Según anunció el fiscal general del Estado José Manuel Maza, las autoridades catalanas que promovieron el proceso independentista -concretado con el plebiscito de 1 de octubre y la declaración del sábado pasado- serán perseguidos por los delitos de “rebelión” y “sedición”.

Vale recordar que el presidente de España, Mariano Rajoy, decidió aplicar el polémico artículo 155 de la Constitución, destituyendo así a Carles Puiddemont y el resto de las autoridades del Govern, convocando a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Antes, y ante la inminente aplicación del 155, el Parlamento catalán aprobó una resolución que daba pie a la creación de un “Estado independiente en forma de república”.

Según precisó el fiscal, los miembros del gobierno responderán ante la Audiencia Nacional, mientras que los de la Mesa (dirección) del Parlamento regional, lo harán ante el Tribunal Supremo, pues cuentan con fuero parlamantario. En ambos casos, los imputados serán citados para declarar por la “gravedad” de los delitos.

Los principales focos serán el destituido presidente Puidgemont y y su vicepresidente Oriol Junqueras, además quienes encabezan el Parlament, como Carme Forcadell, Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.

Uno de los puntos de debate ahora será el hecho de que el Código Penal español, que incluye en sí el delito de “rebelión”, pone a la violencia como un requisto para perseguir este crimen. Y en el caso del procés catalán, tanto Puigdemont como los otros dirigentes han insistido en que se trata de un movimiento pacífico.

La última vez que se juzgó un delito de rebelión fue un febrero de 1981.