Cuentan que en tiempos de las cavernas los hombres acostumbraban arrastrar a las mujeres del pelo –al menos así aparece en muchas caricaturas- y relegarlas a lo que posteriormente se llamó trabajo doméstico. De hecho, dicen también que el fin del nomadismo determinó el comienzo  del patriarcado, porque las mujeres no podían salir de casa para que los hombres pudieran salir de caza. Encuevarse para cuidar a los hijos ¿suena conocido? Desde aquellos tiempos a éstos hay siglos de distancia.  Sin embargo, hay acontecimientos que nos llevan a pensar que las cosas no han cambiado mucho; incluso, que van de mal en peor, lo cual no tiene ninguna gracia.

No es raro ni grave que, a veces, los niños se agarren de las mechas o a combos y zamarrones: eso es porque antes de cierta edad, no saben controlar impulsos ni han aprendido aún que los conflictos se pueden resolver de otro modo. El problema está en que mal podrían aprenderlo si nadie se los enseña; menos aun si viven en un entorno parental y social violento, cuyo principio fundamental es el conocido “cada uno pilla su piojo y lo mata”.

No vamos a negar que hay ocasiones en que dan ganas de agarrar a patadas a los que se comportan como burdos trogloditas y lo menos violento que hacen es arrastrar a mujeres del pelo. También quisiéramos cachetear –aunque hay poca esperanza de que despierten- a quienes, siendo responsables de proteger a otras personas, y contando con herramientas y poder para eso, se hacen los locos ante los abusos que se cometen a diario frente a sus ojos. Es el caso de muchos directores de establecimientos educacionales –por poner sólo un ejemplo-, que dejan pasar, una y otra vez, la conducta de algunos profesores que someten a sus estudiantes a acoso sexual, en lugar de cumplir con su rol: trasmitir conocimientos y formar personas con capacidad de crítica, y además, paradójicamente, resguardar el derecho de estas personas a educarse y vivir sin violencia; en un ambiente de respeto, como reza la Ley General de Educación. Para ser franca, no son pocas las veces en que es difícil reprimir impulsos como agarrar a piedrazos o prenderle fuego a ésta o aquélla institución encargada de protegernos, por inoperante o negligente. Pero no lo hacemos. No sólo porque lo sanciona la ley, no sólo porque nos saldría el tiro por la culata y saldríamos en las noticias en la sección del terrorismo; sino por motivos éticos y porque no es una manera sana ni humana de resolver conflictos entre seres humanos.

Muchas y muchos tuvimos que soportar acoso escolar en la infancia –lo mismo que hoy llaman bullying, y han transformado en toda una institución-, y posiblemente, también injusticia y maltrato de algún profesor o profesora. Sin embargo, al menos en mi niñez, a ningún apoderado se le habría pasado por la mente ir a golpear, patear en el suelo y quebrarle la mandíbula y los dientes a una profesora, como hicieron un padre y una madre –según otras fuentes, sólo el padre se encargó del castigo-, apoderados del colegio municipal San Bartolomé de Las Compañías, en La Serena; no tan serena, por lo que se ve… (¡Ay! Ya ni a la mar, que estaba serena, se puede aplicar esa virtud…)

Hace unos días, nos enteramos de esta insólita –quizá no tan insólita- noticia[1]. Por lo que relatan algunos apoderados, testigos de esta situación, entrevistados por el medio que la difundió, el motivo fue un falso rumor de supuesto maltrato a un alumno de nivel preescolar. También cuentan que los padres del niño ya habían insultado y amenazado de muerte a esta educadora de párvulos; que además, la conducta violenta de esa pareja no era novedad. Y aquí es donde vienen las ganas de agarrar a palos al director del establecimiento, que, según estos testigos, no sólo había pasado por alto la actitud violenta de esos apoderados en ocasiones anteriores; sino que, como si fuera poco, esta vez decidió exponer a la profesional en una especie de careo con ellos.

¿Dónde queda la política descrita por la Corporación Municipal Gabriel González Videla y su “compromiso y obligación de velar por la integridad de [sus] funcionarios”?

Violencia hacia los trabajadores. Más vieja que el hilo negro. Es más, nos puede remontar bien atrás en la historia; tal vez no tan lejos como a la época de las cavernas, pero sí a lo que motivó la revolución bolchevique, la cubana, o el inútil intento chileno de revolución con democracia. Se podrá decir que esto es diferente, porque no se trata de abuso de parte de un patrón ni un latifundista. Sin embargo, hacer la vista gorda ante la agresión de que ha sido objeto un subalterno, en lugar de tomar las medidas pertinentes, también es ejercer violencia hacia ese subalterno.

En otras palabras: que el director del establecimiento se niegue a llamar a carabineros y a acompañar a cualquier funcionario agredido a constatar lesiones –que es, según entiendo, lo que establece la ley- es una actitud negligente, reñida con los principios que declara la Corporación de la cual depende y, por tanto,habla muy mal de su desempeño como director.Pero además, constituye una conducta doblemente violenta si pensamos que, más encima, no se trata de un subalterno, sino de una subalterna. Doble violencia hacia una trabajadora que, supuestamente, está protegida por reglamentos, estatutos y cuanta legalidad hay.

Dado ese supuesto, la trabajadora decide hacer uso de instancias legales. Dado ese supuesto, la ciudadana acude a la Fiscalía y solicita medidas de protección. Y a pesar del supuesto, tiene que ejercer presión para vencer la reticencia que encuentra en esa instancia. Violencia institucional hacia una mujer ¡qué novedoso!

“La Corporación Municipal Gabriel González Videla rechaza tajantemente toda expresión de violencia física y psicológica que se ejecute como medida de resolución de conflictos entre los integrantes de las unidades educativas.” “Siempre ha promovido el diálogo respetuoso y la utilización de los canales formales para atender y dar respuesta a los requerimientos, reclamos y denuncias de carácter administrativo interpuestas por los integrantes de las comunidades educativas”. ¿De qué sirven declaraciones rimbombantes, mientras se fomentan y perpetúan las conductas violentas en la comunidad, a través de la política de la competencia? Usar un significante gringo para el concepto de acoso escolar –es decir, agresiones de estudiantes más fuertes a otros más débiles-, en lugar de tomar medidas remediales efectivas a ese respecto, no eliminará dicha manifestación de violencia, porque cambiar nombres no elimina ni modifica el fundamento de las conductas.

Del mismo modo, llenar a la población de declaraciones inútiles como ésa o de promesas político-partidistas sin asidero resulta violento, además de absurdo.

Es absurdo y violento, ya que los principios en que se basa el sistema que nos encierra y nos estruja son absurdos y violentos. Es de Perogrullo que si no cambiamos el esquema desde la estructura, las relaciones sociales seguirán como están: basadas en competir, y aplastar al otro a como dé lugar para ganar la competencia. Ésa es la ideología que se transmite a esos niños en edad preescolar que tuvieron que presenciar una golpiza horrible que dieron un padre y una madre, modelos de conducta como sus propios padres, como cualquier padre y cualquier madre, a la tía de su jardín: a una profesora como cualquiera de las profesoras con que se van a relacionar durante sus próximos 12 años. Y así les van quedando claros y se les van arraigando los principios que gobiernan el mundo y la época en que viven. Les va quedando claro lo que todos, y especialmente todas, tenemos claro: que las normas sociales y políticas nos violentan; que las reglas que rigen las instituciones de educación no distan en absoluto de aquéllas que se aplican a las tiendas de retail, compañías de papel higiénico y cadenas de farmacias. Es decir, la relación entre el estudiantado y el establecimiento educacional, sea éste del tipo que fuere, es estrictamente comercial: entre empresa y cliente (ni siquiera de vendedor y casero). La única diferencia es que este negocio es sin mesón de atención de postventa ni Sernac. Por lo demás, no hay ninguna razón para pensar que de haberlos se evitarían los abusos, a juzgar por el nivel de eficacia con que están funcionando las entidades responsables de garantizar y defender los derechos de las personas.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dar rienda suelta a nuestros impulsos y que ardan las instituciones? ¿Resolver conflictos a punta de charchazos y huesos rotos? Es la vía que eligió esta pareja de apoderados que, en vez de hacer alguna averiguación para comprobar un rumor, presentar alguna queja o solicitar diligencias en la instancia correspondiente, se decidió por lo más fácil: la paliza.

Violencia, siempre violencia. Pero, por sobre todo, cabe preguntarse lo que una y otra vez nos preguntamos: ¿habría sido igual la situación, es decir, habría dudado la Fiscalía, se habría negado a actuar el director, habrían estos padres –o habría este padre- escogido la misma estrategia, si el rumor hubiera apuntado a un profesor; en buenas cuentas, si el conflicto hubiera sido con un hombre?

[1] Fuentes: Diario El Día, La Serena, 4 de noviembre de 2017; declaración pública Colegio de Profesores.


Académica U. de La Serena