Solo entre 2015 y 2016, más de 5.656 extranjeros fueron expulsados del país, un dato que se traduce en el promedio de ocho expulsiones diarias, por razones de índole judicial o administrativa. 

Mientras las expulsiones administrativas derivan del incumplimiento de alguna normativa migratoria, ante individuos que hicieron ingreso al país de manera ilegal o están en calidad de turista, lo que ocurre el 95% de los casos; las órdenes de tono judicial se refieren a delitos. Estas surgen al decretarse penas inferiores a cinco años que permiten que el cumplimiento se conmute con la expulsión.

Según los datos analizados por La Tercera, una de cada dos personas que ingresó clandestinamente recibe el castigo de la expulsión (52%). Además, un 33% lo padece por tráfico de drogas, mientras que un 3% considera a turistas que permanecieron en Chile más del tiempo autorizado.

Del total de personas expulsadas, 3.447 son hombres y 2.209 son mujeres. Las nacionalidades predominantes varían entre 28 países, aunque los porcentajes más significativos apuntan a Bolivia (32%), República Dominicana (27%) y Colombia (22%).

El dictamen, sin embargo, no asegura que la medida se cumpla: de hecho, solo se había concretado hasta 2016 el 39,7% de ellas. El escenario pretende modificarse con la presentación de una ley que busca reemplazar la normativa vigente desde 1975. Sin embargo, la propuesta ya suma críticos, debido a la ampliación de las causales de expulsión que contempla.

Va a detonar situaciones de irregularidad migratoria, lo cual terminará en aún más órdenes de expulsiones“, argumentó Rodolgo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes.