En marzo de 2016, la activista y líder de la comunidad indígena lenca de Honduras, Berta Cáceres, fue brutalmente asesinada en su casa, en el pequeño pueblo de La Esperanza. Un año y medio después, su asesinato sigue sin resolverse, pese a tratarse de una dirigente reconocida a nivel mundial.

Según publica este martes The New York Times, un equipo internacional de cinco abogados advirtió que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia. Los defensores apuntan a una conspiración en contra de Cáceres, quien luchaba en contra de una presa que una compañía planeaba construir en sus tierras, que se habría planeado durante meses por parte de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la empresa hondureña con la concesión para la presa.

“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

Eso, pese a que Desa ha negado en varias ocasiones cualquier participación en la muerte de la activista o algún nexo con “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

Una red de agentes de Estado y ejecutivos de Desa

Por ahora, hay ocho sospechosos detenidos, incluyendo a Sergio Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015.

“Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso.

El gobierno impulsó una investigación que todavía está abierta y que no avanzó más allá de los sospechosos actuales. Sin embargo, la pesquisa recuperó los mensajes de tres celulares -uno requisado en las oficinas de Desa y dos usados por Rodríguez y Bustillo- y elaboraró un documento de 40.000 páginas con el contenido almacenado en los dispositivos.

Los defensores accedieron a la documentación y concluyeron que las conversaciones revelan que las órdenes de amenazar y sabotear las protestas de la organización de Cáceres -el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh-  provenían de ejecutivos de Desa, coordinados con las fuerzas de seguridad en el área. “Había una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y pandillas criminales que recurrían a la violencia, las amenazas y la intimidación”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y una de las integrantes del grupo de abogados.

Los defensores ejemplifican sus afirmaciones destacando varios episodios en su informe. En el texto, que no nombra a los ejecutivos de Desa porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra, subrayan que en noviembre de 2015, el ex director de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó La Esperanza y luego obtuvo una pistola a través de un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres. Pese a que en un principio el asesinato de Cáceres se había planeado para principios de febrero, la operación se canceló. “Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”.