El caso de Daniela Vargas, la niña del Sename a la que se le negó un trasplante de corazón, provocando su muerte días después, parece no ser un caso aislado. En medio de las cifras de muertes de niños que se encontraban bajo el cuidado del Estado, se esconden otros casos que dan cuenta de la discriminación en salud.

James Gaete Tamayo es uno de los 18 niños que, según el informe del Sename, murió en la Casa Nacional del Niño. Pese a las gestiones realizadas en el Hospital Calvo Mackenna para que fuera incluido en una lista de candidatos al trasplantes, no obtuvieron respuesta hasta mucho después.

Para las y los niños, estar en el Sename es una razón más para ser discriminado incluso ante la salud pública. No se trata solo de pobreza, ya que el 75% de los receptores de trasplantes provienen de Fonasa, pero sí de un sistema que les cierra las puertas. Por ejemplo, al momento de concretar un trasplante, cuando piden antecedentes de un adulto responsable, sabiendo que están a cargo del Estado.

Al igual que Daniela Vargas, el pequeño James Gaete pagó con su vida dicha discriminación. Murió el 29 de julio del año pasado, después de un largo tiempo con problemas al hígado. Aunque logró ser operado gracias a un recurso de protección, la intervención se realizó a destiempo y no provocó su mejoría.

El médico tratante de James les explicó que la operación “se había hecho demasiado tarde” y los padres entendieron que su adicción a las drogas fue el factor fundamental en la demora del trasplante. Sin embargo, tiempo más tarde, el pequeño rechazó el hígado transplantado y su familia recibió una dura respuesta de parte de la doctora tratante, Bessie Hunter.

“Fue categórica en señalarnos que ella no estaba dispuesta a perder otro órgano en nuestro hijo, porque nosotros no teníamos las condiciones para cuidarlo. Nos dijo que  lo mejor que podíamos hacer era apurar al Juzgado de Familia de Antofagasta para que dictara una resolución que permitirá que nos lleváramos a James con nosotros de vuelta a Antofagasta”, sentenciaron en la querella, según consigna El Mostrador.

Al insistirle por un nuevo trasplante, “nos respondió que ‘para qué insisten tanto si al final su hijo va a terminar siendo un drogadicto igual que ustedes'”, relató la madre de James, Ana María Tamayo. El niño murió después de dos semanas internado en la UCI, poco después de cumplir tres años.

Desde entonces, Ana María y Jaime han intentado perseguir a los responsables con una querella, auspiciada por la Corporación Sofini. Existen versiones de las enfermeras que habrían escuchado que la sala asignada a James por el Sename no cumplía con las exigencias de una habitación aislada para un paciente inmunosuprimido.

De hecho, la propia médico tratante hizo una declaración voluntaria donde señaló que “me hace pensar que donde James permanecía aislado, mantenía una deficiente técnica de aislamiento, ya que todas las infecciones fueron a causa de cuadros virales, las que ocurren por contagio directo”.

Además, negó haber tratado mal a los padres por ser drogadictos, aunque aclaró que el pequeño nunca habría recibido el trasplante sin una orden del Tribunal de Familia, ya que no reunía las condiciones “socioculturales de su familia para otorgarle un tratamiento y cuidado de tan alto riesgo como es un trasplante hepático”.

Sin embargo, los padres de Jame aseguran que su hijo fue tratado como de una manera especial por su condición de consumo de drogas: “A mí me hizo muy feliz que James fuera trasplantado, pero fuimos discriminados, incluso nos enteramos casi al final que él había rechazado el órgano trasplantado”, señaló la madre.

Por ahora, siguen en búsqueda de justicia y el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también suman la muerte de Lissette Villa y de Alan Peña, con la esperanza de llegar a la Corte.