La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó enviar a prisión sin fianza al vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, y a los otros siete consejeros que comparecieron este jueves, acusados de rebelión, sedición y malversación. El octavo, Santi Vila, quien habría dimitido antes de la declaración de independencia del Parlamento catalán, la jueza le envía a prisión provisional pero le dejará en libertad si paga una fianza de 50.000 euros.

La jueza cree que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Además, señala que el alto poder adquisitivo de los acusados les permite “abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero”, y recuerda que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”. Eso, en referencia a la llegada a Bélgica del presidente cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro miembros del gobierno.

La jueza asegura que los acusados se enfrentan a penas que podrían llegar a los 50 años de prisión: 25 por rebelión, 15 por sedición, y otros ocho por malversación, que pueden llegar hasta los 10 por falseamiento de contabilidad.

La magistrada decidió enviarles a prisión provisional sin fianza después de escuchar a los nueve querellados que han acudido a la citación. Los primeros consejeros que se sentaron delante de la jueza fueron Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn. Todos se negaron a contestar a la Fiscalía y apenas han estado cinco minutos dentro de la sala de declaraciones.

Santi Vila, el quinto en declarar, acudió solo y con su propio abogado y sí ha contestado a las preguntas de los fiscales. Después declaró el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, y Dolors Bassa, Raül Romeva y Carles Mundó.

En el auto de citaciones, Lamela explicó que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España “en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado”, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, y por tanto sería competencia de la Audiencia Nacional.

La jueza concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”.

Orden de detención internacional para Puigdemont

Por otra parte, la Fiscalía pidió a la jueza Carmen Lamela que curse una orden europea de detención contra Puigdemont, y los ex consejeros que se encuentran con él en Bruselas y no acudieron a su citación: Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Puigdemont y otros miembros del Govern ya habían avisado de que no acudirían a comparecer ante la jueza que les investiga por rebelión y malversación de fondos. Según un comunicado publicado este miércoles, esperarán la acción de la justicia desde Bruselas. Además, habían solicitado declarar desde allí.

Puigdemont, Comín y Serret pidieron comparecer por videoconferencia “sin ofrecer dato alguno sobre su paradero”, escribe el fiscal. Por eso pide que se emita una orden de busca, captura y detención nacional e internacional contra ellos y el resto de consejeros que no han comparecido.

Abogado defensor denuncia irregularidades

El abogado de los imputados, Jaume Alonso Cuevillas, denunció irregularidades durante las declaraciones. Dijo que sólo tuvieron dos horas para presentar la estrategia judicial de la defensa y calificó de “grave” el hecho de que se alteraran las comparecencias y que las declaraciones empezaran sin uno de los abogados defensores. “Es una nulidad flargante. Siento una gran tristeza e indefensión. En 33 años no me había sentido nunca así”, espetó.

Por su parte, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, aseguró que “todas las cuestiones humanitarias han sido ignoradas” por la magistrada Carmen Lamela. “Nos vamos con una sensación muy triste: gente a la que sólo le puedes hablar de paz ha sido encarcelada por supuestos actos de violencia que nunca podrían tolerar ni aceptar”, aseveró. El defensor criticó la resolución de la magistrada por ser “preparada y premeditada” y aseguró que la denunciarán “dónde haga falta”.