En una esquina del club deportivo Chicauma por la Costanera Sur, en los límites de Quinta Normal con Cerro Navia, el pavimento de la ciclovía 42k se torna intermitente, entre sitios eriazos, microbasurales y chozas que se levantan con materiales en desuso. Aquí, un joven de 14 años, contextura delgada y ojos grisáceos, concentra toda su atención en que no caiga ningún milímetro de polvo al suelo. Construido el ‘mono’ se dispone a ‘quemar’. Minutos pasaron cuando sus demonios lo colocan en cuclillas, y comienza a golpear el piso acusando a éste de mirarlo fijamente. Luego desaparece.

Días más tarde, el niño se reanuda al barrio. Conversa con una de las familias de las que una vez al mes pareciera que celebran el año nuevo, lanzando fuegos artificiales, en conmemoración de que ha llegado la mercancía a la población. El chico de doble militancia, ‘sapo’ durante el día, ‘zombie’ durante la noche, desesperado busca cobijo en las chozas de la costanera, bajo el letrero del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago ‘Mapocho Limpio’.

Lo anterior describe el día a día de una centena de niños y jóvenes que viven en barrios críticos de la Región Metropolitana (sin contar aquellos de Regiones), la cual se vuelve aún más aguda cuando niños como aquel de los ojos grisáceos, se convierten en ‘soldados’ del barrio, dispuestos a amedrentar a sus vecinos, quienes lo vieron crecer y que hoy solo se sujetan a los barrotes de sus ventanas.

No es extraño encontrar una gran cantidad de discursos referentes al “problema” que representan estos niños; dispuestos a todo y caracterizados por su extrema violencia a la hora de delinquir. Sin embargo, es pertinente cuestionarse ¿Por qué estos niños llegaron a unirse a las bandas? O más pertinente aún, ¿dónde estaban las instituciones responsables de velar porque estos niños se educarán o fuesen protegidos y apartados del círculo de la droga?

La realidad que enfrentan los niños en las poblaciones marginales de Santiago dista mucho de la crónica policial, en la cual se les estigmatiza como victimarios y no, así como las víctimas de una institucionalidad completamente incompetente.

Los problemas institucionales han quedado de manifiesto en los últimos dos años, donde constantemente se ha cuestionado al principal órgano responsable del cuidado de los niños, el SENAME, el cual ha estado en el ojo del huracán, producto de las muertes y negligencias ocurridas al interior de dicha institución. Pero lo que hemos evidenciado en el desarrollo del Proyecto de Investigación “Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales” (Proyecto MUEI), es que no es sólo el SENAME la institución que está fallando, sino que es un complejo entramado, compuesto tanto por instituciones internas y externas a los barrios marginales, que tienen injerencia en el destino de los niños y que está detrás de la suerte que corren.

En términos generales, hemos diagnosticado que las instituciones están fallando en los siguientes puntos: (1) insuficiencia de la oferta pública anclada en los territorios, (2) inminente colapso de los programas que operan en los territorios, (3) tratamiento homogéneo a niños con diferentes problemas. Así, todo lo anterior derivaría en (4) una improbabilidad de recibir un tratamiento adecuado, y cuya única solución sería el tener que (5) delinquir para entrar al sistema penal, que irónicamente ofrece más recursos -en términos de tratamientos- que el SENAME.

Insuficiente Oferta Pública

En el Proyecto MUEI utilizamos el concepto de “Desertificación Institucional” para hacer referencia a territorios donde el Estado no se localiza, no entra y tampoco interviene. Afirmar que las poblaciones de Santiago están desérticas institucionalmente es una verdad a medias, puesto que sí bien operan más de 13 programas enfocados a la seguridad, estos son de mala calidad, discontinuos y, por, sobre todo, precarios. En poblaciones como la Santo Tomás, en La Pintana, sólo existe un programa: el P.I.E. (Programa de Intervención Especializada). El resto de los programas, si bien generan puentes con los Municipios, no están en el corazón del territorio, donde se desarrollan los problemas sociales y por ello reina el sentimiento de abandono institucional entre sus residentes.

Los mencionados 13 programas están enfocados principalmente al tratamiento del niño en un corto plazo (máximo 2 años), cuando ya existen graves problemas de vulneración de derechos o cuando ya existe un amplio compromiso delictual, siendo la prevención una utopía.

Colapso de Programas

Dentro de los pocos programas que operan en barrios marginales, los más importantes para los niños son los programas que financia la Subsecretaría de Prevención del Delito y el SENAME, como también los trabajos que realizan algunas ONGs de manera particular. Las dos primeras, financiadas por el Estado, se encuentran completamente colapsadas. En palabras de sus propios profesionales, no dan abasto frente a la gran cantidad de demanda y los pocos recursos. Hablando en cifras, el Estado invierte más dinero en un preso (aproximadamente $600.000) que lo que invierte en un niño ($200.000).

Además, el trabajo se hace más difícil sí año a año se van sumando nuevos casos (niños) frente a la inexistencia de la prevención, y también debido a que no pueden dar de alta a los niños, ya que reinciden constantemente al no poder optar a un tratamiento integral que sea psicológico, de desintoxicación, pero también familiar, comunitario y de reinserción educativa.

No sólo es la prevención lo que evita que un niño abandone el colegio y entre en una carrera delictual, sino que se requiere trabajar con la familia, puesto que mucho de los problemas vienen desde la cuna, ya que sus progenitores experimentaron similares carencias.

En una entrevista a una funcionaria del Ministerio que está encargada de la seguridad social en Chile, esta planteó que existen niños que han pasado por todos los programas y tratamientos, y que han “egresado” del sistema, pero que aun así siguen delinquiendo. Hacía referencia así, al nulo efecto que tienen los programas frente al futuro de los niños vulnerables.

Tratamiento homogéneo para problemas diversos

Como la oferta institucional es poca, se mezclan a niños vulnerados de derechos con niños que tienen alto compromiso delictual o abuso de drogas, siendo los segundos, quienes más atención requieren. Se agotan así los recursos humanos de los pocos profesionales que están en los territorios, quedando los niños aún más vulnerables frente a un sistema o una institución que los ve como un número más.

Improbabilidad de Tratamiento

La situación es tan dramática en poblaciones marginales, que la probabilidad de que un niño pueda acceder a un tratamiento antidrogas es casi nula. Dicha probabilidad se limita a dos causales: la primera es que el niño sea derivado por un psiquiatra (pero en poblaciones marginales los CESFAM no cuentan con este tipo de profesionales) o, en segundo lugar, el niño debe llegar a la urgencia de una institución de salud con riesgo de muerte. Estas dos formas son las únicas maneras en que un niño con dependencia, abuso o consumo de drogas pueda acceder al tratamiento que requiere de forma inmediata.

Entrar al sistema penal como solución

Frente a lo precario de los programas, al inminente colapso y también a la nula focalización que hace el Estado en los niños, los profesionales plantean que la única forma de que un niño pueda optar a un tratamiento integral es entrando al sistema penal. Es decir, delinquir para así poder por fin ser objeto de atención, puesto que cómo se planteó anteriormente, el Estado invierte más dinero en la población penal que en los niños.

Bonus: Los Colegios y sus estrategias.

Los colegios, lejos de ser un refugio para los niños que viven en círculos altamente complejos, son una institución que aporta más exigencias y que también segrega, selecciona y recurre a prácticas que fomentan la exclusión. La sobrecarga para los profesionales, el colapso en términos de carga horaria y laboral, sumado a la carga emocional que enfrentan, hacen que estos profesionales no puedan atender a todos los estudiantes de la manera óptima.

Un gran porcentaje de los niños que recurre a alguna institución pública tiene algún grado de déficit atencional. Frente a esto, la única solución viable de los colegios en barrios marginales es medicar a los niños. Según entrevistas a actores locales en la comuna de la Pintana, un 80% de los niños que asisten a colegios de educación pública consume o consumió algún tipo de medicamento. Otra de las prácticas evidenciadas en colegios y liceos públicos, es que, frente a la falta de recursos y profesionales para tratar casos complejos, se aparta a los “niños problemas”. Pero aun así se les incluye en las listas de asistencia para recibir la subvención escolar, o hacen que los niños asistan sólo unas pocas horas de clases, con tal de que figuren en dichas listas.

Frente a toda esta evidencia, nos equivocamos al culpar a los niños que recurren a bandas criminales para poder sobrevivir, y no a la omisión institucional, la cual creemos es la verdadera responsable de la situación. Es interesante considerar que la omisión se basa en el mal enfoque de los programas. Gran parte de ellos están fuertemente inspirados en el modelo estadounidense, en el cuál los barrios garantizan de alguna manera oportunidades a través de los colegios o la misma comunidad. Pero en el caso chileno claramente no basta con intervenciones al niño, puesto que sí bien estos programas pueden ser efectivos en él, lo reinsertan a un entorno con problemas, que fuerza a que el niño reincida constantemente. Por ello, las soluciones deberían apuntar a generar programas que tengan una mirada integral en el tratamiento de dichos niños, y también en que el Estado se interese más en ellos.


Gricel Labbé y Javier Ruiz-Tagle www.proyectomuei.com