La irrupción del Frente Amplio en las elecciones del 19 de noviembre puso fin al agotado bipartidismo heredado del pacto entre el pinochetismo y la Concertación. Que este cambio en los alineamientos institucionales del poder se traduzca en un cambio sustantivo de las relaciones de poder en la sociedad, sin embargo, no es mecánico. Grandes transformaciones son necesarias para incorporar en la política los intereses sociales excluidos y así reconstruir la democracia chilena.

Tales transformaciones todavía no se producen. El gobierno de la Nueva Mayoría legitimó con retórica progresista el neoliberalismo heredado. De ahí que llamara “derechos sociales” a la ampliación de los subsidios estatales a la demanda de educación, salud y pensiones para su consumo en el mercado. De ahí también el sello de sus reformas tributaria y laboral, que eludieron la necesidad de construir un nuevo y más democrático pacto social.

Pero los resultados del 19N demuestran que estas reformas no son ni las únicas posibles ni las únicas que la sociedad reclama. Ya lo había advertido la significativa oposición social a la agenda del gobierno saliente, pero ahora el declive electoral de la NM y el respaldo al FA lo confirman: la discusión sobre las reformas que Chile necesita está abierta y no se reduce al capitalismo de servicio público del bacheletismo. Bachelet perdió la mitad de los votos con que fue electa a manos no de un reclamo por profundizar sus reformas, sino de uno por corregirlas de raíz.

La segunda vuelta presidencial, por lo tanto, no tiene por qué ser un dolor de cabeza para el Frente Amplio. Si logra poner en el centro de la resolución de esta elección su concepción de las reformas, el balotaje entre Guillier y Piñera puede ser una oportunidad para seguir corriendo el cerco de las reformas posibles. Aprovecharla es un imperativo, porque el FA tiene la responsabilidad de empujar las transformaciones por las que sus adherentes votaron en todos y cada uno de los escenarios que se abren.

Apoyar a Guillier sólo para que no gane Piñera sería desperdiciar lo avanzado. Condenaría además a la bancada parlamentaria del FA a jugar un rol decorativo en el futuro Congreso. Negarse de plano a hacerlo, en tanto, pavimentará un regreso de la derecha que lanzará a la NM al espacio de la oposición, sólo para inclinarse oportunistamente a la izquierda y así diluir el proyecto del FA. Por el contrario, condicionar un apoyo a Guillier sobre la base de compromisos políticos y programáticos, permitiría al FA utilizar su fuerza parlamentaria y social para modificar el sentido y los alcances de las reformas posibles.

Las claves para producir tales compromisos se encuentran en las razones que explican el buen rendimiento del FA en la primera vuelta. Especialmente en el último tramo de la campaña, logramos ir más allá del liviano discurso de las buenas prácticas y el recambio generacional para hacer explícito el compromiso de Beatriz Sánchez con erradicar el negocio en la educación, la salud y las pensiones. Esta impronta -encarnada en propuestas como condonar la deuda del CAE, poner fin a las AFP y construir un seguro universal de salud- conectó con las certidumbres que demandan los nuevos grupos populares y medios, aquellos más expuestos a la extrema mercantilización de la vida.

Pedirle a Guillier que asuma la totalidad de nuestro programa o partes íntegras de éste sería un despropósito, una falsa disposición al diálogo. Conformarse con ambiguas consignas sería repetir el error cometido por Revolución Democrática con Bachelet, que terminó colaborando con reformas que reforzaron y no torcieron la subsidiariedad del Estado. Debemos, en cambio, fijar puntos para el diálogo en base a compromisos claros con las banderas que permitirán impulsar reformas antisubsidiarias.

 Esta aspiración alude a la necesidad de desmercantilizar y expandir lo público en materia de salud, educación y pensiones, los “intransables” de Beatriz Sánchez. A ello habría que agregar, pensamos en Izquierda Autónoma, avances sustantivos en derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, y verdad y justicia en materia de derechos humanos. Por último, las condiciones políticas resultantes del 19N permiten hacer de la discusión sobre una nueva Constitución, no sólo una discusión procedimental, sino un proceso para constitucionalizar la salida del neoliberalismo. Estos puntos no son demandas aisladas. Aluden, por un lado, al progresivo reemplazo del Estado subsidiario por un Estado garante de derechos universales, y por otro, a la edificación de un nuevo pacto social.

La encrucijada de la segunda vuelta efectivamente reclama un actuar responsable por parte del Frente Amplio. Pero no para frenar a cualquier precio un eventual retorno de Piñera. Nuestra responsabilidad es con la concreción de aquellas transformaciones que permitirán reconstruir el vínculo entre política y sociedad, dando voz y protagonismo al nuevo Chile que emerge de las grietas del neoliberalismo. Sólo así el Frente Amplio será efectivamente la palanca de un cambio histórico.


Francisco Figueroa, Coordinador Nacional IA y Camila Rojas, diputada electa IA (Región V Costa)