Seremi del gobierno de Piñera, pues el PRC de Valparaíso, que es un instrumento normativo, es sobradamente conocido por todos aquellos que se desenvuelven en este tipo de inversiones inmobiliarias.

Nosotros no sabemos si ese “error” funcionario se cometió para darle carta blanca al proyecto o si fue por lenidad del arquitecto que en aquella época ejercía el cargo de Seremi de Vivienda y Urbanismo en la V Región, el mismo que se vio envuelto en el vergonzoso episodio del permiso de edificación del año 2000, por lo tanto caducado por imperio de la ley, que la Dirección de Obras de Viña del Mar otorgó a ciertas empresas, acto administrativo con en cual se construye el mall de Marina Arauco en la calle 14 Norte de esa ciudad. Por lo relatado se evidencia que en este conflicto legal los magistrados porteños tendrán una ardua tarea que deberá escalar hasta la Corte Suprema la que, atendidos los hechos objetivos, debería emitir una sentencia a favor de la decisión del alcalde Sharp.


Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad