Son al menos nueve obras públicas en las que participó L.R.F.P., quien se presentaba en las distintas licitaciones como constructor civil y ingeniero en obras civiles. ¿El problema? Los títulos eran falsificados y la persona detrás de estas grandes obras era en realidad técnico en riego.

Documentos donde la Universidad de Santiago (Usach) ratifican que los títulos que había presentado L.R.F.P. tenían numeraciones que correspondían en realidad a profesionales de otras carreras.

En su edición de hoy, el diario El Sur de Concepción reveló antecedentes de otras obras en las que ha participado LRFP en seis regiones. Entre los proyectos hay obras privadas como un edificio de la Compañía Telefónica de Chile o la Clínica de Puerto Montt. Pero el grueso de su currículum lo armaban obras privadas.

Destacan sobretodo los recintos públicos de salud. El falso ingeniero participó de la remodelación del Hospital Roy H. Glover en 1991, en la normalización del Hospital de Osorno en 2007, en la reposición del Hospital de Cañete en 2010, fue experto en aseguramiento de calidad en el Hospital de Talca en 2011, fue administrador de obra en el Hospital de Pitrufquén en 2013 y fue administrador de obra en la construcción del Hospital de Rancagua en 2015. Además, participó en una de las empresas que participaban en la licitación del Hospital de Coquimbo.

Los procesos más recientes que cierran su participación en licitaciones de hospitales son dos: el Hospital de Ñuble, que con un presupuesto asignado de 182 mil millones de pesos ya se había adjudicado a Inso, donde trabajaba L.R.F.P. y del que fue desvinculado por los falsos títulos; y en el Hospital Las Higueras, de un presupuesto de 114 mil millones de pesos y que actualmente está en el tercer proceso de licitación de su etapa final, donde el Grupo San José e Inso -L.R.P.F. participaba en ambos- disputaban la adjudicación.

La revelación de sus falsificaciones inhabilitó a ambas empresas, según informó  el director del Servicio de Salud de Talcahuano, Mauricio Jara, a La Tercera: “Nuestro equipo jurídico acudió a Contraloría donde se decidió que lo mejor era sacar a las dos empresas involucradas, por lo que la tercera empresa de la lista se quedó como la primera alternativa”.