La mañana de este viernes se realizó la audiencia donde la Corte Suprema aprobó el desafuero del senador UDI, Iván Moreira, por su participación en el mediático caso Penta, como autor del delito de presentación de boletas ideológicamente falsas hacia la empresa del mismo nombre, y que era liderada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

El vocero del máximo tribunal, Milton Juica, fue quien dio a conocer la información y además comunicó que la decisión fue adoptada por una estrecha votación de 9 votos a favor y 8 en contra. Los delitos tributarios e infracciones a la Ley de Donaciones que se le atribuyen al parlamentario ascienden a cerca de $38.888.890 en nueve boletas emitidas por personas ligadas a su campaña senatorial.

Las indagatorias por el bullado caso Penta comenzaron a mediados de 2014, luego de las revelaciones de Hugo Bravo, el fallecido contador de la empresa, quien entregó información clave para que el Ministerio Público pudiera desenredar la madeja del financiamiento irregular de la política, y que permitió revelar piezas claves de la historia, como el correo en que Moreira solicitaba “el raspado de la olla” para financiar su campaña.

De esta manera, ahora que la Corte Suprema ratificó la decisión de desafuero que aprobó la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo pasado, el Ministerio Público se encuentra en condiciones de presentar cargos contra el senador ante la justicia y solicitar medidas cautelares.

Moreira se suma al grupo de los también senadores desaforados Fulvio Rossi (ex PS, caso SQM) y Jaime Orpis (ex UDI, caso Corpesca), quien también son investigados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en el financiamiento de sus campañas políticas.

El abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, criticó la decisión y aseveró que se trata de un caso de “criminalización” de la política y que el delito tributario es el “arma” usada por la Fiscalía para perseguir el financiamiento de la política “ante la ausencia de tipos penales específicos que contemplaran esta situación”.

Por otra parte, el fiscal Pablo Norambuena, señaló que en durante las indagatorias “se pudo establecer que existían boletas y facturas para pagar bonos y remuneraciones de los ejecutivos de Penta que facilitaban boletas falsas, por lo tanto se descarta la arbitrariedad que el defensor nos imputa”.