Los encarcelamientos de la mitad del gobierno catalán y de los líderes independentistas, y la salida a Bruselas del presidente cesado, Carles Puigdemont, junto con la otra parte del ejecutivo regional, han puesto en entredicho las garantías de la justicia española para deliberar sobre las acusaciones por las que son investigados, tras haber permitido la votación del pasado 1 de octubre.

Dos nombres son los que han quedado más cuestionados al interior de la Justicia española: el de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional que tomó declaración a los investigados y luego decretó su ingreso a prisión sin fianza, y el del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien redactó las querellas acusando de rebelión, sedición, y malversación de fondos a los líderes sociales.

José Manuel Maza, el fiscal reprobado

Maza es quien presentó el pasado 30 de octubre las querellas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont, Junqueras y el resto del gobierno catalán, así como contra los seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán, que acudirán a declarar ante el Tribunal Supremo el próximo jueves.

Entre las cuestiones más controvertidas que Maza señala en su interlocutoria está el uso de violencia para conseguir los fines perseguidos. El delito de rebelión condena hasta con 30 años de cárcel a quienes se alcen violenta y públicamente. Y la querella expone que esta violencia “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas” que son agravantes de este delito.

La Fiscalía citó expresamente la sentencia del Supremo del 22 de abril de 1983 respecto al golpe del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, para justificar que lo que “se proyecta y conviene como incruento, se torna violento y belicoso tan pronto se ofrece resistencia u oposición a los planes de los rebeldes, los cuales nunca pueden aseverar -dado que el futuro no se puede predecir por los humanos- que su alzamiento, con toda seguridad, será incruento, sin víctimas y sin derramamiento de sangre”.

Considerado uno de los jueces más conservadores de la judicatura española, Maza relevó a la ex fiscal general Consuelo Madrigal, quien ocupó el cargo durante un año y fue sustituida por rechazar las presiones del ministro de Justicia español, Rafael Catalá. El ministro quería que la fiscal general cumpliese sus órdenes y propuestas de renovación para los puestos más sensibles en Anticorrupción o la Audiencia Nacional. Madrigal no aceptó las presiones y, tras finalizar su primer mandato, no fue renovada en el cargo.

Antes de ella, el fiscal Eduardo Torres-Dulce dimitió tras encabezar el Ministerio Público durante tres años. Torres-Dulce tomó la decisión por el enfrentamiento entre la Fiscalía General y el gobierno español a raíz, sobre todo, de su negativa a parar la instrucción de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular de Mariano Rajoy. Otro punto de desencuentro tuvo que ver con Cataluña. El Fiscal General desatendió las órdenes del ejecutivo español de presentar una querella contra el ex presidente catalán Artur Mas y miembros de su gobierno por seguir adelante con el proceso de participación ciudadana llevado a cabo en noviembre de 2014.

Maza había trabajado en el Tribunal Supremo, donde fue uno de los siete magistrados que juzgaron a Baltazar Garzón por abrir una causa para investigar los crímenes de la dictadura franquista. Seis jueces decidieron absolver a Garzón, pero Maza disintió con un voto particular.

El pasado mes de mayo, el Congreso español reprobó al fiscal por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” en una moción en que le atribuyó actuaciones tendientes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular (PP) investigadas en causas judiciales. La misma moción respaldada por la cámara también reclamó la destitución del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su “injerencia” en procedimientos judiciales en los que están investigados cargos públicos del PP así como su “comportamiento” que ha provocado el menoscabo del Ministerio Fiscal. Cabe recordar que el PP tiene más de 900 cargos imputados por corrupción.

Catalá fue el segundo ministro reprobado del gobierno de Mariano Rajoy. En octubre de 2016 el pleno de la cámara también se pronunció en el mismo sentido respecto al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “por sus acciones antidemocráticas y falta de ética política”, al permitir la actuación ilegal de una brigada de policía política, conocida como “policía patriótica”, para desprestigiar a los independentistas.

Carmen Lamela, mano dura con la prisión incondicional

Carmen Lamela, de 56 años, lleva más de 31 años ejerciendo con la etiqueta de ser una jueza “progresista”.

En el último tiempo ha instruido el polémico caso de la agresión de un grupo de jóvenes a dos guardias civiles durante una pelea nocturna en un bar de la localidad de Altsasu (Navarra).  El caso se saldó con una sentencia que inculcó a los presuntos agresores delitos de terrorismo. La Fiscalía pide 50 años de prisión para cada uno de los jóvenes implicados. De los ocho imputados, tres están en prisión preventiva  la espera del juicio.

El caso ha sido denunciado por los movimientos sociales y varios paridos políticos, e incluso ha  llegado al Parlamento Europeo, donde 51 diputados de 15 países se sumaron el pasado mes de abril a un manifiesto en el que reclaman que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad” ante este caso, por lo que piden “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos”.

Tras hacerse cargo de esta causa, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, le entregó la medalla del mérito policial días antes de recibir el encargo de comandar la investigación por un delito de sedición contra los líderes independentistas -a quienes mandó a prisión- y el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero y una intendente del cuerpo. La magistrada recibió aquella misma semana el premio con motivo del día 2 de octubre, día de los Ángeles Custodios.

El pasado jueves, la jueza mandó a prisión incondicional a ocho miembros del gobierno catalán, incluido el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, por considerar que hay un alto riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.