Fue una de las situaciones más polémicas que se vivieron ayer en la Cámara de Diputados.

Con 73 votos a favor, 3 en contra y una abstención, se aprobó el reajuste del 2,5% para los funcionarios del sector público. ¿El problema? Por primera vez desde 2015, se aplicará a los sueldos más altos del aparato público.

Esto, pues el gobierno decidió congelar la medida que impedía que los sueldos de quienes cobraran sobre $4,4 millones mensuales se les aplicara el reajuste de cada año. Entre estos están los ministros de Estado, con remuneraciones superiores a los $6 millones de pesos y los propios parlamentarios, así como jefes de servicios y subsecretarios.

En medio del debate, el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) presentó una indicación firmada por otros 30 diputados que volvía ingresar la prohibición de que se aplicara a los sueldos altos del Estado. La medida fue declarada admisible por la comisión de Hacienda y por la Sala, pero finalmente fue desechada por ser presentada fuera de plazo.

Jackson apeló a que esta es una votación “política” y que se sometiera a votación, pero no convenció ni a la directiva de la Cámara ni a sus pares diputados.

Consultado por la situación, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre se justificó diciendo que la idea es “no alterar las carreras funcionarias” que se dan en servicios como el Poder Judicial.

“Los invito a que conversemos sobre este punto, que los cargos políticos que incluyen a los parlamentarios se traten de modo distinto”, agregó Eyzaguirre, mencionando que hay una ley que se discute en el Congreso que regula esa situación.

El jueves 30 de noviembre la Sala del Senado debe aprobar el reajuste para que sea promulgado y comience a aplicarse el 1 de diciembre. Si es así, desde ese mismo día, los propios senadores se aumentarán el sueldo de 9.121.000 pesos a 9.349.025.