Pese a que el 31 de marzo, Francisco Luzoro Montenegro, ex presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine, fue condenado a 20 años de cárcel como autor del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez, además del delito de homicidio frustrado contra Alejandro Bustos González, el caso vivió un vuelco radical.

Durante el pasado 17 de noviembre, en fallo dividido de la Segunda Sala de la Corte Suprema, se confirmó la condena contra Luzoro. Sin embargo, el martes pasado, la segunda sala de la corte de San Miguel decidió concederle la libertad provisional bajo fianza, ya que dos de tres ministros estimaron que sus antecedentes no permiten deducir un peligro de fuga o peligro para la sociedad.

Tras la medida tomada por los ministros Diego Simpertigue Limare y María Díaz Zamora, el procesado será obligado a firmar mensualmente en dependencias del tribunal. Según consigna Radio Villa Francia, Luzoro ha sido procesado por su participación en los secuestros y homicidios de 26 personas en Paine y sus alrededores, entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre de 1973.

El hombre prestaba un vehículo Peaugeot rojo para que los carabineros realizaran detenciones, con antecedentes que él mismo facilitaba. Además, participó personalmente en los crímenes, tal como aseguró Alejandro Bustos, quien sobrevivió a un fusilamiento simulando estar muerto. Bustos se convirtió en un testigo central en contra de Luzoro y lo reconoció como uno de los fusileros de Paine.

Al respecto, la organización defensora de los derechos humanos Memorial Paine manifestó su rechazo a la resolución de la justicia: “Repudiamos el actuar de algunos jueces que –aún a más de 27 de años desde el retorno a la democracia- resuelven en forma abierta en favor de la impunidad, concediendo beneficios a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto por la dictadura”, sentenciaron.

Además, señalaron que estas resoluciones evidencian que el Estado es cómplice de los delitos e hicieron un llamado al Poder Judicial a cumplir con su deber de actuar con máxima urgencia y celeridad en la detención y sanción efectiva a Francisco Luzoro, primer condenado civil en Chile por participar activamente en crímenes de lesa humanidad, ratificado en un fallo histórico de la Corte Suprema de Chile, que hoy, en la práctica, se ve menospreciado por la propia Corte de San Miguel, que tiene la obligación de considerar estos antecedentes”.