En abril de 2016 la presidenta Michelle Bachelet promulgó con bombos y platillos las leyes de Fortalecimiento a la Democracia y Modernización de los Partidos Políticos. Esto, tras la grave crisis desatada producto de la traición ciudadana sistemática del Poder Legislativo y Ejecutivo a los ciudadanos, descubriéndose que estos jamás legislaron en favor del bien común, sino que existía un naturalizado cohecho que realizaban diversos grupos económicos de interés para aprobar leyes en su favor.

Durante la ceremonia de promulgación de la “Ley Engel”, la presidenta Bachelet destacó que con estas iniciativas se dejaría “el poder del dinero fuera de la política”. Sin embargo, hoy somos testigos de cómo la actual ley electoral sigue dejando nuestra democracia al arbitrio absoluto del dinero, llámense medios de comunicación, encuestas y demás poderes fácticos como Facebook y Youtube (publicidad pagada).

No es novedad que la cantidad de apariciones en TV, radio y diarios son determinantes para dar a conocer tus ideas en medio de este “show comunicacional” que privilegia a los partidos tradicionales (sobre todo en TVN, donde su directorio se elige por cuoteo político).

El problema es que para hacer publicidad hay que pagar, por lo que el Servel fijó un tarifario de costo por publicidad en diarios, radios y TV. Asimismo, basta con ir a la feria para darse cuenta que las famosas bolsas de género para ir a las ferias (o regalos), son pan caliente, a pesar de la que la ley las prohíbe y producto de la falta de fiscalización. La capacidad económica para poner a circular diarios, dípticos, volantes y carteles son un elemento central, seas candidato a presidente, diputado o core.

Estamos ante una ley gatopardista, que cambió para no cambiar, toda vez que sigue siendo la cantidad de dinero que tenga o reciba cada candidato el factor elemental que define el destino de la democracia en Chile.

La actual ley electoral deja al arbitrio absoluto de los medios de comunicación y a la cantidad de patrimonio de cada candidato la elección democrática. Es un total despropósito que presidenciables tengan como límite de gasto 5.600 millones de pesos y que además puedan autodonarse 1.130 millones, como es el caso del candidato empresario, Sebastián Piñera. Mientras candidatos de izquierda como Alejandro Navarro y Eduardo Artés ni siquiera son sujetos de crédito.

Si a esto le sumamos que los discursos de la derecha y la Nueva Mayoría, tanto de diputados como de presidenciables, no permiten diferenciar ideológicamente a un sector de otro, lo que hay es caldo de cultivo para la abstención (el todo seguirá igual) o para la confusión del analfabeto político que ha criado este sistema neoliberal y que simplemente no irá a votar tal como en la elección pasada.

Entonces la pregunta es: ¿de qué sirvió la Comisión Engel y la nueva ley electoral, cuando un candidato pobre, sin padrinos ni apellidos, no tiene las mismas posibilidades que un candidato rico?

No es posible que las encuestas (todas privadas y pertenecientes a sectores de interés) sean el criterio que utilice el Banco Estado para otorgar financiamiento a una candidatura. Esto sin duda, constituye un atentado a la democracia, que no resolvió la Comisión Engel, ni los burócratas de Segpres, ni menos este corrupto parlamento incumbente.

Solo será una Asamblea Constituyente, es decir, devolver el poder al pueblo soberano, la fórmula para salir de la severa crisis que vive la política en Chile. Si fuese asambleísta nacional (nunca es un pecado soñar) mi opinión personal sería que lo ideal para transitar de esta democracia neoliberal a una democracia real, es que radios y TV brinden el mismo tiempo a cada candidato a fin de garantizar igualdad de oportunidades de difundir sus ideas. Del mismo modo, un mínimo, sería otorgar financiamiento igualitario para gastos de campaña a cada candidato a fin de garantizar que el factor determinante sean las ideas y no el dinero.


Licenciado en Trabajo Social, asesor legislativo